El pasado 19 de noviembre del 2026, por vez primera en toda la historia desde su creación en 1945, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) condenó a un Estado por cometer un genocidio: se trata de Myanmar (Birmania), objeto de una demanda por genocidio contra los integrantes de la comunidad Rohingya.
El texto de la sentencia dictaminada este 19 de noviembre del 2026 está disponible en francés (véase enlace) y en inglés (véase enlace).
El contexto de la demanda en breve
Es de resaltar que esta demanda por genocidio contra Myanmar fue interpuesta por la lejana Gambia desde África en el año 2019.
Se trata de una situación bastante similar a la que enfrenta Israel, también demandado desde el mes de diciembre del 2023 por genocidio en Gaza por un Estado africano: Sudáfrica (véase texto de la demanda).
Ambos casos examinados por la justicia internacional de La Haya deberían de interpelan a muchos en el mundo, al constituir la prohibición del genocidio una obligación jurídica que poseen todos los Estados miembros de Naciones Unidas (independientemente de que sean o no Estados Partes a la Convención de 1948 sobre la Prevención y la Sanción del Genocidio). ¿Qué se observará desde Gambia y desde Sudáfrica que no se logra apreciar mayormente desde los aparatos diplomáticos de todos los demás 151 Estados Partes a la Convención de 1948 sobre la Prevención y la Sanción del Genocidio?
Debe recordarse siempre a la opinión pública, que la CIJ solamente puede dictaminar sentencias en materia contenciosa contra un Estado, si es solicitada por otro Estado o grupo de Estados: sus decisiones resultan de un largo proceso en La Haya en el que las dos partes tienen la posibilidad de presentar sus alegatos y contra alegatos en el marco de un procedimiento contencioso que dura varios años: cuatro como mínimo, siempre y cuando no hayan incidentes procesales presentados por el Estado demandado o el Estado demandante.
Si bien el genocidio cometido por Myanmar no es el primero en la historia registrado desde 1945, es el primero en dar pié para una demanda contenciosa tramitada exitosamente ante los jueces de la CIJ. Y claramente de no haber sido por los esfuerzos desplegados por el aparato diplomático de Gambia, no se hubiera obtenido ninguna condena por parte de la justicia de La Haya.
Una ONG como Amnistía Internacional no ha dudado en calificar de “histórica” esta sentencia de la CIJ (véase comunicado oficial), al igual que la ONG Human Rights Watch (véase comunicado). El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona igualmente celebró la decision de la CIJ (véase comunicado oficial), seguido por varios expertos y relatores de Naciones Unidas (véase comunicado conjunto).

El cambio significativo que opera con esta decisión la CIJ
Este artículo publicado en The Guardian desde su título señala los mensajes que la CIJ le manda a Israel y a sus aliados a través de esta decisión que condena a Myanmar.
De igual manera lo sugiere el titulo de esta nota de Swiss Info, esta nota de la BBC, y esta otra nota que contiene una entrevista a un jurista belga, así como esta otra de la agencia turca de noticias Anadolu que entrevista a juristas y académicos israelíes. En cambio este análisis publicado en el sitio Just Security en Estados Unidos evita cualquier referencia a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza.
La lectura de las innumerables publicaciones firmadas por personas afines a Israel (o a sus círculos de influencia) desde diciembre del 2023 para intentar restarle toda validez jurídica a la acusación por genocidio en Gaza de Sudáfrica, indica que sus escritos se apoyan en gran parte en la poca jurisprudencia de la CIJ existente en materia de genocidio, superada desde este 19 de noviembre del 2026 como lo veremos a continuación. Las solicitudes de intervención de Estados Unidos (véase texto), Hungría (véase texto) y de Paraguay (véase texto) presentadas de manera bastante tardía a la CIJ en marzo del 2026 en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel retoman este mismo planteamiento, tendiente a reducir significativamente el alcance de la definición de genocidio, tal y como concebida en el Artículo II de la Convención de 1948. Es de notar que salvo Hungría, ningún Estado europeo se prestó para apoyar a Israel ante la CIJ.
Cabe precisar que en Israel, una ONG israelí del prestigio de B’tselem no ha dudado en titular un informe en julio del 2025 “Our genocide” (véase enlace), que ha venido a confirmar desde el punto de vista operativo en el seno del ejercito israelí, el reciente documental israelí Naza. Resulta oportuno precisar que a diferencia de Myanmar, Israel posee un aparato diplomático muy eficaz para intentar maquillar sus exacciones en Gaza y para minimizar los daños ocasionados, contando con la complicidad y relevos en una multitud de salas de prensa en el mundo, que detalla de manera muy completa el último informe de la Relatora Especial Francesca Albanese presentado en octubre del 2026 y que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nota nuestra titulada. “¿Cómo volver aceptable lo inaceptable? Francesca Albanese y su informe sobre Gaza, la manipulación y la desinformación de los medios de prensa“).
