La presente reflexión no es otro análisis sobre cifras y datos. Todos sabemos que el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública se mantiene a la baja, y que los índices sobre seguridad, como el de homicidios por cada cien mil habitantes, siguen demostrando el deterioro.
Tampoco se relaciona directamente con la iniciativa del Presidente de la Asamblea Legislativa, señor Rodrigo Arias, que invitó el lunes 20 de marzo a los representantes de los otros poderes del Estado a discutir sobre proyectos de ley en materia de seguridad. Una iniciativa de alto nivel que todos deberíamos apoyar.
El objeto de esta reflexión se relaciona con el Poder Ejecutivo y sobre todo, con la falta de empatía hacia las víctimas de la delincuencia, que prevalece entre los comentaristas que discuten sobre la inseguridad.
No sobra decir que soy consciente de que esta reflexión podría tildarse de simplificación, pero con todo respeto, en un país como Costa Rica donde abundan los diagnósticos y las soluciones avanzan con una desesperante lentitud, los análisis sofisticados han terminado involuntariamente por convertirse en cortinas de humo. Así que sí, deliberadamente pretendo exponer una pequeña reflexión de la manera más sencilla posible.
Antes y para evitar tergiversaciones politiqueras, hay que decir que toda persona, sea mujer, hombre, niña, niño, adolescente, adulto mayor, blanco, negro, asiático, nacional o extranjero, turista o residente, heterosexual u homosexual, creyente o ateo, político o apolítico, toda persona sin excepción, tiene derecho a exigir y obtener seguridad para su vida, integridad y patrimonio, así como para los de su familia y comunidad. Todos, sin excepción, tenemos derecho a transitar por el país, a la hora que sea y sin temer por nuestra vida. Debe ser así para todas y todos, y que nadie se ofenda por marcar la diferencia, pues a la vista de casos como el de la dra. María Luisa Cedeño y con ella el de otras mujeres, hay que resaltar que la exigencia de seguridad debe ser pareja, sin permitirnos distinción alguna.
Dicho lo anterior, mi reflexión es la siguiente, y disculpen de antemano su extensión.
Hagamos memoria. Después de que se reformó la ley de tránsito para sancionar con mayor dureza conducir bajo los efectos del alcohol, la policía se dedicó a cazar borrachos y la prensa a exhibirlos sin consideraciones. Así fue como se redujo el número de conductores ebrios. No fue simplemente por la aprobación de la reforma, pues la letra de la ley no tiene efectos mágicos.
En el mismo sentido, recordemos también las grúas llevándose los carros mal parqueados, y cómo la gente poco a poco dejó de estacionarse donde le daba la gana.
Es lo mismo que pasa con la delincuencia. Si la ley no se hace cumplir y su violación no se sanciona de manera pública y efectiva, se pierde la autoridad y se erosiona la seguridad. Decirlo parece una obviedad, pero justamente es lo que vivimos en Costa Rica.
Si el Sistema falla por una aplicación permisiva de la ley, beneficios penitenciarios excesivos, corrupción, presupuestos limitados y recursos insuficientes, descoordinación entre los órganos competentes o por cualquier combinación de estas condiciones, la criminalidad aumenta y la seguridad se descompone.
Aquello es inevitable, pues además de disparadores como la desigualdad, el desempleo, la pobreza, la deserción escolar, la mala calidad de los espacios urbanos, y no lo olvidemos, los efectos sociales y económicos de la pandemia, etc, nuestro país está situado entre las matas de coca de Sudamérica y las narices de los gringos en el norte.
Todos padecemos de distinta forma los efectos y notamos el deterioro. El tema es recurrente en las conversaciones de cualquier costarricense. Desgraciadamente la discusión casi siempre termina varada entre los reclamos de mano dura y la falta de empatía de quienes abusan del concepto de derechos humanos para arropar una figura abstracta del delincuente, con toda la carga del “pobrecitismo” propio de la cultura costarricense.
