El conflicto de Crucitas no admite respuestas simples. Conforme lo documenta el Informe del Estado de la Nación, la minería ilegal ha producido degradación ambiental, inseguridad, pérdida de recursos públicos y una seria erosión de la autoridad estatal. Sin embargo, la gravedad del problema no justifica sustituir el análisis riguroso por una solución presentada como inevitable. Precisamente cuando una decisión puede transformar ecosistemas, comunidades y finanzas públicas durante décadas, la democracia debe exigir más ciencia, más transparencia y más participación, no menos.
Ese riesgo está presente en el debate del expediente legislativo 24.717, que propone autorizar excepcionalmente la minería metálica a cielo abierto en Cutris mediante concesiones. Su discusión suele plantearse como una elección binaria entre permitir la minería industrial o tolerar el saqueo ilegal. Es una falsa disyuntiva: el deber estatal es comparar todas las alternativas razonables, incluyendo sus costos de oportunidad, impactos acumulativos, capacidad real de fiscalización y consecuencias para las generaciones futuras. Deben examinarse también en forma adecuada los planteamientos de los proyectos 24.675, 25.893 y 25.894.
El punto de partida jurídico es claro. El artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública prohíbe dictar actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, así como a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. A ello se suman el artículo 50 constitucional, que obliga al Estado a garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano; los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exigen evaluación previa y equipos interdisciplinarios; y los criterios preventivo y precautorio del artículo 11 de la Ley de Biodiversidad. Una decisión sobre Crucitas, por tanto, no puede descansar en intuiciones políticas, urgencias mediáticas o una sola disciplina profesional.
Por eso, el Gobierno y los medios de comunicación cometen un error fundamental cuando presentan al Colegio de Geólogos de Costa Rica como la voz técnica determinante —y en ocasiones prácticamente exclusiva— sobre la solución. La geología es indispensable para conocer el yacimiento, la estructura del terreno y los riesgos geotécnicos. Pero describir dónde está el oro, cuánto podría existir o cómo extraerlo no equivale a determinar la viabilidad ambiental, social, sanitaria, económica y jurídica de una política minera. Confundir conocimiento geológico con evaluación integral reduce un problema multidimensional al aspecto que más favorece una respuesta extractiva. El análisis del Informe del Estado de la Nación demuestra precisamente este desequilibrio.
La propia legislación contradice ese reduccionismo. La Ley Orgánica del Ambiente dispone que las evaluaciones sean realizadas por equipos interdisciplinarios y el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental exige equipos inter y multidisciplinarios para preparar los estudios de impacto ambiental. En un caso como Crucitas deberían participar, entre otros, profesionales en geología, hidrogeología, biología, ingeniería forestal, ciencias del suelo, química ambiental, ingeniería ambiental, civil y geotécnica; salud pública; arqueología y patrimonio cultural; geografía y sistemas de información geográfica; sociología, antropología y trabajo social; gestión del riesgo y cambio climático. Sus colegios profesionales y entidades académicas deben tener igual peso dentro de sus respectivas competencias.
Además, si las propuestas legislativas se justifican por sus beneficios económicos, deben intervenir economistas ambientales y ecológicos, especialistas en finanzas públicas, valoración de pasivos, regalías, mercados internacionales y análisis distributivo. Si se afirma que una concesión es jurídicamente viable, deben participar especialistas en derecho ambiental, administrativo, constitucional, minero, internacional y de contratación pública. También se requiere experiencia en criminología, seguridad fronteriza y trazabilidad comercial, porque el problema actual incluye redes ilegales que no desaparecerán automáticamente con una concesión. Ningún colegio profesional puede hablar por todas estas áreas.
La herramienta adecuada no es una sucesión de comparecencias aisladas ni una pugna de opiniones en medios. El ordenamiento costarricense ha reconocido la evaluación ambiental estratégica como una metodología de múltiples criterios aplicable a políticas, planes y programas. Su enfoque integral puede ser útil para comparar opciones legislativas que incluyen explotación industrial, restauración ecológica, control territorial reforzado, recuperación del valor del mineral mediante modalidades alternativas, desarrollo económico local no extractivo o combinaciones de estas. El método permite integrar impactos acumulativos y transfronterizos, comparar escenarios y hacer públicas sus incertidumbres. El precio del oro no debe convertirse en la medida de todo. Es necesario un marco para vincular conocimiento técnico, participación social y decisión pública.
No sobra señalar que esta perspectiva coincide con marcos éticos aceptados en el país que se expresan en la doctrina social de la Iglesia. Laudato si’ propone una ecología integral porque “todo está conectado”: ambiente, economía, cultura, dignidad humana y justicia social. La encíclica sostiene que la evaluación de los impactos ambientales debe ser interdisciplinaria, transparente e independiente de presiones económicas o políticas considerando las condiciones laborales, la salud, la economía local y la seguridad. Plantea el diálogo entre la política, la economía, la ciencia y las comunidades. No es una invitación a paralizar toda actividad productiva, sino a rechazar decisiones fragmentarias que privatizan beneficios y socializan riesgos.
La democracia ambiental no consiste en contar “likes” ni en escoger al experto que ofrece la respuesta más rápida. Requiere información accesible, deliberación pública y participación activa de las comunidades relevantes, las universidades, las organizaciones sociales, las instituciones técnicas y todos los colegios profesionales pertinentes. La Ley Orgánica del Ambiente reconoce expresamente como derecho la participación activa, consciente, informada y organizada.
Crucitas exige recuperar el territorio y la autoridad del Estado, pero también recuperar la calidad de la decisión pública. Antes de aprobar una salida legislativa, Costa Rica necesita una evaluación independiente, interdisciplinaria, participativa y multicriterial, con resultados públicos y reglas claras sobre conflictos de interés. Solo así la decisión final —sea cual sea— podrá aspirar a legitimidad democrática y pasar el control de constitucionalidad. En materia ambiental, gobernar responsablemente no es escuchar una sola voz técnica: es construir un balance técnico plural dentro de un proceso abierto, razonado y orientado al bien común.