La confrontación entre los grupos religiosos del islam principales (sunitas y chiitas) suele explicarse de manera muy simplista mediante dos relatos contrapuestos. El primero presenta a ambas comunidades como protagonistas de una guerra religiosa prácticamente ininterrumpida desde los primeros años del islam. El segundo argumento sostiene que la lucha sectaria contemporánea fue esencialmente fabricada por el gobierno de los Estados Unidos después de la invasión de Irak en el año 2003. Ninguna de las perspectivas Ambas interpretaciones contienen elementos históricos reconocibles, pero ninguna explica por sí sola la evolución de una fractura mucho más compleja.
Cabe explicar brevemente que el origen de la división entre grupos musulmanes se encuentra en la crisis sucesoria abierta tras la muerte del profeta Mohammed en el año 632 de nuestra era. Una parte de la comunidad aceptó la elección de Abu Bakr como primer califa, mientras quienes posteriormente conformarían la tradición chiita atribuyeron una legitimidad particular a Alí ibn Abi Tálib, primo y yerno del Profeta, y posteriormente a su descendencia. Sin embargo, las identidades sunita y chiita tal como se conocen actualmente no aparecieron completamente formadas en aquel momento, sino que fueron desarrollándose durante los siglos siguientes.
La ruptura entre ambas líneas va a adquirir una dimensión política mucho mayor durante la Primera Fitna, entre los años 656 y 661, la primera gran guerra civil dentro de la comunidad musulmana. El conflicto enfrentó a Alí, cuarto califa, con diferentes adversarios y particularmente con Muawiya ibn Abi Sufyan, gobernador de Siria. El asesinato de Alí en el año 661 y el establecimiento posterior de la dinastía omeya no cerraron la disputa sobre la legitimidad del poder, sino que fueron provocando un cisma cada vez mayor.
El acontecimiento decisivo para la memoria chiita ocurrió en 680. Husayn ibn Alí, nieto del profeta Mohammed e hijo de Alí, murió junto con un pequeño grupo de seguidores frente a las fuerzas del califa omeya Yazid en la ciudad de Karbala (actual Irak). Su muerte, ocurrida durante el período de la Segunda Fitna, adquirió una dimensión religiosa que trascendió ampliamente la disputa política original. De esta manera, Karbala se convirtió en símbolo del martirio, la injusticia y la resistencia frente al poder ilegítimo, elementos que ocuparían posteriormente un lugar central dentro de la identidad chiita.
De esta evolución surgieron progresivamente las dos grandes tradiciones. El sunismo desarrolló su concepción de autoridad alrededor de la comunidad, la tradición profética y la legitimidad histórica de los primeros califas. El chiismo, cuyo nombre procede de Shi’at Ali, el “partido de Alí”, desarrolló diferentes concepciones del Imamato y atribuyó una autoridad religiosa particular a Alí y a determinados miembros de su descendencia. Lo que comenzó fundamentalmente como una disputa sobre sucesión y legitimidad política terminó adquiriendo dimensiones teológicas, jurídicas, rituales e identitarias.
Esta ruptura fundacional no produjo, sin embargo, una guerra permanente entre ambas comunidades. Durante siglos existieron períodos de confrontación, coexistencia, cooperación e integración. La pertenencia religiosa convivió además con identidades relacionadas con territorio, etnia, tribu, clase social, dinastía o pertenencia estatal, por lo tanto, convertir Karbala en explicación directa de las guerras contemporáneas supone saltarse más de un milenio de transformaciones políticas.
Quizás uno de los antecedentes más relevantes de la politización confesional apareció mucho antes de la intervención estadounidense en Oriente Medio. Desde el siglo XVI, la competencia entre el Imperio otomano y el Imperio safávida incorporó progresivamente elementos religiosos a una rivalidad territorial y estratégica.
La adopción del chiismo duodecimano como religión oficial del Estado safávida forjó una identidad política diferenciada frente al Imperio otomano sunita, utilizando ambos imperios el discurso religioso como herramienta de legitimación. Esto evidencia que el uso estratégico de las diferencias confesionales en los conflictos de poder tiene raíces históricas profundas, muy anteriores a las injerencias occidentales contemporáneas.
Pero tampoco aquella rivalidad permite hablar de dos bloques religiosos permanentemente enfrentados. Los intereses dinásticos, territoriales y comerciales podían prevalecer sobre la confesión. La religión funcionaba como una dimensión de la competencia, no necesariamente como su única causa.
