En la Costa Rica contemporánea se ha vuelto deporte nacional repetir con sorna la frase “disfruten lo votado” cada vez que estalla una crisis institucional, un escándalo de corrupción o un trágico deceso. Esta sentencia, lanzada desde la comodidad de las redes sociales o la sobremesa, funciona como un escudo moral para el ciudadano promedio: le permite señalar culpables en Zapote o Cuesta de Moras mientras se lava las manos frente al deterioro del país. Sin embargo, detrás de esa indignación selectiva se esconde una verdad incómoda: el verdadero problema de Costa Rica no radica únicamente en el político de turno, sino en el conformismo de una ciudadanía que confundió la democracia con emitir un voto y desentenderse del resto.
La memoria colectiva del costarricense parece haberse vuelto tan frágil como su compromiso cívico. Nombres como los de Marco Calzada, María Luisa Cedeño, Ligia Faerron o el caso de Camilo Rodríguez sacudieron temporalmente la conciencia nacional, provocando oleadas de repudio y titulares de prensa. No obstante, pasada la conmoción inicial, el silencio vuelve a imponerse. No es el miedo a represalias lo que ha erosionado la solidaridad cotidiana, sino una creciente desconexión social. Hoy habitamos barrios donde ni siquiera conocemos el nombre de nuestros vecinos, algo que confirma el Informe Latinobarómetro 2024 al revelar que apenas un 10 % de los costarricenses confía en la mayoría de las personas, ubicándonos entre los cuatro países más desconfiados de toda la región.
Resulta ser sencillo culpar al Gobierno que asumir la responsabilidad cívica más elemental. La deserción ciudadana se palpa en los espacios más básicos de la organización local: pues ya nadie quiere integrar una Junta de Educación, asumir un puesto en un Comité de Seguridad, Salud o Deportes, participar en una Asociación de Desarrollo Integral o siquiera asistir a una Asamblea Condominal. El tico exige instituciones eficientes y comunidades seguras, pero se niega a invertir una hora de su tiempo en construirlas. Por eso resulta casi contradictorio entonar cada 15 de septiembre el Himno Nacional al proclamar con orgullo “sepamos ser libres, no siervos menguados”, cuando en la práctica muchos prefieren la pasividad de quien espera que otro le resuelva la vida.
Resulta ser sencillo culpar al Gobierno que asumir la responsabilidad cívica más elemental. Las cifras retratan la pereza colectiva con precisión quirúrgica: según auditorías del Programa Estado de la Nación recopiladas del INEC, apenas un 8,4 % de la población participa activamente en asociaciones comunales. Aún más revelador es el Informe Estado de la Nación 2025, documentando sin rodeos una “fuerte erosión de la cultura cívica para la convivencia democrática”, advirtiendo además que la judicialización de los conflictos ha terminado por desplazar los repertorios participativos de la ciudadanía. Es decir, el tico ya no se organiza ni se involucra: prefiere que un burócrata resuelva en los escritorios lo que él no tuvo el coraje de defender en su comunidad.
En los espacios más básicos de la organización local reina la deserción: nadie quiere integrar una Junta de Educación, asumir un puesto en un Comité de Seguridad, Salud o Deportes, ni asistir a una Asamblea Condominal. Esa misma abulia quedó retratada en las elecciones municipales de 2024, donde el abstencionismo alcanzó un escandaloso 68%: casi siete de cada diez ticos ni siquiera se molestaron en elegir a quienes gestionan directamente su cantón. Resulta casi contradictorio entonar el Himno al 15 de Septiembre y proclamar con orgullo “sepamos ser libres, no siervos menguados”, cuando en la práctica muchos prefieren la pasividad de quien espera que otro le resuelva la vida.
Históricamente, haber cargado con la etiqueta de “la Suiza centroamericana” terminó pasándonos una factura muy alta. Como dicta el conocido adagio, los tiempos difíciles forjan personas fuertes, las personas fuertes crean tiempos fáciles, y los tiempos fáciles terminan engendrando generaciones débiles que inevitablemente conducen a tiempos difíciles. Tras las décadas en que el país fue referente regional en estabilidad, la sociedad costarricense se durmió en sus laureles, dando por sentada una prosperidad que requería vigilancia y trabajo constante.
Hoy, ninguna presidencia recibe un Estado ordenado; por el contrario, con cada nuevo mandato se agrieta un poco más el cimiento institucional, no solo por las fallas de la clase dirigente, sino por la serenidad pasiva de un pueblo encasquillado en su propia zona de confort. El propio Estado de la Nación 2025 señala que el país atraviesa una época de retrocesos en su desarrollo humano y consolida lo que denomina una “epidemia de violencia homicida” concentrada en territorios vulnerables, mientras se ejecutan cambios regresivos sin verdadera deliberación democrática. Frente a ese vacío de participación y tejido social, el crimen organizado parece enviarle a Costa Rica un mensaje mucho más crudo y certero: “disfruten lo descuidado”
Elegir a un gobernante no equivale a resolver los problemas por arte de magia, porque después de cada elección comienza la verdadera rendición de cuentas, y esa es estrictamente personal. La política no es un sustantivo reservado para las curules, sino un verbo que se conjuga todos los días. Cada decisión de actuar, fiscalizar, organizar los distritos o, por el contrario, callar y mirar de reojo, es un acto profundamente político. En Costa Rica ya no estamos sufriendo únicamente “lo votado”; estamos cosechando exactamente “lo procrastinado”. Nada de lo que ocurre en el país nos es ajeno: el rumbo de esta nación nos pertenece en la exacta medida de la gallardía cívica que estemos dispuestos a ejercer.