Con preocupación he revisado con detalle el proyecto de ley Nº 20.725, denominado: “Ley para cerrar JUDESUR y dotar de más recursos a las municipalidades del sur de Puntarenas”, el cual fue presentado hace unos días por el Diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, en cuanto a la pertinencia del cierre de JUDESUR.
Antes de profundizar sobre esta situación es pertinente señalar, que esta es otra de las señales que el Gobierno PAC ha liderado, para atentar contra la seguridad jurídica y el establecimiento positivo tanto del Depósito Libre como de JUDESUR.
Es necesario recordar que el Gobierno PAC anteriormente realizó una muy prolongada intervención que no finalizó en los mejores términos tanto para los interventores y el Poder Ejecutivo, cuyo fin tuvo una serie de señalamientos rechazados por parte del Poder Judicial, con un reclamo millonario al mismo Gobierno y sobre todo con un vergonzoso anuncio de cierre del Depósito Libre, en donde al final el propio Gobierno tuvo que desmentir.
Ahora resulta que meses después, Ottón Solís presenta una propuesta de ley en los términos más sencillos y únicamente decide dictar medidas desde un escritorio en San José, sin conocer la realidad de una zona muy rural.
Lejos de polemizar con este tema, quisiera más bien adelantarme y pensar sobre las consecuencias que está iniciativa de ley traería en el corto plazo.
Es necesario señalar que JUDESUR fue creado como un organismo de integración regional para utilizar los recursos del Depósito Libre, con la finalidad de promover desarrollo, proyectos productivos, generar becas e infraestructura, para de esa manera mejorar la competitividad. Son muy pocas las organizaciones nacionales con una competencia tan específica en una región.
Mi preocupación surge debido a que con el cierre de JUDESUR, se tendrían competencias sin cumplir y otras que se estarían cumpliendo a medias, a continuación señalo algunas de esas inquietudes:
- El Mantenimiento, funcionamiento y la administración del Depósito Libre quedaría en manos del Ministerio de Hacienda: Esto no sería efectivo hasta incluir una modificación a la normativa que rige el Ministerio de Hacienda para que pueda asumir esta nueva función, la cual además me parece absolutamente lejana a la labor que realiza esta cartera ministerial.
- No se apartan recursos para la promoción comercial del Depósito Libre de Golfito: La Ley vigente 9356 reserva un 10% de los recursos recaudados, para invertir en publicidad efectiva. Para esto es necesario recordar que la intención, es que las familias de todo el país visiten el Depósito, y para esto se debe invertir en un provechoso programa informativo que anuncie las ventajas comparativas y de precios que ofrece el Depósito Libre.
- No se destinan recursos para la construcción de nuevas etapas del Depósito Libre: Actualmente JUDESUR invierte en la construcción de nuevos locales comerciales, con la finalidad de aumentar la oferta de productos y generar mejores espacios con mejor confortabilidad para los visitantes. Según la propuesta de Ottón Solís, estos proyectos desaparecen, por que el Ministerio de Hacienda no contaría ni con la experiencia, conocimiento, ni los recursos para invertir en el Depósito.
- No se apartan recursos para la atención de becas, Asociaciones de Desarrollo, Cooperativas y Pequeños Productores: La actual legislación también distribuye recursos, no solo en las Municipalidades sino también en diversos sectores y organizaciones, que generan desarrollo y un impacto social positivo para la zona sur. En la propuesta de Ottón Solís, se desconoce a todas estas organizaciones como beneficiarias de recursos económicos.
- Se pierde la proyección y los proyectos de impacto regional: JUDESUR nació con la expectativa de llevar a discusión los proyectos que nos importan como región, la inversión en el puerto de Golfito, la promoción de un relleno sanitario, el apoyo a un aeropuerto o bien la generación de empleo. Todas estas medidas desaparecen, ya que al implementar una transferencia directa a cada municipalidad, automáticamente se pierde el sentido regional y el impulso a los proyectos que nos hacen grande como región.
- Se pierde la fiscalización de los recursos de JUDESUR y el apego a un Programa de Desarrollo Regional: Con la Ley 9356 se implementó la conformación de un Programa de Desarrollo de la Región Sur dirigido a cinco años para ver cambios sustanciales a nivel regional. Así mismo, se promovía la liquidación y seguimiento de los recursos públicos, estas medidas desaparecen con la propuesta de Ottón Solís; ya que se designa una única transferencia a las Municipalidades y estas podrán usarla a discreción.
JUDESUR es una organización que puede aportar mucho estratégicamente a la zona sur; requiere ciertamente de un fortalecimiento de parte de un Gobierno que lejos de intervenirla, la apoye; también requiere de Diputados que generen legislación certera y no que la cierren; demanda de funcionarios comprometidos y de una Junta visionaria para sacar adelante la institución.
Tuve la dicha de estudiar la nueva Ley de JUDESUR que hoy está vigente, de hecho este proyecto de ley que al final se convirtió en Ley de la República, fue base de mi tesis de graduación y participé siendo asesor parlamentario en su desarrollo, en conjunto con los actuales Diputados de la Provincia de Puntarenas, de las Municipalidades, del Gobierno y de la Contraloría General de la República.
Para finalizar he de decir que me resulta absolutamente contradictorio que el diputado Ottón Solís votara a favor de la Ley 7730 (Creación de JUDESUR) en el año 1998 y luego para este periodo legislativo en el año 2016 también le diera su voto a la Ley 9356 (Nueva Ley de JUDESUR), y en ningún momento propuso en las etapas de discusión del proceso de elaboración de ambas leyes, el cierre de JUDESUR y el traslado de sus competencias a Hacienda.
Esto solo quiere decir, que se le pasó el tiempo y la posibilidad al Diputado Ottón Solís de promover una dinámica distinta a la operación de JUDESUR, por lo tanto esta acción solo puede ser catalogada como un atentado más contra la estabilidad de la institucionalidad de la zona sur, y por último como un simple ejercicio que solo puede aplicar un funcionario desde la comodidad de un escritorio ubicado en San José, pero que desconoce la realidad de la zona.
JUDESUR requiere fortalecimiento y las herramientas para funcionar, debe contar con la ayuda de un Gobierno, la Contraloría General de la República, el de Gobiernos Locales y sobre todo de funcionarios comprometidos para defender una institución tan atacada.
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