Posiblemente, para comprender la lucha sectaria contemporánea resulta más útil comenzar en el año 1979 que en el año 2003. La Revolución Islámica transformó a Irán en un Estado revolucionario que pretendía proyectar un modelo político legitimado mediante referencias religiosas. Las monarquías árabes del Golfo interpretaron el nuevo régimen como una amenaza geopolítica e ideológica.
Ese mismo año ocurrieron otros acontecimientos fundamentales. En primer lugar, la toma de la Gran Mezquita de La Meca por militantes islamistas quienes cuestionaron la legitimidad religiosa de la monarquía saudí. Paralelamente, la invasión soviética de Afganistán abrió un escenario que favorecería posteriormente la formación de redes islamistas transnacionales. Estos procesos respondían a causas diferentes, pero transformaron conjuntamente la relación entre religión, movilización política y competencia internacional.
La guerra entre Irán e Irak durante los años 1980 y hasta 1988 proporcionaron además una evidencia contra el determinismo confesional. Aunque Irak poseía una población mayoritariamente chiita, no se produjo una adhesión generalizada al proyecto revolucionario iraní. Numerosos chiitas iraquíes combatieron contra Irán dentro de las fuerzas iraquíes. En este sentido, la identidad nacional, la pertenencia estatal y el componente árabe pudieron imponerse sobre la solidaridad confesional.
La rivalidad posterior entre la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita tampoco debería interpretarse simplemente como chiismo contra sunismo. Ambos Estados competían por seguridad, liderazgo regional, influencia política y capacidad para intervenir en terceros países. La religión ofrecía instrumentos de legitimación, redes y mecanismos de movilización, pero detrás de ella operaban dinámicas reconocibles de equilibrio de poder.
La invasión estadounidense constituye el segundo gran punto de ruptura. El gobierno de Washington no creó las diferencias existentes dentro de Irak, pero destruyó las estructuras estatales que hasta entonces las administraban o reprimían. La caída de Saddam Hussein produjo una transformación abrupta de la distribución interna del poder, con alcances regionales.
Esto no conviene llevar a idealizar el período anterior. El régimen baazista (nacionalismo árabe socialista) reprimió severamente organizaciones chiitas y aplastó brutalmente la rebelión del año 1991. La ausencia de guerra civil confesional no significaba que existiera una convivencia política equilibrada. El autoritarismo podía congelar determinadas tensiones mediante coerción sin resolverlas.
La desbaazificación y la disolución de las fuerzas armadas después de la invasión marginaron a numerosos sectores árabes sunitas relacionados directa o indirectamente con el antiguo aparato estatal. Simultáneamente, organizaciones políticas chiitas, algunas con importantes vínculos históricos con Teherán, adquirieron posiciones centrales dentro del nuevo sistema político.
Aquí apareció una consecuencia estratégica no prevista. Los Estados Unidos eliminaron a Saddam Hussein, uno de los principales contrapesos regionales de Irán, y facilitó indirectamente la expansión de la influencia iraní en Irak. La ocupación estadounidense no creó la competencia regional, pero modificó profundamente las condiciones bajo las cuales esta se desarrollaba.
La insurgencia convirtió además la confesión en instrumento deliberado de guerra. Abu Musab al – Zarqawi comprendió que atacar comunidades y lugares religiosos chiitas podía provocar represalias, polarizar a la población sunita y transformar la insurgencia en una guerra civil. El atentado contra el santuario de Al Askari en Samarra en el año 2006 simbolizó esta dinámica.
El sectarismo comenzó entonces a funcionar como una verdadera tecnología de movilización política y militar. Definir al enemigo mediante su pertenencia religiosa permitía reclutar combatientes, justificar violencia, controlar territorios y obtener apoyo externo.
Las revueltas árabes del año 2011; mal llamadas “Primaveras Árabes”, constituyen el tercer momento fundamental. Muchas comenzaron alrededor de demandas políticas, económicas y sociales antes que religiosas. Sin embargo, algunos conflictos experimentaron posteriormente procesos intensos de sectarización.
En Siria representa uno de los casos más claros. Una rebelión contra un régimen autoritario terminó integrada en una competencia regional mucho mayor. Irán y Hezbolá intervinieron en respaldo del gobierno de Bashar al – Assad, mientras diferentes Estados y redes privadas del Golfo apoyaron componentes de la oposición. Las organizaciones yihadistas incorporaron además discursos profundamente anti chiitas.
