El pasado 5 de junio se celebró el Día mundial del Ambiente. La festividad, sin embargo, estuvo empañada por la decisión del presidente de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París, que busca combatir el cambio climático, la mayor amenaza a la existencia de la vida en el planeta. Dicha medida comprende un duro traspié a los intentos por evitar una catástrofe humana en el largo plazo, así como altos costos socioeconómicos en los próximos años.
Considerar que el cambio climático se reduce a impactos ambientales, es ignorar la naturaleza de un fenómeno con aristas en todas las dimensiones. Según el Informe Stern (encargado por el Departamento del Tesoro del Reino Unido) un aumento en la temperatura de la Tierra de 5 a 6 grados centígrados (escenario viable en el próximo siglo bajo la trayectoria actual) generaría pérdidas promedio equivalentes entre 5 y 10% de la producción mundial, y en el caso de los países pobres, los costos superarían el 10% del PIB.
Algo llamativo es, sin duda, la imprecisión detrás de los argumentos de la Casa Blanca, quien considera el Acuerdo de París injusto para los EEUU, oneroso y un lastre para su economía. Lo cierto es que la ciencia detrás de los argumentos de Donald Trump está ausente. Estudios de las Naciones Unidas estiman que desde 1850, Norteamérica y Europa han producido cerca del 70% de todas las emisiones de CO2, mientras sus contrapartes en desarrollo han aportado menos del 25%. Durante las negociaciones del Acuerdo de París, quedó claro que los EEUU comprenden el 5% de la población mundial, pero anualmente aportan el 15% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Por tanto, si se aplica un criterio de justicia, los EEUU deberían recortar sus emisiones en dos terceras partes, sin embargo, el expresidente Obama había comprometido al país a reducir sus emisiones tan sólo un 27% para 2025.
Por otra parte, las economías que se han volcado hacia las energías renovables y la reducción de emisiones, lejos de pasar angustias, han experimentado un crecimiento económico tanto o más acelerado que el resto, pero con ganancias mayores en términos ambientales y de calidad de vida. Los costarricenses somos ejemplo vivo de esta realidad, y a lo interno de los propios EEUU, el estado de California es muestra de una economía pujante, de la mano de las más exigentes regulaciones ambientales del país.
En el corto plazo, todas las industrias se estarán volcando hacia la producción de bienes y servicios menos intensivos en emisiones nocivas para la atmósfera. El mercado para ellos se amplía, y quienes se orienten hacia allá más tarde quedarán rezagados. Los EEUU perderán la ventaja competitiva en varias industrias.
En la palestra está además, que el resto del mundo no se quedará de brazos cruzados, los países que forman parte del Acuerdo de París anunciaron su indisposición a renegociarlo, y la intención en seguir adelante sin los EEUU. La competencia internacional por ver quién descarboniza su economía más rápido ya comenzó, y es probable que las propuestas por sancionar legal o moralmente a los bienes intensivos en carbono se reactiven.
Para el caso de Costa Rica, es preciso señalar que el país se ha posicionado a escala global, como uno de los pioneros y promotores del compromiso de la sociedad con la protección del ambiente y el uso de fuentes energéticas renovables. Las políticas públicas para la conservación y recuperación de los bosques y la biodiversidad, tanto con el sistema de áreas de conservación del SINAC así como con el Pago por Servicios Ambientales (PSA), han logrado posicionar al país como ejemplo en los esquemas de financiamiento y gestión de la recuperación de los bosques. El Inventario Nacional Forestal 2012-2014 estimó que en 17 años (1996 y 2013) la cobertura boscosa aumentó un 12%, con más del 50% del territorio nacional destinado a ello.
Sin embargo, aún existen retos importantes. El caso de la minería en Crucitas y los constantes reclamos de grupos ecologistas por el uso de agrotóxicos en las plantaciones de piña y palma africana, han sido contestados por parte de las cámaras empresariales involucradas descalificando las fuentes y los resultados que amparan dichos reclamos. Las tensiones han sido oscilatorias pero constantes, lo cual es natural en un entorno en que se mezclan necesidades válidas y urgentes, como la lucha contra la pobreza y mejora de las condiciones de vida, y el combate al cambio climático.
Pero ambas metas son compatibles, si bien la publicación del índice de desarrollo social del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) en el 2013 señaló que existe un evidente rezago en el desarrollo social en los cantones ubicados en áreas silvestres protegidas, la hipótesis fue rechazada en el Vigésimo primer Informe del Estado de la Nación (2015), donde se señala que diversos estudios no han encontrado evidencia que el Sistema de Áreas de Conservación haya ocasionado un aumento en la pobreza promedio en las comunidades vecinas, sino lo contrario. Tanto el ecoturismo, el turismo y le generación eléctrica fueron actividades económicas que mejoraron la calidad de vida de los habitantes de zonas cercanas a parques y áreas protegidas.
Ya han sido trazadas las rutas para un desarrollo más equitativo social y ecológicamente, uno cuyas aspiraciones no representen una amenaza global para la vida; es responsabilidad de todos y todas contribuir con ello, las generaciones futuras nos lo agradecerán.
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