Por Luigi Rebecchi Pannelli
A esta altura de la tragedia en aumento que enluta muchas familias del país a causa de los accidentes del tránsito, caen miserablemente todas las campañas preventivas, habidas y por haber; también las aplicaciones de las leyes pertinentes y aunque, merecedoras de respeto y loas; las vigilias y las pancartas de protestas. Dicho sea de paso, un conductor ebrio quien mata a un transeúnte; no comete un homicidio culposo, por el contrario; perpetra un homicidio premeditado, porque ingiere el licor a sabiendas de que no podrá conducir; lo mismo reza para un irresponsable que brinca en rojo un semáforo, que lo transforma en un asesino potencial, aunque no corte la vida de nadie; como broche de oro, han demorado tres años el inicio del proceso para juzgar a un homicida del volante.
Costa Rica, pese a la gran cantidad; es un país de leyes, cuyos elaboradores y emisores son las diputadas y los diputados, quienes a nuestro ver y sugerencia deberían “vía más que rápida”, erogar una ley que “ipso facto” y sin ningún tipo de apelación y delación; mandaran a la cárcel, ya sea el conductor de cualquier tipo de vehículo quien lesione a un semejante y; ya sea que lo mate, cabe hacer hincapié que el infractor deberá estar recluido, como mínimo un mes con el fin de que reflexione, experimente en carne propia la vida en un penal y, más que nada le sirva, ojalá; de ejemplo y escarmiento para los demás; siempre detenido el infractor deberá esperar, como le otorga la Carta Magna de Costa Rica; el debido proceso cuya sentencia dictarán los jueces designados. Conocedores como somos de la idiosincrasia costarricense, presumimos que a juicio de muchos, la sugerencia sonará drástica, no obstante frente a la matanza que no tiene viso de mermar, la medida debería ser extrema.