Por su parte, en Bahréin y Yemen se muestran procesos diferentes que tampoco pueden reducirse a una guerra religiosa. Representación política, desigualdad, estructuras estatales, rivalidades tribales, distribución de recursos y competencia regional interactuaron con las identidades confesionales.
La expansión internacional de determinadas corrientes salafistas contó durante décadas con recursos procedentes del Golfo, pero resulta necesario diferenciar gobiernos, organizaciones religiosas, fundaciones, predicadores y donantes privados. También debe distinguirse entre salafismo quietista, político y yihadista. Identificar automáticamente salafismo con Al Qaeda o Estado Islámico constituye otro reduccionismo que puede funcionar para un titular, pero no para un análisis.
En Irán se desarrolló paralelamente sus propias redes regionales mediante partidos, organizaciones religiosas, estructuras sociales y actores armados que funcionan como proxis. Hezbolá en el Líbano y diversas milicias iraquíes, así como influencia sobre los hutíes en Yemen representan algunos de los ejemplos más visibles. Sin embargo, patrocinio tampoco significa necesariamente control absoluto. Los actores locales poseen intereses y capacidad de decisión propios.
Las alianzas regionales ofrecen una de las mejores pruebas contra una interpretación exclusivamente confesional. Hamás pertenece al islam sunita y ha mantenido durante décadas relaciones estratégicas con el Irán chiita. El Estado de Qatar conserva importantes vínculos con Teherán mientras mantiene una identidad mayoritariamente sunita. Arabia Saudita y Qatar llegaron a protagonizar una profunda crisis diplomática pese a pertenecer al mismo espacio confesional.
Dentro del propio campo chiita tampoco existe unidad política. Las disputas entre movimientos iraquíes, incluidas las tensiones entre el movimiento sadrista y organizaciones más estrechamente vinculadas con Teherán, demuestran que compartir confesión no elimina la competencia por poder. Las protestas protagonizadas por ciudadanos chiitas iraquíes contra la influencia iraní ofrecen otra evidencia significativa.
El acercamiento diplomático entre Arabia Saudita e Irán anunciado en 2023 bajo mediación china reforzó esta interpretación. Si ambos Estados fueran únicamente representantes de comunidades religiosas condenadas a enfrentarse, la distensión sería difícil de explicar. Desde una lógica geopolítica resulta perfectamente comprensible, los Estados pueden aumentar o reducir su confrontación cuando cambian sus intereses y los costos asociados.
La pregunta fundamental no es quién creó la lucha interna islámica, sino en qué condiciones una diferencia confesional se transforma en conflicto político y quién obtiene beneficios de esa transformación, es posible que la respuesta obligue a combinar religión, construcción estatal, autoritarismo, desigualdad socioeconómica, competencia regional, intervención extranjera y agencia local. Ninguna variable explica aisladamente lo que acontezca en Irak, Siria, Líbano, Bahréin o Yemen.
También resulta necesario observar aquellos lugares y períodos donde comunidades sunitas y chiitas coexistieron sin desarrollar niveles equivalentes de violencia. Si la diferencia doctrinal produjera automáticamente guerra, esta debería manifestarse sistemáticamente allí donde ambas comunidades conviven. La evidencia histórica demuestra lo contrario.
Por ello resulta más efectivo hablar de “sectarización”, lo cual describe el proceso donde los actores políticos convierten identidades religiosas existentes en instrumentos de movilización, legitimación y confrontación. No niega la importancia de la religión, pero tampoco la convierte en una explicación automática de la violencia.
Ver el transcurso de lo acontecido en el período de 1979, 2003 y 2011 permite observar claramente esta transformación. La Revolución iraní alteró la competencia regional. La destrucción del orden iraquí creó oportunidades extraordinarias para la movilización confesional. Las guerras posteriores a las revueltas árabes regionalizaron muchas de esas dinámicas.
Evidentemente, Estados Unidos desempeñó un papel decisivo en la segunda etapa, pero afirmar que fabricó la lucha sunita – chiita confunde aceleración con origen y responsabilidad con causalidad exclusiva. Del mismo modo, atribuir las guerras contemporáneas a una enemistad de catorce siglos transforma diferencias históricas reales en un destino inevitable.
La lucha sectaria contemporánea se comprende como el resultado de fracturas religiosas históricas politizadas por Estados, élites y organizaciones armadas dentro de disputas por poder, seguridad, territorio, recursos e influencia regional. La religión importa, pero su capacidad para producir violencia depende de las condiciones políticas que permiten convertir identidad en instrumento de confrontación.
