Bloque latinoamericano, incluida Costa Rica, se planta en la ONU en defensa de la vida, la familia y la soberanía

San José, 13 oct (elmundo.cr) – Un grupo de seis países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica, consolidó una postura conjunta en el 63º Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), defendiendo los valores provida, la familia y la soberanía nacional.

Durante el desarrollo del Consejo de Derechos Humanos, donde se negociaron cuatro resoluciones con alta carga ideológica, las delegaciones de Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Chile y Costa Rica marcaron una línea divisoria frente a propuestas que buscaban introducir conceptos controvertidos.

Uno de los puntos de mayor confrontación ocurrió durante la discusión de una resolución sobre “Agua potable y saneamiento”. El texto original, además de garantizar el acceso al recurso hídrico, incluía conceptos de “salud menstrual” y “derechos sexuales y reproductivos”, términos que, según los países firmantes, engloban el aborto y la ideología de género.

Ante esto, el bloque de los seis países se desvinculó explícitamente de dichos términos. En su postura, los Estados rechazaron que el aborto sea considerado parte de los derechos sexuales y reproductivos, reafirmaron la definición de género basada en la distinción biológica entre hombres y mujeres, y defendieron el derecho de los padres a educar a sus hijos, así como la soberanía de cada nación.

El embajador de Costa Rica ante la ONU en Ginebra, Mario Zamora, aclaró la posición del Gobierno de la República respecto a la terminología empleada: “Acerca del término o género, en el caso del gobierno de Costa Rica, se entiende como la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres”.

La influencia de este bloque latinoamericano también se hizo sentir en otras instancias del consejo. Francia, por ejemplo, impulsó una resolución sobre “Relaciones entre personas del mismo sexo”, la cual, ante la firme oposición y el escenario de confrontación, se vio obligada a retirar.

Este movimiento es visto como un hito en la diplomacia regional, marcando el inicio de una alianza estratégica para defender valores comunes en foros internacionales.

Costa Rica lidera frente de 46 países en la ONU para condenar dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua

Ginebra, 22 sep (elmundo.cr) – En una contundente intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el representante de Costa Rica, Mario Zamora, alzó la voz en nombre de una coalición de 46 naciones para denunciar el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua y rechazar las pretensiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de perpetuarse en el poder.

Durante su discurso, Zamora enfatizó la postura del grupo interregional frente a las recientes acciones del gobierno nicaragüense, calificando como inaceptable la decisión de eliminar la participación de voces disidentes en futuros procesos electorales.

“Rechazamos enfáticamente el anuncio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de no celebrar más elecciones en Nicaragua con la participación de voces disidentes y partidos de oposición”, declaró el representante costarricense.

El bloque de países expresó su profunda preocupación por el control absoluto que el partido gobernante ejerce sobre las instituciones estatales, incluyendo el parlamento, los municipios, los consejos regionales de la Costa Caribeña y la Corte Suprema de Justicia. Según Zamora, este escenario “confirma el desmantelamiento de las instituciones democráticas” en el país vecino.

La coalición internacional reiteró su respaldo a la celebración de elecciones libres, pluralistas y transparentes, que permitan al pueblo nicaragüense ejercer su derecho soberano a elegir a sus líderes.

Asimismo, manifestaron su alarma ante la persistente persecución de opositores, la cual incluye violencia, acoso, privación de la nacionalidad y ejecuciones extrajudiciales para silenciar cualquier crítica, incluso fuera de las fronteras nicaragüenses.

Un punto crítico de la intervención fue la denuncia por la muerte bajo custodia estatal del líder indígena Miskito, Brooklyn Rivera, tras permanecer casi tres años en detención incomunicada. Para los 46 países firmantes, este hecho ratifica la “persecución sistemática de los pueblos indígenas y el patrón de detención arbitraria y desaparición forzada de miembros de la oposición”.

Finalmente, el grupo lamentó la negativa del régimen de Managua a cooperar con el Examen Periódico Universal y su constante rechazo a los mecanismos internacionales de derechos humanos.

“Instamos a Nicaragua a que reanude el diálogo y la cooperación con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, les permita el acceso sin restricciones al país y libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”, concluyó Zamora.

