Elegir siempre es y será la esencia de lo que nos permite percibirnos como libres y ejercer efectivamente ese derecho fundamental a la libertad. Al elegir somos nosotros quienes definimos la ruta a seguir mientras que cuando son otros los que eligen nos vemos subyugados a su voluntad, teniendo así que ver cómo se nos impone lo ajeno sobre los valores propios.
Esto no es novedoso, en nuestras sociedades es común que los gobernantes impongan su visión de mundo, mediante el monopolio constitucional y legal de la fuerza, sobre nosotros, restringiendo así libertades personales bajo la justificación del “bien común”, como si todos fuésemos menores de edad que requerimos protección especial de las normas, instituciones y autoridades, algo inaudito cuando como adultos deberíamos disfrutar el derecho de tomar decisiones que no afecten derechos de terceros.
Una sociedad verdaderamente libre permite el flujo de la información para que sus ciudadanos, de acuerdo a sus creencias, valores y metas personales, elijan su camino, por eso es que somos conscientes que la obesidad está ligada a enfermedades graves, que las familias numerosas pueden tener más dificultades para satisfacer las necesidades materiales de sus miembros y que fumar es dañino para la salud, a partir de eso cada uno de nosotros como adulto libre decide cómo gestionar su actividad física y alimentación, elecciones reproductivas y si participa en un vicio dañino.
Sobre esto último, el cigarrillo, nos cuesta aceptar que también, con adecuada información y respeto por la individualidad, el vaporizador puede ser parte de un tratamiento efectivo para dejar atrás la adicción al fumado, lamentablemente las regulaciones impuestas por nuestro país al vapeador, incluyendo aquel que no tiene nicotina, son altamente restrictivas y desestimulantes que dificultan el acceso a las personas con bajos recursos.
La regulación excesiva, pesada y onerosa, crea la paradoja donde el Estado que debe velar por la salud termina obligando al ciudadano a seguir fumando, sin la consideración mínima a su adicción y vedando la alternativa facilitadora de un proceso de recuperación, atropellando derechos fundamentales básicos del vivir en sociedad, razón por la cual las personas que ejercen el gobierno deben ampliar los paradigmas de lucha contra la dependencia al tabaco e incluir el vaporizador como parte de las opciones de tratamiento, brindando al fumador una alternativa recreativa, accesible y terapéutica para el abordaje integral de su adicción.
En conclusión, si el derecho a elegir es fundamental, el de hacerlo por la salud es todavía de mayor rango porque es la protección de la vida misma (piedra angular del ordenamiento jurídico), de ahí que los gobernantes deben hacer un alto con las corrientes prohibicionistas mediante carga tributaria y en el tratamiento al vaporizador que lo colocan en igual o peor posición respecto al tradicional cigarro.
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