Nuestra democracia se sostiene sobre tres poderes independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero independencia no significa aislamiento ni confrontación. Las diferencias son legítimas; se vuelven un problema cuando impiden atender las necesidades ciudadanas.
Un Poder Ejecutivo que debe gobernar, no solamente comunicar.
Al Ejecutivo le corresponde conducir el país, definir prioridades, ejecutar políticas públicas y coordinar instituciones. Gobernar exige más que anunciar proyectos o señalar errores anteriores: requiere planificación, ejecución y rendición de cuentas.
Fiscalizar al Gobierno no es una agresión, sino parte del equilibrio democrático.
Un Poder Legislativo que debe legislar pensando en el país.
La Asamblea Legislativa debe producir leyes de calidad, fiscalizar los recursos públicos y representar a la ciudadanía, no protagonizar disputas partidarias.
Aprobar una ley no equivale a resolver un problema. Los diputados deben recordar que su mandato no consiste en defender intereses partidarios, sino en construir acuerdos. Fiscalizar es indispensable; obstruir por cálculo político también tiene un costo para el país.
Un Poder Judicial que debe garantizar justicia y recuperar la confianza.
La independencia judicial es un pilar democrático, pero no exime a la institución de revisar su desempeño. La mora judicial, la duración de los procesos, la transparencia y la respuesta al crimen organizado requieren atención.
La lucha contra el narcotráfico, el sicariato y la violencia exige coordinación entre cuerpos policiales, OIJ, Ministerio Público y tribunales. El Poder Judicial debe defender su independencia, fortalecer sus controles, modernizar su gestión y rendir cuentas.
El país necesita puentes, no trincheras.
Los tres poderes tienen funciones distintas, pero comparten una responsabilidad: lograr que el Estado responda a sus habitantes. Costa Rica necesita seguridad que integre prevención, inteligencia, investigación y justicia; una agenda educativa de largo plazo; oportunidades de empleo y una gestión pública eficiente.
Esto requiere acuerdos, responsabilidades definidas e indicadores públicos. El Ejecutivo debe respetar los contrapesos; el Legislativo, fiscalizar y negociar; y el Judicial, garantizar justicia independiente, oportuna y transparente.
Cooperar no significa renunciar a las competencias ni encubrir errores. Significa reconocer que ningún poder puede resolver por sí solo los problemas nacionales y que los desacuerdos deben tramitarse dentro de las reglas democráticas.
La ciudadanía no puede seguir esperando.
Mientras las instituciones se enfrentan, miles de familias viven la inseguridad, las dificultades económicas y las consecuencias de una educación que necesita recuperar su capacidad transformadora. La ciudadanía no elige representantes para perpetuar conflictos, sino para que ejerzan sus responsabilidades y encuentren soluciones.
Preservar nuestra democracia exige instituciones capaces de cumplir, corregir y colaborar, sin sacrificar su independencia ni los controles constitucionales.
Es momento de recuperar la política como servicio público y el diálogo como herramienta de gobernabilidad. La pregunta para cada jerarca, diputado, magistrado y funcionario es: ¿utilizamos el poder para defender intereses particulares o para construir un mejor país para quienes nos confiaron su futuro?
Costa Rica no necesita tres poderes enfrentados. Necesita tres poderes independientes, responsables y comprometidos con el bienestar de sus habitantes.