Gran polémica ha causado la supuesta contratación de un trol por parte de la ministra Joselyn Chacón. Más allá del gran revuelo amarillista, las causas, las consecuencias y la cobertura deben analizarse a fondo y en contexto, algo vital en temas públicos. Se ha manejado de forma antojadiza los temas de ética pública, porque muchos periodistas y políticos descuidan casos de una gravedad bastante mayor. Se tergiversa de modo muy cuestionable el término libertad de expresión. Además, debe tenerse cuidado con las posibles derivas del tema. Y también no deben olvidarse las posibles causas de la exageración del tópico.
La ética de la función pública debe ser una
Vemos actuaciones muy dispares en torno a casos de libertad de prensa y de fueros democráticos. La ministra Chacón no hizo bien, cometió un error infantil. Contrario a lo hecho por otros en gobiernos pasados, esta funcionaria admitió su yerro. Chaves procedió como es debido y la corrigió. Esto guarda una infinita distancia con toda una serie de casos donde se omitió por completo la censura social, la investigación y el control políticos. No se trata de justificar una cosa con otra, sino de jerarquizar actuaciones públicas. Vemos una infinita hipocresía en el proceder de periodistas, diputados y académicos. Porque esos que ahora se rasgan las vestiduras ni chistaron en el pasado, algunos hasta eran adalides de los victimarios.
Hace escasos años ahí estaba el entonces ministro Salas, controlando dictatorialmente las preguntas en las conferencias de prensa. Este caso resulta especialmente grave, por cuanto frustró el derecho a la información en un tema tan sensible como la salud, y en una época crítica, como lo fue la pandemia. No vimos al Colegio de Periodistas tomando cartas en el asunto. Y diputados, muy pocos, pues el PLN y el PUSC cogobernaron con el PAC (deben pagarlo caro electoralmente, por supuesto, en 2024 y 2026).
Flaca memoria tiene gran parte de los nuevos “indignados”. Olvidan la nefasta campaña “adopte un diputado”, orquestada por grupos afines al PAC en 2018. Al más puro estilo del chavismo venezolano, se trataba de acosar políticamente a los diputados recién electos cuando eso (obviamente con foja limpia por estar empezando), la iniciativa iba dirigida contra partidos diferentes al PAC, los cuales serían sometidos en realidad a dicho acoso por sus posturas político-ideológicas. El plan no próspero, pero ningún “defensor de las libertades” que hoy pululan protestó.
Libertad no es libertinaje
Tras leer los diferentes argumentos dados en torno al caso de los troles, se evidencia una supuesta angustia por la libertad de expresión. Quienes así se expresan desconocen elementos básicos del andamiaje democrático-liberal. Pues la libertad propia tiene un límite: la libertad de los demás. Una “libertad” ilimitada que atropella a todos es la de Calígula, personaje central de la homónima obra de Albert Camus, no la de la democracia liberal. Que dos de esos “indignados” de hoy hicieran una “entrevista” para atacar a la defensora Catalina Crespo fue inaudito. También lo fue la cobertura inicial dada al caso de la anestesióloga Cedeño, pues esa misma empresa televisora no tuvo escrúpulos para denigrar a dicha señora, víctima de un crimen atroz, tanto así que en esta denuncia coincide conmigo un medio digital.
Asimismo, es ignominiosa la cobertura de las campañas electorales por parte de ese periódico y ese canal, muy lejos de discutir seriamente, construyen imágenes maniqueas, se dedican a bombardear a un candidato por semanas y semanas; claramente eso no es ni informar, ni contribuir con el sistema democrático, sino manipular la elección presidencial, fabricando “monstruos” de una maldad infinita. Así operaron en 2018 contra Fabricio Alvarado (a quién se atacó sobre todo por su fe, pues nunca pudieron imputarle penalmente el asunto de las bolsas con dinero), y en 2022 contra Rodrigo Chaves, atacándolo por el supuesto caso de acoso (sin ver que, si el hecho fue juzgado, no podía castigarse ilimitadas veces a Chaves por una misma falta, y si no hubo nada comprobado por la ley, peor, pues era inocente; el derecho moderno no opera con suposiciones ni con medias acusaciones). Antes se ensañaron con José Miguel Corrales en 1998; a contrapelo de la pureza electoral, un medio publicó una encuesta el propio día de las elecciones, donde él perdía por amplio margen, desalentando el voto; siendo generosos digamos que el estudio fue un adefesio. Corrales perdió por pequeño margen, pero el daño ya estaba hecho y la elección fue tendenciosa a más no poder.
Por supuesto, no podemos olvidar el circo mediático de mentiras y victimización respecto al Parque Viva. El hecho histórico habla de su cierre ya en 2011 debido a quejas de los vecinos, al respecto se informó: “De acuerdo con la ministra de Salud, María Luisa Ávila, las molestias de los vecinos datan desde el 2003, sin embargo, desde el año pasado las denuncias han venido en aumento” (Barquero, K., 1 de abril de 2011, Al Día). Esto fue obviado de manera perversa. Misma suerte corrieron los argumentos técnicos del MOPT, del Ministerio de Salud y del Cuerpo de Bomberos en el 2022; en vez de intentar refutarlos, se pasó a decir, sin más, que era una vendetta política y un atentado contra la libertad de expresión. Una gran falsedad, porque el Parque Viva no es un periódico, sino un negocio conexo de una empresa periodística ¿Qué sigue? Si un diputado alquila casas, y le clausuran una por estar inhabitable y llena de ratas, ¿Dirá que es persecución política? Al menos según John Locke nadie puede estar por encima de la ley, por más dinero que tenga ni por más que brinque y patalee.
¿Dónde estuvo el Colegio de Periodistas en todos estos casos? Porque un colegio profesional no solo debe golpear la mesa para defender a los agremiados, también debe velar por el ejercicio ético de la profesión. Y si un colegio profesional no actúa, ¿Pretenden que el poder ejecutivo sonría, sea feliz, y baile Cumbayá, mientras recibe ataques sistemáticos y leoninos de medios y de troles?
La libertad de expresión no está amenazada. En todo caso no hay absolutamente ningún proyecto de ley del Ejecutivo ni de PSD para socavar a la prensa. Tampoco hay amenazas ni coerciones del aparato estatal. Únicamente han ocurrido intercambios fuertes de palabras, algo normal y esperable cuando algunos actores periodísticos y políticos usan ardides vergonzosos y repudiables, y casi nadie actúa para contrarrestarlos. Y respecto a la ministra Joselyn Chacón, ya se disculpó; no se vale gastar tanto papel, tinta y megabytes cuando en el país hay problemas de verdad.
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