En días pasados con suntuosa pompa el ministro de Hacienda anunció un nuevo proyecto de Ley de Impuesto a la Propiedad de Vehículos (popularmente conocido como “marchamo”) que en teoría va a reducirle la carga fiscal a un 92% de los dueños de vehículos. Sin embargo, pese a que ese teórico alivio fiscal se anunció para el marchamo del 2024, el Poder Ejecutivo no ha hecho lo propio. Aunque presentó el proyecto a la corriente legislativa, el Poder Ejecutivo no ha realizado la convocatoria que corresponde en las sesiones extraordinarias. Recordemos que entre mayo y julio, y entre noviembre y enero de cada año, la Asamblea Legislativa se encuentra en sesiones extraordinarias donde la agenda de trabajo se define totalmente desde la Casa Presidencial.
Que esto quede claro: en sesiones extraordinarias, si el Poder Ejecutivo no convoca un proyecto, la Asamblea no puede conocerlo, ni adelantar en su trámite. Esto es lo que pasa hoy día con el marchamo. Hay cuatro proyectos de ley en la corriente legislativa, y ninguno ha sido puesto en la agenda por el Poder Ejecutivo. Hasta aquí pueden apreciar cada uno de ustedes, la voluntad real del Poder Ejecutivo -en este tema- para aliviar el bolsillo de los costarricenses.
Habiendo dicho esto, quiero aprovechar estas líneas para que hagamos una reflexión sobre la historia y el propósito de este impuesto, lo cual permitirá informar futuras discusiones.
En Costa Rica hemos sido adiestrados y subyugados para aceptar esta carga que solo en un reducidísimo grupo de países está diseñada de forma similar a nuestro país. De hecho, en este deshonroso grupo no me extrañaría que tengamos la distinción de ser el país con el impuesto más oneroso.
Para empezar, este es un tributo que se inventó la administración de turno en el año 1987 y que, de forma contraria a nuestra Constitución Política, se aprobó en forma solapada dentro de la “Ratificación de la Resolución número 18 del Consejo Arancelario Centroamericano”.
En forma totalmente atípica e irregular, dentro de un convenio centroamericano de manufactura textil se incluyó este impuesto cuya estructura y metodología para el cálculo se han mantenido vigentes hasta la fecha. Por aquellos tiempos no existía la Sala Constitucional para alegar las inconstitucionalidades evidentes y manifiestas como la violación al principio de legalidad en materia tributaria, el principio de reserva de ley y el principio de seguridad jurídica que, tal vez, hubieran prevenido la creación de este adefesio jurídico.
Ya con el pasar de los años, y con la recaudación como sombra, evidentemente en la Sala no ha habido la voluntad ni el valor para declarar las inconstitucionalidades que para la mayoría de los operadores del derecho son claras y evidentes. En todos estos años, el alto tribunal, ha rehuido del tema, y se ha pronunciado en contra sin argumentos convincentes. Tal vez haya privado en esta Sala un criterio ideológico que embarga a muchos de nuestros compatriotas. Y es que en Costa Rica el impuesto a la propiedad de los vehículos se ha diseñado como un burdo impuesto al simple hecho de ser el dueño de algo. Así lo aceptó hace unos meses el Ministro de Hacienda en la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto cuando señaló que estaba conforme con una posición ideológica (no técnica) de mantener este como un un impuesto a la riqueza, lo cual está totalmente alejado de las formas más modernas que aplican la basta mayoría de los países de la OCDE para tratar el tema.
Tengamos algo muy claro: si decidimos entrar al club de países de la OCDE para beneficiarnos con las mejores prácticas de política pública, no podemos decidir hacer las del avestruz y esconder la cabeza solo porque no nos conviene una de estas políticas modelo.
En la mayoría de los países OCDE, el pago anual que se realiza por usar un vehículo tiene una razón de ser. Un verdadero hecho generador. No es el simple hecho de ser el dueño de un bien de determinado valor. En estos países se reconoce que los vehículos de determinado peso deben pagar un canon mayor, porque producen más desgaste de la red vial. De la misma manera, los vehículos que contaminan más tienen un componente ambiental en el cobro del impuesto. En palabras sencillas, en la gran mayoría de los países en el mundo, y sobretodo en aquellos del mundo civilizado que queremos emular, estos impuestos si están asociados al uso y ruedo del vehículo y su impacto en la red o en el ambiente.
Asimismo, en todos estos países los cobros son extremadamente módicos; muy por debajo de lo que pagamos en Costa Rica. Los invito a que investiguen y comparen. En mi despacho hicimos una breve investigación con los países de la OCDE y nos sorprendimos con los montos que se pagan en estos países. Asimismo, comparamos el uso que se da en estos países a los recursos que se obtienen del pago de estos impuestos. En su inmensa mayoría, la recolección de estos rubros se utiliza en el mantenimiento de la red vial y en políticas de mitigación del impacto ambiental de los motores de combustión, lo cual contrasta con Costa Rica, donde menos de la mitad de lo que se recauda en este impuesto se destina efectivamente para el mantenimiento vial. Gran parte de la recaudación se utiliza para cubrir gasto corriente (salarios, insumos, aguinaldos, etc.) del Gobierno. ¿Es esto justo? Claramente no. ¿Debemos replantear totalmente la razón, la metodología de cálculo, el monto y el destino de este impuesto? Sin duda alguna.
Propone el ministro de Hacienda modernizar el Impuesto sobre la Renta, para lo cual presenta un sistema global (que nada tiene que ver con crear uno mundial, por aquello), cosa que, en buena medida cuenta con mi apoyo; bueno, entonces también modernicemos este impuesto bajo un estándar OCDE. Otorguemos un propósito claro, y una metodología clara que garantice una reducción de lo que pagan todos hoy en día.
Ese será el verdadero alivio para el bolsillo de los costarricenses.
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