El tema fiscal siempre genera debate, pero entenderlo es clave para saber hacia dónde va nuestro país. Imagina el presupuesto del Estado como el presupuesto de una familia: si los gastos superan constantemente a los ingresos y la tarjeta de crédito se llena, llega un momento en que es indispensable reordenar las finanzas. Pero, ¿cuáles son las razones de fondo para plantear una reforma o nuevo plan fiscal en Costa Rica? Un nuevo pacto o plan fiscal no debe concebirse como una simple herramienta de “más impuestos o más recortes”, sino como un plan de reacondicionamiento del Estado para el crecimiento económico. La pregunta es.
¿Estará Laura Fernández trabajando en eso? Por el momento no he visto en la prensa nada. Antes de ver lo que los expertos dicen veamos lo que el gobierno anterior no hizo bien. 1-Inseguridad y crisis de violencia: A pesar de haber prometido mano dura, el país ha registrado cifras récord de homicidios y disputas entre bandas del crimen organizado. Las propuestas legislativas en esta materia tardaron en coordinarse con los otros poderes del Estado, lo que generó un fuerte reclamo de la ciudadanía sobre la efectividad del Poder Ejecutivo en contener la delincuencia. En este sentido muchos no le han dado la importancia que tuvo el retirar la policía de Bahía Drake, Moin y aeropuertos. Policía que no está a cargo del OIJ. 2-Relación con las instituciones y desacatos legales: Se le ha criticado su constante confrontación con la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y el Poder Judicial. Propuestas insignia como la llamada Ley Jaguar tropezaron legalmente por roces de constitucionalidad, lo que se califica como desgaste institucional en lugar de buscar consensos. 3- Recortes a la inversión social y educación: Para mantener las metas de austeridad fiscal, la administración redujo partidas presupuestarias destinadas a programas de asistencia social, cultura y educación público-universitaria, desatando protestas del sector educativo. Debilitamiento del sector salud (CCSS): El distanciamiento del Ejecutivo respecto al pago de la deuda histórica del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social y la rotación constante en la jerarquía directiva entorpecieron la reducción de las listas de espera. 4-Cuestionamientos éticos y casos en Fiscalía: La apertura de investigaciones administrativas y judiciales relacionadas con contrataciones públicas (como la reparación de la pista del Aeropuerto de Liberia) y el manejo de fondos de cooperación internacional (como los del BCIE) minaron la narrativa anticorrupción del Gobierno.
Ahora todo esto se debe retomar con urgencia. A. Frenar la deuda pública y el déficit. Durante años, el país ha gastado más de lo que ingresa. La deuda acumulada genera el pago de intereses astronómicos. Un plan fiscal busca ordenar la casa para evitar que el pago de intereses consume el presupuesto nacional. B-Proteger la inversión social (Educación, Salud y Seguridad) Sin recursos suficientes, los servicios públicos se deterioran. Para mantener la calidad de la Caja (CCSS), mejorar la infraestructura vial y reforzar la seguridad ciudadana, el Estado requiere fuentes de financiamiento estables y sostenibles. C- Combatir la evasión y buscar mayor equidad. Un plan fiscal moderno no solo implica revisar impuestos, sino también cerrar portillos a la evasión y el fraude fiscal. El objetivo es que la carga sea justa: que quienes más tienen, aporten en proporción, y que todos paguen lo que corresponde. D-Generar confianza e inversión extranjera Las calificadoras internacionales y los mercados financieros observan de cerca la salud económica de Costa Rica. Un país con finanzas ordenadas atrae inversión, genera empleo y mantiene la estabilidad del tipo de cambio y la inflación. Si se sigue haciendo mal las cosas la inversión se aleja.
CONCLUSIÓN, Sin embargo, el rumbo actual del gobierno de Laura, genera profundas dudas sobre si las medidas propuestas responderán verdaderamente a las necesidades de la población. Si por la víspera se saca el día, la actual administración de Laura Fernández está lejos de corregir los problemas estructurales de las finanzas públicas. Continuar por esta ruta traerá consecuencias inevitables: el malestar de un pueblo enardecido y el deterioro de la situación económica nacional, un escenario adverso que un nuevo plan fiscal difícilmente podrá corregir por sí solo. Dios no me haga profeta pero esto es lo que se espera para dentro de 4 años.
La preocupación se agrava al observar que, de forma paralela al proyecto fiscal, el Gobierno impulsa un mayor endeudamiento mediante la propuesta de emisión de bonos por $13.000 millones. Solicitar más deuda sin concretar un ordenamiento fiscal efectivo ni recortar el gasto desmedido no soluciona la crisis; únicamente traslada una carga insostenible a las futuras generaciones. Costa Rica requiere soluciones integrales, transparencia en la gestión de los recursos públicos y un compromiso real con la austeridad antes de comprometer aún más el bolsillo de los ciudadanos y la estabilidad económica del país.