No digo que tomemos de referente a EEUU que ofrece un mal ejemplo, dados los casos de brutalidad policial. Hablemos de Canadá o de Europa. La explicación de sus buenos índices en el campo que nos ocupa, no se debe única y solamente a sus políticas sociales y económicas o a las buenas condiciones de vida, sino a la respuesta policial y a la reducida impunidad. En Canadá y en Europa las personas se crían sabiendo que el Sistema responde.
En este punto es inevitable referirse a El Salvador, cuya experiencia surge de manera inevitable en cualquier conversación. La experiencia de Bukele debe valorarse con mente abierta y mucha prudencia, teniendo presente en todo momento que no guarda relación con el caso de Costa Rica, por lo que no hay comparación posible ni puede ser nuestro referente.
Aún así, es innegable que vamos por mal camino. Uno que no empezamos a recorrer con este gobierno, y lo digo sin perjuicio de la responsabilidad que Chaves y Torres tienen por casi un año de gestión. El deterioro comenzó con el antiguo PAC y su entorno, que descalificaron como represiva la política de las 2 administraciones del PLN, que les antecedieron. En términos prácticos, aflojaron.
Como decía antes, con la delincuencia pasa lo mismo que con el guaro al volante y los carros mal parqueados, a lo cual debe sumarse otra consideración. Hay que aceptar que mantener la seguridad del país y su población se parece a cuidar un jardín. Ningún logro es permanente. Se requiere un enorme esfuerzo diario, bien planificado, financiado y ejecutado con base en un enfoque integral de la problemática y los recursos, dada la cantidad e independencia de nuestros cuerpos de policía.
La opinión del antiguo PAC y su entorno sobre la supuesta represión policial, coincidía con y alimentaba al mismo tiempo, un ambiente de tolerancia y comprensión hacia el delincuente, ayuno empatía hacia las víctimas y su sufrimiento.
Ojo que no estoy diciendo que los diferentes cuerpos de policía, fiscales y jueces no hacen su trabajo, ni estoy diciendo que la gente que padece la inseguridad no se queja. Lo que digo es que en nuestro medio (política, prensa, academia, analistas y poder judicial) prevalece un discurso que insiste de distintas formas en que los delincuentes son el producto de una sociedad injusta, mientras ponen un énfasis desproporcionado en sus derechos, opacando o directamente eliminando cualquier consideración seria sobre las víctimas y los efectos de la criminalidad en sus vidas, en el trabajo y en la inversión.
En Costa Rica hemos pervertido el concepto de derechos humanos, deformándolo hasta convertirlo en retórica para justificar la delincuencia y rechazar la necesidad de volver a políticas más efectivas, o digámoslo sin complejos, represivas, y acompañadas de los presupuestos necesarios.
Ciertamente, la seguridad es una cuestión compleja que requiere para ser duradera, acciones preventivas a mediano y largo plazo, donde las políticas sociales y económicas son fundamentales. Aqui me devuelvo a la metáfora del jardín, pero lo hago con la certeza de que esta consideración no debe servir jamás para menospreciar el hecho de que en términos inmediatos se requiere de un trabajo y una inversión fuerte y permanente en materia policial, penal y penitenciaria, para proteger a la población y mantener el control efectivo de cada centímetro del territorio nacional. Si les parece que exagero, dense una vuelta por la provincia de Limón.
Pues bien, aquel ambiente de tolerancia a la delincuencia que atribuye a la sociedad una falsa responsabilidad y pervierte los derechos humanos, influye para mal en las decisiones judiciales, en el proceso de formación de la ley, en las decisiones presupuestarias, en el apoyo de las comunidades al trabajo policial, etc.
Así, después de varios años de haber aflojado, vivimos un deterioro por el cual muchos miran a El Salvador donde no hay respuesta para las reales necesidades de CR en la materia que nos ocupa.
Dicho todo lo anterior, la palabra la tiene el Poder Ejecutivo, y no me refiero solo al Ministerio de Seguridad Pública, sino también a los de Presidencia, Hacienda y Justicia.
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