Quien niegue que en la Franja de Gaza se vive una crisis humanitaria a raíz de la guerra iniciada después de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamas no está defendiendo a Israel, sino niega una realidad observable.
La destrucción no es menor. Según la evaluación satelital más reciente de Naciones Unidas, para junio de 2026 alrededor del 82 % de las estructuras de la Franja había sufrido algún grado de daño y más de 134.000 aparecían clasificadas como destruidas. A ello se suman el desplazamiento interno de buena parte de la población, el deterioro de los servicios sanitarios y las enormes dificultades para recuperar una mínima normalidad.
Reconocerlo no significa ignorar cómo comenzó esta guerra, ni olvidar los asesinatos, secuestros y demás atrocidades perpetradas por Hamás y otros grupos armados palestinos el 7 de octubre. Tampoco significa concluir que toda muerte producida en Gaza constituye automáticamente un crimen de guerra. Y más aun, comprender este nivel de destrucción también implica entender con mayor profundidad por qué un aparato civil estaba al servicio de una organización terrorista, reconocer este nivel de destrucción es reconocer también la penetración de Hamas en todos los aspectos de la vida de los más de 2 millones de Palestinos, y como Hamas también utiliza la vida de estos como letra de cambio, y como escudos humanos.
Precisamente allí comienza una discusión que suele desaparecer con mucha facilidad, ya que en un conflicto armado, el resultado terrible de una operación no determina por sí solo su legalidad. El derecho internacional humanitario obliga a distinguir entre civiles y combatientes, exige proporcionalidad entre la ventaja militar prevista y el daño incidental esperado, y obliga a adoptar precauciones factibles para reducir ese daño. Una operación puede causar víctimas civiles y ser jurídicamente lícita; también puede tener un objetivo militar legítimo y, por la manera en que fue ejecutada, vulnerar esas obligaciones. La diferencia entre una cosa y otra la establecen los hechos, las reglas aplicables y la evidencia, no un documental o un video en redes sociales.
Es precisamente en ese terreno donde aparece NAZA (acronimo del hebreo Nezek agavi – daño colateral), el recién estrenado documental de los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor. La producción, galardonada con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia, se construye en buena medida a partir de los testimonios anónimos de 24 miembros o antiguos integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel y de los servicios de inteligencia. Sus declaraciones describen operaciones en Gaza, procesos de selección de blancos y el empleo de sistemas tecnológicos para identificar objetivos, y sostienen que en determinados ataques existía conocimiento previo de la presencia de civiles. Las FDI han rechazado las caracterizaciones generales realizadas por la película y han cuestionado, entre otras cosas, la dificultad de verificar testimonios presentados bajo anonimato. Es un documental que merece ser visto, pero verlo no implica entregarle anticipadamente el veredicto.
Ahí comienza mi problema con parte de la discusión que se ha generado alrededor de NAZA. Que 24 militares o antiguos funcionarios israelíes formulen acusaciones graves merece atención periodística, judicial y política. Lo que no significa que la condición de “israelí”, “soldado” o “insider” o incluso de “judío” transforme automáticamente una declaración en un hecho probado, porque un testimonio es evidencia, no necesariamente es la conclusión.
Esta distinción parece elemental hasta que entran en juego nuestras preferencias ideológicas. Israel mismo ha reconocido públicamente incidentes en los cuales algunas de sus operaciones provocaron daños a civiles. No solo los ha reconocido: existen mecanismos institucionales para investigarlos. La Fiscalía Militar y el mecanismo de evaluación de hechos de las FDI han examinado episodios de la guerra. En agosto de 2026, las propias FDI informaron que ese mecanismo había completado el análisis de aproximadamente 150 incidentes y que algunos habían derivado en investigaciones penales.
Eso no demuestra que el sistema sea perfecto ni permite anticipar cuál debe ser el resultado de cada investigación. Pero revela una diferencia importante entre reconocer que durante una guerra pueden producirse errores, negligencias o incluso actuaciones ilícitas, y sostener que esos hechos demuestran necesariamente una política sistemática de asesinato deliberado de civiles. Son afirmaciones distintas y requieren niveles distintos de evidencia.
Aquí aparece entonces una contradicción que me resulta particularmente interesante. Cuando un miembro de las FDI denuncia al ejército israelí, su condición de israelí y de judío parece conferirle inmediatamente una especie de presunción de autenticidad: “si lo dice un israelí, debe ser cierto”. Pero el mecanismo cambia cuando quien habla es un palestino y su testimonio compromete a Hamás.
Tomemos un caso conocido: Mosab Hassan Yousef, hijo de Sheikh Hassan Yousef, uno de los dirigentes fundadores de Hamás. Quien ha descrito públicamente abusos cometidos por Hamás contra palestinos y relató haber presenciado en prisión torturas y asesinatos contra personas sospechosas de colaborar con Israel. ¿Significa eso que todo lo que afirma Mosab Hassan Yousef debe aceptarse sin cuestionamiento? Por supuesto que no. Pero exactamente el mismo principio debería aplicarse a cualquier denunciante, venga de donde venga. Porque aquí hay una especie de falacia de autoridad por proximidad: asumir que una afirmación es verdadera simplemente porque quien la realiza perteneció al grupo al que acusa.
