San José, 20 nov (elmundo.cr) – La Sala Constitucional resolvió dos consultas legislativas facultativas sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2027 (expediente N° 25.754), determinando la existencia de vicios sustanciales de procedimiento legislativo en ambos casos.
El Tribunal, tras analizar los reclamos presentados por la Corte Suprema de Justicia y un grupo de diputados, ordenó eliminar las disposiciones declaradas inconstitucionales. Según la resolución, de no realizarse dicha corrección por parte de la Asamblea Legislativa, las normas se tendrán por excluidas del plan de gastos conforme a las disposiciones constitucionales.
Cuestionamientos del Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia había interpuesto una consulta (expediente 26-39748-0007-CO) contra las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12. El máximo tribunal judicial argumentó que estas disposiciones, que condicionaban el uso de recursos y la ocupación de plazas, se incorporaron sin realizar la consulta preceptiva establecida en el artículo 167 de la Constitución Política.
Además, los magistrados señalaron que no se respetó el procedimiento presupuestario del artículo 177 constitucional y cuestionaron que se otorgaran competencias a órganos legislativos y a la Contraloría General de la República para intervenir en la gestión administrativa del Poder Judicial, lo cual, a criterio de la Corte, vulneraba su autonomía e independencia.
Conflicto por el FEES
Por otro lado, la consulta presentada por diputadas y diputados (expediente 26-40155-0007-CO) se centró en la rebaja de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Los legisladores alegaron que la Asamblea Legislativa no podía modificar unilateralmente dicho monto, el cual ya había sido acordado mediante la Comisión de Enlace entre el Poder Ejecutivo y las universidades estatales.
Los consultantes advirtieron sobre posibles afectaciones a la autonomía universitaria y cuestionaron el traslado de esos recursos para el pago de obligaciones con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Al constatar los vicios de procedimiento en ambos expedientes, la Sala Constitucional omitió pronunciarse sobre los cuestionamientos de fondo, enfocándose exclusivamente en las irregularidades del trámite legislativo.
Este fallo se produce tras semanas de tensión entre los Supremos Poderes, que incluyó la imposición de medidas cautelares por parte de la Sala IV para frenar la votación del presupuesto en segundo debate, ante el riesgo de que el proyecto se aprobara sin el debido control de constitucionalidad.