Aprovecho la discusión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que ha generado manifestaciones en las calles y enfrentamientos entre autoridades de gobierno y universitarias, para expresar que siempre es buen momento para cuestionar la organización de las instituciones públicas y que ser disruptivos es una vía saludable en este caso tan complejo.
El Fondo (FEES) que pagamos para financiar cinco Universidades Públicas, es de ¢564 mil millones en 2023. Ese monto es tan alto, que ni siquiera se cubre con el asalto que nos pega el Gobierno con el impuesto a los combustibles, que es de ¢554 mil millones al año. A todos nos duele, cada día, el precio tan alto de la gasolina a causa de los impuestos, pero a pocos le incomoda ver como se usa en sostener burocracia y privilegios en las universidades públicas, un monto aún mayor que nos cuesta tanto pagar.
Contar con cinco universidades públicas multiplica por cinco muchas estructuras organizativas repetitivas que generan miles de asalariados y pensionados de lujo. Por consiguiente, se fortalece una camarilla de protectores de feudos y privilegios que se van heredando esa tarea, de generación en generación sin que se rompa círculos viciosos insostenibles.
Si tuviéramos una gran Universidad Pública no se tendrían a varias organizaciones, cada una actuando a pocos kilómetros de las otras, repitiendo la misma oferta académica de Derecho, Economía, Sociología, Ciencias Políticas, Periodismo, Educación, etc. Con una buena reorganización se generarían ahorros suficientes para diversificar y ampliar una oferta académica más técnica y orientada a las STEM, y a las actuales necesidades del mercado para poder reducir el desempleo.
La UTN debería ser una continuación y perfeccionamiento de la valiosa labor que realiza el INA, y que se complemente con una oferta más sofisticada en temas de tecnología por parte del TEC.
Las facultades de ciencias sociales, económicas y educativas de la UNED, UNA y UCR deberían consolidarse en una, sin menoscabo de su cobertura. Por el contrario, podría aumentarse a más regiones consolidando esfuerzos que hoy están dispersos. Lo mismo se podría hacer con las carreras en ciencias de la salud. Y por favor, acabemos ya con esa cosa tan rara que es tener a dos observatorios sismológicos y vulcanológicos, uno en la UCR y otro en la UNA, repitiendo los mismos datos cada vez que tiembla.
Por lo anterior, una propuesta sensata y acorde con la realidad fiscal del país, consistiría en tener a lo sumo solo dos universidades púbicas; una bajo el alero de la UCR y la otra del TEC, ambas con una oferta académica remozada, con mayor orientación al mercado laboral, con herramientas de educación a distancia sobre plataformas digitales, con mayor eficiencia y aprovechamiento en el uso de los fondos públicos, sin quintuplicar rectorías, vicerrectorías, auditorías, departamentos de gestión humana, direcciones regionales, administración, planificación y gestión financiera; todo lo cual liberaría fondos para brindar más becas y elevar la cobertura y matricula en todo el país.
Además, se debe delimitar la “cacareada” autonomía constitucional para mejorar muchos temas de manejo presupuestario y financiero del sector público, empezando por bajar a nuestra realidad los estratosféricos salarios que reciben algunos profesores, que permanecen en la docencia más por el afán de seguir adoctrinando en temas ideológicos, que, por transmitir conocimientos a los estudiantes; ya que llevan décadas con sus mismas prédicas que solo sirven para atizar ciertos partidos políticos de izquierda. A propósito de esa autonomía, que oportuno sería conocer acerca de la venta de servicios que realizan las universidades mediante sus fundaciones, cuánto se auto pagan los docentes por esos trabajos extras y cuanto de la investigación que se realiza en las universidades se concretan en patentes o derechos industriales con valor comercial para el país. Al respecto, el mejor juzgador del aprovechamiento de esa extensión social podrían ser los emprendedores y microempresarios del país, a quienes habrá que ponerles atención sobre lo que tengan que decir.
Todo lo anterior, deja al descubierto la innecesaria y costosa figura gremial del CONARE (donde un auditor gana más de 7 millones al mes), que consume otra exorbitante cantidad de recursos, sin que a la fecha se vean los frutos de su labor de planificador de la oferta académica universitaria, ya que, si al menos hubiera servido para eso, no tendríamos a cinco universidades con iguales ofertas de carreras, peleándose por recursos y tratando de justificar su existencia, cada una a su manera.
Para que esto no sea solo un ejercicio mental inútil, aquí les dejo ejemplos de estructuras repetidas en las cinco universidades públicas que se podrían evitar, a sabiendas de que, como graduado de una de ellas, me vea sometido a la crítica incandescente que se despierta cuando se cuestionan intereses particulares.
Por último, dejaré para otra ocasión comentarles sobre el sistema de bonos de educación, en el cual los recursos se entregarían directamente al estudiante para que él decida en cual universidad estudiar, sea pública o privada. Así las universidades públicas tendrían que competir por los fondos que hoy reciben sin esfuerzo, y estarían obligadas a cuidar el dinero de los costarricenses con eficiencia y ofreciendo carreras que impulsen el progreso del país.
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