Diana Murillo insiste que el gasto en escolta de Laura Fernández es “desproporcionado”

San José, 03 sep (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional, Diana Murillo, cuestionó duramente a la presidenta Laura Fernández por sus declaraciones sobre el gasto en la guardia presidencial y pidió un diálogo respetuoso.

Murillo inició su intervención manifestando su descontento con las palabras de la mandataria: “Señora presidenta Laura Fernández, es lamentable escucharla decir que cosas que decimos los diputados son estupideces o mentiras. La invito a tener un diálogo de respeto”.

La legisladora enfatizó que su estilo no incluye los ataques personales: “Nunca la he ofendido a usted por su investidura, ni tampoco a ninguno de los diputados. Ese no es mi estilo y no lo será”.

Posteriormente, Murillo defendió la veracidad de sus señalamientos sobre el gasto en seguridad presidencial: “Sin embargo, cuando usted dice que yo miento, porque se están gastando 60 millones de colones en la guardia presidencial, eso no es cierto, me baso en documentos del exministro de seguridad, don Mario Zamora”.

La diputada respaldó su afirmación con información oficial: “Quien ante una resolución de la Sala Constitucional inmediatamente dijo que se gastan 58.7 millones de colones para la guardia presidencial. Esto sin contar la escolta del actual ministro de la Presidencia, don Rodrigo Chaves”.

Finalmente, Murillo aclaró su posición respecto a la seguridad de la presidenta: “No miento, es la realidad, y si bien usted debe tener una escolta por su seguridad, nos parece desproporcionado”.

Mario Zamora presenta credenciales como Embajador de Costa Rica ante la ONU en Ginebra

Ginebra, 01 sep (elmundo.cr) – Mario Enrique Zamora Cordero presentó este 31 de agosto sus cartas credenciales como nuevo Representante Permanente de Costa Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Confederación Helvética.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Palacio de las Naciones, donde el diplomático costarricense oficializó su designación ante la Secretaria General Adjunta de la ONU, Tatiana Valovaya, quien ostenta el cargo de número dos en el organismo internacional.

Zamora Cordero, abogado de profesión, asume este rol tras haber liderado el Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación durante el periodo 2023-2026, bajo la administración Chaves Robles.

Su trayectoria en el servicio público incluye una gestión previa como Ministro de Seguridad entre 2011 y 2014, además de haber ocupado cargos como Director General de Migración y Extranjería y Viceministro del Interior.

El nuevo embajador cuenta con una amplia formación académica, siendo licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca (España) y diplomado en Derecho Internacional Humanitario por la Universidad del Rosario (Colombia). Asimismo, posee estudios de doctorado enfocados en la aplicación de los derechos humanos en materia penal y procesal, así como en la resolución de conflictos.

En el ámbito internacional, Zamora ha representado al país en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea y ha presidido la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, además de fungir como vicepresidente de la Reunión de Ministros Responsables de la Seguridad Pública en las Américas.

Su nombramiento, oficializado por el Gobierno de la República el pasado 28 de mayo, forma parte de la renovación de la representación diplomática costarricense ante organismos multilaterales, con el objetivo de fortalecer la defensa de los intereses nacionales y el impulso de la agenda exterior del país en Ginebra.

Secretario PLN: Laura Fernández debe dar marcha atrás en la deriva autoritaria hacia la que pretende conducir al país

San José, 07 ago (elmundo.cr) – El secretario de Liberación Nacional, Miguel Guillén, señaló que la presidenta de la República, Laura Fernández, “debe rectificar el rumbo y dar marcha atrás en la deriva autoritaria hacia la que pretende conducir al país”.

Guillén insistió en que “también debe corregir decisiones profundamente equivocadas, especialmente en asuntos de enorme sensibilidad para Costa Rica. Entre ellas, el nombramiento de Mario Zamora, cuya gestión como ministro de Seguridad estuvo marcada por uno de los períodos más críticos de deterioro de la seguridad ciudadana. Zamora no debe asumir como embajador de Costa Rica”.

“Un embajador representa el prestigio de una nación. Y quien aspira a esa responsabilidad debe llegar con una gestión que inspire confianza, no con interrogantes que todavía reclaman respuestas”, agregó.

El liberacionista recalcó que “durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad Pública en el gobierno de Rodrigo Chaves, el más desastroso en materia de seguridad de toda nuestra historia republicana, Costa Rica fue testigo de uno de los más profundos deterioros de la seguridad ciudadana jamás registrados”.