Cabe recordar que fue tan solo en los años 90 que la CIJ debió examinar acusaciones por genocidio en el territorio de la Ex Yugoslavia, sin lograr determinar la responsabilidad de Serbia. En el caso de la demanda interpuesta por Croacia en 1999, su decisión del 2015 sobre el fondo eximió a Serbia de un genocidio (véase decisión del 3 de febrero del 2015). En una decisión anterior del 2007, un acción intentada por Bosnia en 1993 contra Serbia y Montenegro (véase decisión del 26 de febrero del 2007) conoció exactamente la misma suerte, al no atribuirle a Serbia los actos genocidas observados. Ambas decisiones fueron duramente criticadas en su momento por la doctrina y por diversos expertos en derechos humanos, al tiempo que otros autores defendieron la idea que, en una situación de conflicto donde abundan las exacciones de todo tipo contra civiles indefensos, no siempre resulta fácil para el juez internacional distinguir claramente los crímenes de guerra del crimen de genocidio.
Es de notar que fue a raíz de las exacciones de todo tipo contra poblaciones civiles observadas en la ex Yugoslavia a partir de 1991 y en Ruanda a partir de 1994 que la comunidad internacional consideró oportuno crear una jurisdicción penal internacional, la Corte Penal Internacional (CPI) establecida mediante un instrumento multilateral conocido como el Estatuto de Roma, adoptado en julio de 1998: se trata de una jurisdicción que no juzga a Estados, sino a individuos desde el punto de vista penal.
En este artículo publicado en el sitio especializado de EJIL-Talk este 20 de noviembre, se lee por parte del autor que los cambios en la composición de la CIJ son los que pueden explicar el cambio de criterio observado en el seno de la CIJ este 19 de noviembre del 2026:
“Second, the Court’s changing composition, the importance of which simply cannot be understated. Of the 15 judges (including judges ad hoc) on the GvM bench, only four sat on the 2015 Croatia v. Serbia merits bench (Tomka (as President), Sebutinde, Xue and Abraham), while only two also sat on the 2007 Bosnia v. Serbia merits bench (Tomka and Abraham). It is precisely these four judges who, together with Judge Nolte and Judge ad hoc Kress, dissented in GvM – circumstantial evidence (!) that the GvM majority departed at least to some extent from the majority of the past. Obviously, the lesser the overlap in the composition of the bench, the lesser the imperative to maintain consistency of outcomes”.
Un intenso debate intra muros
Y es que la decisión dada a conocer este 19 de noviembre del 2026 fue objeto de un intenso debate interno entre los 15 integrantes de la CIJ y los dos jueces ad hoc, en el que la intención genocida fue objeto de diversas interpretaciones:
– demostrar que la secuencia de masacres que iniciaron en el 2016 en Myanmar contra la población Rohingya sí contaba con una clara y deliberada intención genocida fue parte de la labor de los habilidosos asesores legales de Gambia ante los jueces de la CIJ;
– demostrar por el contrario que no había mayor intención genocida fue lo que intentaron explicar los asesores de Myanmar (en vano).
En el verbatim del primer día de audiencias celebrada el 12 de enero del 2026 en La Haya, figura la lista de los respectivos equipos de asesores legales de ambos contendores.
Nótese que quien fungió como jueza ad hoc designada por Gambia, fue la jurista sudafricana Navi Pillay, ex magistrada en la Corte Penal Internacional (CPI), y recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz: es posible que su legendaria capacidad de diálogo y de convencimiento haya logrado convencer a algunos juristas indecisos en el seno de la CIJ.
El debate interno fue tan intenso que dio pié para una multitud de opiniones disidentes, declaraciones individuales o colectivas, con en particular el texto suscrito por seis integrantes sumamente disgustados con el razonamiento seguido por la mayoría (véase texto en francés y en inglés): de mayoría en los años 90-2000 hoy son minoría en el seno de la CIJ.
El juez titular sudafricano de la CIJ por su parte hizo ver en su declaración (véase texto) que ya era hora de superar el extremo formalismo de la CIJ con respecto al conflicto en el territorio de la ex Yugoslavia, al tiempo que el juez titular de la CIJ oriundo de México en su opinión separada (véase texto) consideró que la CIJ debió ser más incisiva con respecto a la interpretación que da al elemento material que contiene la definición de genocidio. En el caso del juez oriundo de Brasil, su declaración (véase texto) de igual manera explica cómo esta vez la CIJ sí logró superar las interpretaciones que dio en su momento para eximir a Serbia de toda responsabilidad como Estado en la comisión de un genocidio.
La extensa opinión disidente de la jueza oriunda de Uganda merece una mención particular (véase texto): se trata de la única jueza de la CIJ que, desde el 2023, se ha sentido obligada (por razones que se desconocen) de desmarcarse de todos los demás integrantes de la CIJ cuando un asunto que examina la CIJ refiere a Israel. En agosto del 2025 sus declaraciones provocaron que la ONG gala JURDI hiciera ver la total falta de imparcialidad de esta jueza (véase comunicado). En octubre del 2025 al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ con respecto a las obligaciones de Israel como Estado miembro de Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado (véase texto en francés y en inglés), el párrafo operativo final 223 evidenció su profunda soledad con respecto a los demás integrantes de la CIJ, al votar en contra de varios puntos resolutivos de manera solitaria. Es tal su apego a las tesis jurídicas israelíes que el 26 de enero del 2024, en el marco de la primera ordenanza de la CIJ, esta misma jueza votó en contra de varios puntos resolutivos por los que votó a favor el juez ad hoc designado por … Israel (véase texto, en particular el párrafo operativo 86). Siempre en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel, en la cuarta ordenanza de mayo del 2024 (véase texto) ambos jueces constituyeron los dos integrantes opuestos a cada uno de los puntos resolutivos contenidos en el párrafo final 57.
