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Villalobos asegura que Colegio de Abogados no tiene competencia para sancionarlo

San José, 17 sep (elmundo.cr) – El diputado de Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, fue inhabilitado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para ejercer la profesión durante ocho años y seis meses, tras resolverse tres expedientes disciplinarios en su contra por faltas graves.

Pese a que el legislador presentó su renuncia voluntaria al gremio el pasado 20 de agosto, alegando que no ejercería más la abogacía para dedicarse a tiempo completo a su labor en la Asamblea Legislativa, el órgano disciplinario determinó que los procesos en su contra debían continuar su curso.

Ante la resolución, Villalobos sostuvo que la medida es improcedente. “Hace varias semanas renuncié al Colegio de Abogados, le dije a los costarricenses que no iba a ejercer más la profesión y me retiré voluntariamente del colegio profesional; sin embargo, me entero que ese órgano sigue queriendo sancionarme”, afirmó.

El diputado insistió en que el ente gremial carece de jurisdicción sobre él en este momento. “No tienen competencia alguna, ya yo no soy miembro de ese colegio, no me interesa seguir siendo miembro de ese colegio, les entregué mi carnet profesional porque así lo pidieron cuando presenté mi carta de renuncia, así que cualquier posibilidad de sancionarme no es posible jurídicamente porque no tienen competencia para ello”, añadió.

No obstante, las autoridades del Colegio de Abogados han sido enfáticas en que la inhabilitación o renuncia voluntaria de un profesional no detiene las investigaciones disciplinarias que ya se encuentran en trámite.

Según la normativa, el proceso continúa y las sanciones impuestas, como la suspensión acumulada de 102 meses, entrarán en vigor en caso de que el legislador decida volver a colegiarse en el futuro.

Las sanciones derivan de denuncias por incumplimiento de deberes de probidad, corrección y diligencia, así como por recibir dinero por servicios profesionales que, según los denunciantes, no fueron ejecutados. En uno de los casos, se ordenó además el reintegro de ₡6.140.000 a una pareja afectada.

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