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Las presas no se resuelven inaugurando obras

» Por Cristian Valverde Cordero - Ingeniero Civil | Gestión de Proyectos

Costa Rica vuelve a discutir sus congestionamientos viales. Las horas perdidas en carretera, los retrasos cotidianos y la frustración de miles de personas han colocado nuevamente la movilidad en el centro de la conversación pública.

La reacción suele ser inmediata: necesitamos más infraestructura, pero antes de pensar en cuáles obras construir, convendría preguntarnos si estamos definiendo correctamente el problema.

El Índice de Competitividad Nacional 2026, presentado por el Consejo de Promoción de la Competitividad, ofrece información reveladora. La conectividad vial nacional disminuyó de 60,7 a 56,6 puntos respecto de la edición anterior, mientras que 62 de los 82 cantones registraron un deterioro de este indicador durante los últimos cinco años.

Sin embargo, uno de los hallazgos más interesantes es que existen cantones con redes viales en condiciones relativamente favorables que, aun así, presentan problemas de conectividad.

Esto evidencia una distinción fundamental: tener infraestructura en buenas condiciones no equivale necesariamente a tener buena movilidad.

Una carretera puede estar bien conservada y continuar congestionada. Un intercambio vial puede mejorar una intersección sin resolver las restricciones del corredor. Una ampliación puede aumentar la capacidad de una vía sin modificar las condiciones que generan la demanda de desplazamientos.

Esto no significa que construir infraestructura sea innecesario. Significa que su contribución debe evaluarse dentro del sistema al que pertenece.

La movilidad depende de la interacción entre la red vial, el transporte público, la ubicación de viviendas y empleos, la gestión del tránsito y las decisiones de los usuarios. Cuando abordamos estos componentes como problemas independientes, podemos mejorar partes del sistema sin obtener los resultados esperados para el conjunto.

Aquí aparece una debilidad en nuestra forma de discutir la inversión pública: con frecuencia confundimos ejecutar proyectos con resolver los problemas que justificaron su existencia. Medimos kilómetros construidos, porcentajes de avance, inversiones ejecutadas y fechas de inauguración, a pesar de que son indicadores necesarios para administrar proyectos, son insuficientes para determinar si las personas están mejor.

La ciudadanía experimenta otros resultados: cuánto tarda en llegar a su destino, qué tan confiable es ese tiempo, cuánto cuesta desplazarse y qué alternativas tiene disponibles.

Por eso, la evaluación de una inversión en movilidad no debería terminar con la recepción de la obra. También debería comprobar si se alcanzaron los beneficios que justificaron destinar recursos públicos a su ejecución.

¿Cómo avanzar?

Primero, definiendo los problemas mediante indicadores verificables antes de seleccionar las soluciones. Segundo, comparando alternativas de infraestructura, transporte y gestión del tránsito según sus costos, riesgos y beneficios esperados. Tercero, evaluando los resultados después de implementar las intervenciones y utilizando esa información para mejorar las decisiones futuras.

Esto requiere coordinación institucional, información confiable y responsabilidades claras. También exige reconocer que ninguna obra, por importante que sea, puede resolver por sí sola todas las restricciones de un sistema complejo.

Costa Rica necesita construir, conservar y modernizar su infraestructura. Pero necesita, sobre todo, tomar mejores decisiones sobre cómo esas inversiones contribuyen al funcionamiento del sistema.

Una carretera inaugurada representa infraestructura disponible. Una mejora comprobable en los desplazamientos representa valor para las personas.

Esa diferencia debería orientar nuestra manera de planificar, invertir y rendir cuentas.

Porque las personas no necesitan más proyectos como fin en sí mismo. Necesitan llegar a sus destinos de manera más segura, confiable y eficiente.

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