Y es legítimo preguntarse por qué determinados testimonios internos contra Israel alcanzan rápidamente una enorme resonancia internacional mientras que las denuncias formuladas por palestinos contra Hamás reciben, con frecuencia, una atención considerablemente menor. La pregunta resulta todavía más incómoda cuando observamos lo ocurrido dentro de Gaza. En septiembre de 2025, Reuters verificó imágenes de la ejecución pública de tres palestinos acusados por las autoridades dirigidas por Hamás de colaborar con Israel. Un mes después, en medio del intento de Hamás por reafirmar su control sobre Gaza, se reportaron nuevas ejecuciones de personas que el movimiento identificaba como colaboradores.
No recuerdo que estas escenas provocaran en determinados círculos occidentales una movilización comparable a la que genera cualquier denuncia proveniente de un miembro de las fuerzas israelíes. Y, sin embargo, también son palestinos, también tienen nombres y familias, y también pueden ser víctimas.
Hablar de la responsabilidad de Hamás no elimina la responsabilidad que pueda corresponder a Israel por una operación concreta. Del mismo modo, documentar un ataque israelí que causó víctimas civiles no convierte mágicamente a Hamás en un actor secundario dentro de la tragedia de Gaza. Ambas responsabilidades pueden coexistir, y también ser excluyentes. Esta es probablemente una de las mayores dificultades del debate contemporáneo: hemos convertido conflictos extraordinariamente complejos en relatos que exigen escoger una sola víctima y un solo victimario.
Hamás no ha sido un observador pasivo del sufrimiento de su propia población, sino un actor directo del mismo. En 2024, The Wall Street Journal publicó mensajes de Yahya Sinwar —entonces líder de Hamás en Gaza y uno de los principales arquitectos del 7 de octubre— en los que describía las pérdidas civiles palestinas como “sacrificios necesarios” dentro de una estrategia destinada a aumentar la presión internacional sobre Israel. Esa información resulta fundamental porque permite comprender una de las dimensiones más perversas de esta guerra: el sufrimiento de la población palestina Hamas la convierte en un activo estratégico. Cada civil muerto es una tragedia. Pero también es una fotografía, un titular, una condena diplomática y un argumento político, y Hamás lo sabe.
Precisamente por ello, Israel debe, -y lo hace- actuar conforme al derecho internacional cuando enfrenta a una organización que se beneficia políticamente del costo humanitario.
Defender a Israel no debería significar sostener que Israel nunca se equivoca. Para mí significa algo bastante distinto: defender el derecho de Israel a existir, a proteger a su población y a combatir a quienes deliberadamente asesinan y secuestran a sus ciudadanos, al mismo tiempo que se le exige aquello que debemos exigir a cualquier Estado democrático que dispone de fuerzas armadas profesionales: legalidad, disciplina, rendición de cuentas y capacidad para investigar sus propios errores. La cuestión aquí es ¿exigimos exactamente lo mismo cuando se trata de Hamas o de las organizaciones palestinas? ¿Esperamos lo mismo de sus lideres afincados en Catar? ¿Actúan las organizaciones internacionales con la misma precisión quirúrgica cuando se trata de denunciar los actos de Hamas? ¿Dan los medios de comunicación visibilización y cobertura a los documentales que muestran evidencia de la culpabilidad de Hamas?
Por eso tampoco comparto las inicitivas de retirar la ciudadanía a Abraham y Szor por haber realizado NAZA, pero esa misma apertura exige reciprocidad, no podemos celebrar la voz disidente cuando perjudica a Israel y despreciarla cuando incomoda a Hamás. No podemos afirmar que debemos “escuchar a los soldados” cuando denuncian a las FDI y desentendernos de los palestinos que denuncian torturas, ejecuciones o abusos cometidos por las autoridades que han gobernado Gaza. El estándar debe ser el mismo.
Lo demás pertenece al terreno de las convicciones. Y vivimos precisamente en una época en la que las convicciones parecen valer más que la evidencia. Alguna vez escribí que tener la razón está sobrevalorado. Quizá habría que expresarlo mejor: hoy parecer tener la razón suele ser más rentable que tenerla. Un influencer con cincuenta mil seguidores puede proyectar más autoridad que un investigador que lleva años estudiando un conflicto. Un video viral puede imponerse sobre un expediente de cientos de páginas. Una ovación de veinticinco minutos en un festival internacional puede convertir un documental en acontecimiento político antes de que buena parte del público haya tenido siquiera la oportunidad de contrastar sus afirmaciones. NAZA recibió una extraordinaria recepción en Venecia. Ese reconocimiento no demuestra que sus acusaciones sean verdaderas.
Porque si solamente creemos al israelí cuando acusa a Israel, al palestino cuando acusa a Israel y al organismo internacional cuando acusa a Israel, pero dejamos de escuchar cuando alguno de ellos introduce hechos que complican nuestro relato, entonces ya no estamos buscando la verdad. Estamos buscando testigos para una conclusión que habíamos escrito de antemano.