“El narcotráfico amplió su influencia, la violencia criminal alcanzó niveles sin precedentes y hoy conocemos un informe de inteligencia que advierte sobre la presunta infiltración de decenas de oficiales por organizaciones delictivas. Esa realidad exige explicaciones, no ascensos”, manifestó.

Para Guillén, “los cargos diplomáticos no pueden convertirse en refugio de las responsabilidades políticas. Antes de representar a Costa Rica ante el mundo, corresponde responderle a Costa Rica por los resultados de la gestión realizada”.

“Porque la confianza internacional se construye sobre la credibilidad nacional. Y ningún país fortalece su prestigio cuando premia con una embajada aquello que primero debe ser sometido al juicio riguroso de la rendición de cuentas”, concluyó.

Gobierno oficializa designaciones diplomáticas de Arnoldo André, Mario Zamora y Boris Marchegiani

San José, 28 may (elmundo.cr) – El Gobierno de la República anunció este jueves una serie de nombramientos en embajadas clave ante organismos internacionales, destacando la designación del excanciller Arnoldo André, el exministro de Seguridad Mario Zamora y el empresario Boris Marchegiani.

La Cancillería informó, mediante un comunicado de prensa, que los nombramientos fueron definidos durante la sesión del Consejo de Gobierno del pasado 27 de mayo, en cumplimiento con el inciso 3 del Artículo 147 de la Constitución Política.

“Los nombramientos iniciales incluyen representantes titulares y alternos ante organismos internacionales. Al no requerir del trámite del beneplácito, los nuevos representantes podrán iniciar labores en el corto plazo”, detalló la institución.

Las designaciones

Las nuevas representaciones diplomáticas quedaron conformadas de la siguiente manera:

  • Arnoldo André: Embajador Representante Permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
  • Mario Zamora: Embajador Representante Permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.
  • Boris Marchegiani: Embajador Representante Permanente de Costa Rica ante la ONU con sede en Nueva York.

Asimismo, el Poder Ejecutivo designó a Eugenia Gutiérrez Ruíz como embajadora Representante Permanente Alterna en Ginebra, y a Ana Lorena Villalobos Brenes como embajadora Representante Permanente Alterna en Nueva York.

Enfoque estratégico

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores destacaron que estas designaciones buscan un “equilibrio” entre figuras políticas y diplomáticos de carrera, asegurando que los perfiles cumplen con los requisitos de idoneidad necesarios para la defensa de los intereses nacionales en el ámbito multilateral.

Uno de los puntos centrales de la agenda para estos nuevos representantes será el impulso de la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

“Las designaciones cumplen los requisitos de idoneidad para el nombramiento, combinando experiencia profesional y trayectoria para impulsar la estrategia y defensa de Costa Rica desde el multilateralismo y el Derecho Internacional”, concluyó el comunicado oficial.

Secretario PLN exige a Chaves que haga público acuerdo con Trump

San José, 14 mar (elmundo.cr) – El secretario general de Liberación Nacional, Miguel Guillén, le exigió al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y al canciller Arnoldo André Tinoco que “hagan público, de manera íntegra y sin ambigüedades, el documento suscrito por el presidente Donald Trump y que, según lo ha manifestado públicamente el propio mandatario costarricense, fue respaldado por él en la reunión celebrada en Doral, Florida, el pasado 7 de marzo”.

Guillén aseguró “en una democracia madura, ningún compromiso internacional que pueda tener implicaciones en materia de seguridad, defensa o cooperación militar puede mantenerse en la penumbra”.

“Costa Rica posee una tradición institucional única en el mundo: la abolición del ejército en 1948 y la consagración constitucional de un modelo de seguridad civilista, sustentado en el derecho internacional, la diplomacia y la cooperación entre Estados”, sostuvo.

El liberacionista recordó que “precisamente por esa singularidad histórica, cualquier acto del Poder Ejecutivo que pueda comprometer al país en esquemas de seguridad hemisférica de naturaleza militar exige el máximo nivel de transparencia, deliberación pública y control democrático”.

