Desde hace algún tiempo los costarricenses somos espectadores de hombres y mujeres que sobreviven a las inclemencias del sistema socioeconómico dominante en nuestro país.
Sin embargo, el cantón de Turrialba, que en otros tiempos fue pujante y ejemplar, pero que en las últimas cuatro décadas se ha visto afectado por las pocas posibilidades de empleo, educación técnica y de inversión extranjera directa en la zona, ahora es golpeado por el crimen organizado.
Lo que supone que, aunque Turrialba no se considera como área productora ni como fuerza consumidora de importancia, el narcotráfico la ha seleccionado como ruta de tránsito, penetrando ampliamente en la región debido fundamentalmente a la débil institucionalidad, un alarmante nivel de corrupción, impunidad y creciente pobreza.
Cabe destacar de acuerdo a los informes y estadísticas de las autoridades correspondientes, que la mayor parte de los hechos de violencia y las muertes que ocurren en nuestros países, se deben al involucramiento de muchas personas en las actividades ilegales del trasiego de drogas, donde existen disputas de territorio y de competencia por el negocio.
Precisamente hoy circula un documento en donde se anuncia el cierre de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil en Turrialba y no indica razones, situación que preocupa de manera significativa a los habitantes.
Señores de la Fiscalía, es de conocimiento general la crítica situación económica que padece nuestra nación y específicamente Turrialba como tal, en donde muchas personas se encuentran desempleadas lo que los hace vulnerables para recurrir a esta clase de actividades ilícitas.
Está claro, que estos males sociales se deben combatir con la presencia de instituciones como la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y otras organizaciones de trabajo voluntario y de oficios técnicos, para el fortalecimiento de valores en la sociedad, así como el mejoramiento de la educación para todos, creando oportunidades reales de progresar económicamente.
No basta, desenmascarar lo perjudicial de las muertes de pandilleros y del consumo y venta de drogas, es necesario librar una batalla cultural y judicial, en la que se recuperen elementos tan esenciales y a la vez cuestionados como la posibilidad de señalar algo como “malo” y el oponerse valientemente a ello como virtud de la fortaleza.
Ante la perversidad de esta realidad, la batalla no puede ser sólo responsabilidad de fuerza pública sino también de las instituciones correspondientes, pero específicamente de la F.A.P.J que conoce de la magnitud de la problemática porque son muchos los jóvenes menores de edad tentados por ese flagelo.
Finalmente, los efectos del narcotráfico tienen consecuencias devastadoras para todos los habitantes del país, por lo tanto, es un problema de Estado cuya solución pasa necesariamente por una institucionalidad fuerte, incorruptible y apegada estrictamente al Estado de Derecho.