El párrafo operativo de la sentencia del 18 de noviembre del 2026
En su decisión dada a conocer este 19 de noviembre del 2026, con nueve votos a favor y seis en contra, se lee en los seis primeros puntos resolutivos que (párrafo final operativo 646):
“LA COUR,
1) Par neuf voix contre six,
Dit que la République de l’Union du Myanmar a commis un génocide contre le groupe des Rohingya dans le nord de l’État rakhine, en violation des obligations que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
2) Par neuf voix contre six,
Dit que la République de l’Union du Myanmar a violé l’obligation que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de prévenir la commission d’un génocide par certaines personnes aux côtés de ses forces de sécurité ;
3) Par quatorze voix contre une,
Dit que la République de l’Union du Myanmar n’a pas, au regard de l’obligation que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, directement et publiquement incité des personnes privées à commettre un génocide contre le groupe des Rohingya dans le nord de l’État rakhine ;
4) Par onze voix contre quatre,
Dit que la République de l’Union du Myanmar a violé son obligation de punir le génocide et d’autres actes énumérés à l’article III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
5) Par quatorze voix contre une,
Dit que la République de l’Union du Myanmar a violé l’obligation que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la convention ;
6) Par quatorze voix contre une,
Décide que la République de l’Union du Myanmar doit mettre fin à toute violation persistante des obligations que lui impose l’article V de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en prenant des mesures législatives donnant plein effet à ses obligations au regard de la convention ;
../..
THE COURT,
(1) By nine votes to six,
Finds that the Republic of the Union of Myanmar has committed genocide against the Rohingya group in northern Rakhine State, in violation of its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;
(2) By nine votes to six,
Finds that the Republic of the Union of Myanmar has violated its obligation, under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, to prevent the commission of genocide by individuals alongside its security forces;
(3) By fourteen votes to one,
Finds that the Republic of the Union of Myanmar has not directly and publicly incited the commission of genocide against the Rohingya group by private persons in northern Rakhine State in violation of its obligation under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”.
(4) By eleven votes to four,
Finds that the Republic of the Union of Myanmar has violated its obligation to punish genocide and other acts enumerated under Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;
(5) By fourteen votes to one,
Finds that the Republic of the Union of Myanmar has violated its obligation under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide to enact the necessary legislation to give effect to the provisions of the Convention;
(6) By fourteen votes to one,
Decides that the Republic of the Union of Myanmar must cease any ongoing violation of its obligations under Article V of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide by enacting legislation giving full effect to its obligations under the Convention”
Se recomienda la lectura detallada del fallo de la CIJ, que permite entender mejor cómo llego a estas y varias otras conclusiones la mayoría de la CIJ.
Responsabilizar a un Estado de cometer un genocidio es una ardua tarea: en junio del 2025, tuvimos la ocasión con algunos colegas y expertos reunidos por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido de debatir álgidos aspectos jurídicos (véase enlace oficial del seminario titulado “Apartheid, Genocide and Ethnic Cleansing – a NILSC Workshop“): pese a la diversidad de criterios, en varias de las intervenciones se hizo ver que, en lo que respecta al genocidio, la jurisprudencia de la CIJ de los años 1990-2000 no podía mantenerse y que un cambio de criterios interpretativos era lo esperable.
A modo de conclusión
Esta importante decisión del 19 de noviembre del 2026 viene a confirmar la idea que la jurisprudencia de la CIJ en la materia ha evolucionado significativamente desde los años 90-2000 y que los adeptos del formalismo en el seno de la CIJ que explicó aquella jurisprudencia, hoy representan una minoría de jueces: el mensaje del juez internacional a todas las víctimas de actos genocidas en todo el mundo es potente y esta decisión debería de interesar también a jueces a nivel nacional que examinan acusaciones contra personas que han participado en genocidios.
Esta sentencia de la justicia internacional de La Haya viene también a confortar a Sudáfrica en su demanda interpuesta contra de Israel por genocidio en Gaza, así como a las víctimas palestinas en Gaza y a muchas organizaciones de derechos en el mundo que luchan por poner fin a la impunidad campante contra violaciones graves a los derechos humanos.
Es muy probable que a partir de esta decisión, la actual administración norteamericana, que se ha prestado a un espectáculo sin precedentes contra el personal de la CPI y contra la CPI como tal, extienda ahora sus hostilidades a la CIJ. Y que aumente sus presiones diplomáticas contra Sudáfrica de manera a garantizarse en algún futuro no muy lejano, el retiro de la demanda interpuesta contra Israel en diciembre del 2023.