“El país tiene derecho a saber con exactitud a qué compromisos fue vinculado por las actuaciones del presidente Rodrigo Chaves Robles y del ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero. Solo conociendo el contenido íntegro de ese documento podremos determinar si sus alcances son compatibles con la Constitución Política, con el artículo 12 que abolió el ejército, con los principios históricos de neutralidad activa de Costa Rica y con nuestra tradición diplomática de solución pacífica de los conflictos”, aseguró.

Para Guillén, “la falta de transparencia ha sido una constante preocupante de este gobierno. Por ello, esperamos que la presidenta del partido oficialista Laura Fernández Delgado, ahora que ha tomado distancia de la agrupación política que llevó al presidente al poder, contribuya a romper con esa práctica y ayude a que el país conozca la verdad sobre los compromisos asumidos”.

“Lo que está en juego no es un simple documento diplomático. Está en juego la coherencia de Costa Rica con su propia historia republicana. A la luz de los discursos y anuncios realizados por autoridades estadounidenses en el contexto de esta iniciativa hemisférica contra los carteles, surge la preocupación legítima de que se pretenda introducir en Costa Rica una lógica de militarización de la seguridad que contraviene el espíritu civilista que ha distinguido al país durante más de siete décadas”, manifestó.

“Por eso insistimos: el documento debe hacerse público. La transparencia no es una concesión del poder; es una obligación frente a la ciudadanía. Solo con plena claridad sobre lo firmado podrá el país debatir, con rigor y serenidad, si esas decisiones respetan o no los principios constitucionales y democráticos que han definido a Costa Rica ante el mundo”, concluyó.

Alcaldes de Cartago se unen para combatir la inseguridad y firman manifiesto

Cartago, 12 mar (elmundo.cr) – Los alcaldes e intendentes de la provincia de Cartago se reunieron este jueves para analizar y reforzar las estrategias de seguridad en la región. El encuentro, celebrado en el salón de sesiones de la Municipalidad de Cartago, contó con la presencia de autoridades del Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública y el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

Durante la reunión, se presentó una exposición sobre la situación actual de seguridad en la provincia, destacando el preocupante aumento de homicidios, especialmente en el cantón central de Cartago. Ante esta situación, los alcaldes firmaron un manifiesto sobre seguridad y desarrollo social y acordaron la creación de un consejo de seguridad provincial.

El alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo Flores, enfatizó la necesidad de acciones concretas: “Hoy es un buen momento para decirle a los delincuentes que vamos a seguir actuando fuerte, no vamos a cederle espacio a la delincuencia, espero que este manifiesto que firmamos los alcaldes sirva para algo, ocupamos acciones concretas”.

El manifiesto firmado por los alcaldes e intendentes de la provincia de Cartago, establece varios puntos clave:

  • Llamado a un acuerdo nacional: Instan a los tres poderes de la República a construir un acuerdo nacional sobre seguridad, definiendo una Política de Estado con pilares en prevención, fortalecimiento de las fuerzas policiales y modernización de la normativa jurídica.
  • Creación del Consejo de Seguridad Provincial: Se establece un espacio de coordinación estratégica entre gobiernos locales, el Ministerio de Seguridad Pública y otras instituciones para diseñar estrategias integrales de prevención y seguridad.
  • Apoyo al Ministerio de Seguridad Pública: Expresan su disposición a apoyar al Ministerio mediante convenios de cooperación.
  • Mayor inversión social: Solicitan al Gobierno de la República una mayor inversión social en la provincia, enfocada en educación, empleo, cultura, deporte y desarrollo comunitario.
  • Incremento de oficiales de policía: Piden al Ministerio de Seguridad Pública aumentar el número de oficiales en la provincia y garantizar su permanencia en la región.
  • Instrumentos jurídicos: Solicitan instrumentos jurídicos para una mayor eficacia en la recuperación de espacios públicos y zonas de protección ambiental.

Los alcaldes de la provincia de Cartago reiteraron su compromiso de trabajar de forma articulada para fortalecer la seguridad y garantizar mejores condiciones de vida para los ciudadanos.

Costa Rica y Nicaragua acuerdan intensificar cooperación para enfrentar minería ilegal

Guanacaste, 02 mar (elmundo.cr) – Costa Rica y Nicaragua han sellado un acuerdo para fortalecer la coordinación de sus fuerzas de seguridad en la lucha contra la minería ilegal de oro y el contrabando en la frontera común.

