La ley persigue a la realidad, busca ordenar aquello que no le fue posible prever. En las últimas semanas ha habido gran cantidad de titulares de noticieros y publicaciones en redes sociales relacionadas con el crimen organizado, dos han sido los grandes temas: por un lado, el incremento en la delincuencia, especialmente sensible en el aumento inédito en la tasa de homicidios y, por el otro, el laborioso camino para la aprobación del proyecto legislativo relacionado con la reforma a la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Nuevamente la ley intenta alcanzar a la realidad, pero aún no lo ha logrado y eso hace que nos planteemos una pregunta: ¿por qué?
El proyecto de ley de crimen organizado, en suma, busca definir los requisitos de las personas profesionales que trabajarán en esa jurisdicción; organizar las cargas de trabajo y precisar los plazos legales en los casos de delincuencia organizada, por ejemplo, el lapso de la prisión preventiva se ampliará. En el fondo se trata de brindar herramientas a la Administración de Justicia para poder enfrentar con una mayor eficiencia una forma de delincuencia más compleja, entendiendo que una criminalidad distinta requiere un abordaje diferenciado. Existe un amplio consenso legislativo para que ese proyecto de ley adquiera, por decirlo de alguna manera, vida, pero su trámite ha resultado espinoso y se ha formado una lucha contra el tiempo, donde la amenaza de una suerte de desamparo legal podría afectar a la ya de por sí lastimada seguridad ciudadana. Finalmente, cuestiones procesales ponen en riesgo la efectividad de lo que pareciera ser uno de esos claros casos donde la necesidad del Pueblo encuentra un diáfano eco en la voluntad legislativa y ese es un punto que hay que analizar con más crítica que añoranza.
El artículo 9 de la Constitución Política dispone que el Gobierno de nuestro país lo ejercen tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno de ellos tiene un papel diferente en torno al proyecto de ley de crimen organizado: el primero lo convocó para que fuera conocido por la Asamblea Legislativa, esta, a su vez, le ha dado trámite para deliberar sus alcances y, oportunamente, correspondería al Poder Judicial aplicarla en la lucha contra la delincuencia organizada. Sin embargo, el mismo numeral 9 Constitucional dispone que esos tres poderes de la República gobernarán con el Pueblo, mención que no es retórica, máxime que fue precedida de la indicación de que el Gobierno de nuestro país es popular, representativo, pero también participativo, es decir, que la ciudadanía siempre ejercerá una función activa en el destino de la Nación y cada uno de los tres poderes de la República debe escucharle en su quehacer. No es populismo, es Democracia.
Acorde con el Estado de la Nación, menos de la mitad de las personas confía en el sistema de justicia, asimismo, según la Encuesta de Seguridad Ciudadana en Costa Rica, el 65,5% de a quienes se les consultó estima que nuestro país es nada o poco seguro, datos de fuentes distintas, pero que nos dan luz acerca de una cuestión común: la población se siente insegura, percibe la criminalidad como algo cada vez más palpable, evidenciando un claro mensaje de que el rumbo de la Nación debe ser, ahora más que nunca, proteger a sus habitantes.
La inseguridad existe, ha cobrado vidas y ha llevado sufrimiento a muchas familias, situación lamentable respecto de la cual la ley contra la delincuencia organizada no llegó a tiempo. A diferencia de esa ley que no se adelantó a la realidad, la Constitución Política sí ha previsto una ruta para los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial indicando que el Gobierno lo ejercen con el Pueblo, último que ha sido enfático acerca no solo de la existencia de una extendida inseguridad, sino de la necesaria lucha que hay que entablar contra ella. Ese propósito debe ser el norte común y cada esfuerzo institucional se debe a él.
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