El anuncio se realizó tras una reunión bilateral celebrada este sábado en Peñas Blancas, donde ambas delegaciones definieron estrategias para abordar esta problemática.

El canciller costarricense, Arnoldo André, destacó que el encuentro se desarrolló en un ambiente de “diálogo recíproco y respetuoso”, con el objetivo de “buscarle soluciones a la problemática”.

Los acuerdos clave incluyen una mejor coordinación de los operativos policiales, el intercambio de información, el establecimiento de un punto focal de comunicación y reuniones bimestrales entre altos mandos de seguridad.

“Las relaciones fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua deben ser buenas, han sido son y serán toda la vida países vecinos”, afirmó André, subrayando la importancia de coordinar los flujos migratorios, el comercio, los controles sanitarios y las operaciones de seguridad.

En la reunión participaron, por Costa Rica, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y por Nicaragua, el canciller Valdrack Jaentschke, junto a otros funcionarios de alto rango.

El ministro Zamora había señalado previamente que mineros ilegales extraen oro en Costa Rica para procesarlo y venderlo en Nicaragua, instando a las autoridades nicaragüenses a reforzar la vigilancia en el río San Juan, donde existe una “ruta de contrabando”.

Según Zamora, la extracción ilegal se concentra en Las Crucitas y el cerro Las Conchuditas, zonas cercanas a la frontera, con la participación de redes de crimen organizado transnacional.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, planea presentar este tema en la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de marzo en Miami. El canciller André confirmó que Costa Rica busca un “abordaje hemisférico” del problema.

La solución para Costa Rica podría incluir una ley que reactivaría la minería de oro en Las Crucitas, donde en 2010 se frustró un proyecto de la empresa canadiense Infinito Gold. La zona ha sido explotada por mineros ilegales, utilizando técnicas dañinas para el ambiente y la salud, como el uso de mercurio.

Ministro de Seguridad predice ola migratoria de nicaragüenses para extraer oro de Crucitas 

San José, 16 feb (elmundo.cr) – El ministro de Seguridad, Mario Zamora, alertó que se deben tomar medidas antes de que se dé una ola migratoria de coligalleros desde Nicaragua ante las concesiones que el régimen Ortega Murillo dio a empresas chinas.

Zamora señaló que “cuando las empresas chinas ubicadas en el borde fronterizo, a las cuales se les ha otorgado 10 kilómetros de frontera, empiecen a explotar de manera monopólica el oro y los miles de ciudadanos nicaragüenses que en esa zona de ese país no tengan fuentes de empleo, es predecible una ola migratoria sobre nuestro territorio que todavía generaría más daño del que hemos conocido hasta el día de hoy”.

“Esta frase que acabo de decir que quede asentada en el Plenario Legislativo para que si algún día nos pase estemos todos enterados de este aviso. Esto no es jugando, es en serio. La posibilidad de tomar acciones es en este momento antes de que el cáncer de la minería nos termine afectando a todos”, aseguró.

Zamora recalcó que “estimamos una ola migratoria entre 10.000 a 15.000 personas”.

La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, le consultó cuántos policías tendría que destinarse a la Zona Norte para tratar de controlar un flujo migratorio de estas dimensiones, a lo que indicó que “mire, tendríamos que llevarnos en este momento a toda la policía del Valle Central para apenas tener una presencia raquítica en esas 3.000 hectáreas que deberían ser cubiertas 24-7. Y además, como es extracción de tierra, tienen una dinámica expansiva que incluso hoy es la zona lo que denunciamos, pero eso está en crecimiento”.

El ministro explicó que con la aprobación del proyecto de ley para legalizar la minería en Crucitas se vería un cambio radical en la zona. “Desde el momento de la adjudicación a una empresa, esa empresa empezará con el cerramiento perimetral del lugar, empezará a poner orden justamente en donde se va a dar la futura explotación minera. Entonces casi desde el primer año ya empezaríamos a ver efectos en la zona”.

“Y lo más importante, un porcentaje de esa ganancia va primero a las municipalidades del lugar, las asociaciones de desarrollo, y para la policía. Estamos hablando de crear infraestructura policial en zona fronteriza. Ese sería un cambio radical y positivo en la zona”, aseguró el jerarca de Seguridad.