Un mes de cárcel.
Un mes de cárcel por una frase. Por una frase gritada con megáfono, en la calle, frente a la Asamblea Legislativa, en el idioma en que habla la gente cuando está brava. No en una tesis doctoral. No en un editorial de The Economist. En la acera, con megáfono, como se ha protestado en este país desde que este país existe.
Y aquí estamos, en la Costa Rica de 2026, discutiendo con toda seriedad institucional si “sacarle el sirope de la nariz” es un delito.
Se lo digo de una vez, para que nadie pierda el tiempo buscando en qué bando me tiene: no me interesa defender el buen gusto de Yendry Quirós. El buen gusto no está en discusión. Nunca estuvo.
Lo que está en discusión es algo mucho más incómodo, y es esto: si el Estado costarricense puede meter a una mujer del pueblo a dos juicios penales, obligarla a repetir el debate después de haber sido absuelta, y salir de ahí con una condena, por una grosería política dicha a gritos contra un diputado.
Porque si puede, señores, entonces todos estamos a un megáfono de distancia del banquillo.
Roma ya había resuelto esto
Déjenme contarles algo que los romanos entendían mejor que nosotros.
Cuando un general romano volvía victorioso y se le concedía el triunfo —el desfile, la corona, la gloria, el carro dorado por la Vía Sacra—, sus propios soldados marchaban detrás de él cantándole burlas. Carmina triumphalia, se llamaban. Y no eran burlas suaves. A Julio César, en su triunfo, sus legionarios le cantaron en la cara sus deudas, sus mujeres, su calvicie y sus rumores sexuales más humillantes. Delante de todo el pueblo. El hombre más poderoso del mundo conocido, escuchando chistes de cuartel sobre su vida íntima, y sin poder hacer nada, porque esa burla era parte del rito. Era, literalmente, el precio del poder.
Ese era el punto. El que sube al carro dorado se expone a la carcajada. Se expone porque subió.
Antes que Roma, Aristófanes. En Atenas, Cleón era el político más temible de la ciudad, y Aristófanes lo destrozó en escena, lo llamó ladrón, lo caricaturizó de cuerpo entero. ¿Y qué hizo Cleón? Lo que hacen siempre: lo llevó a los tribunales. Y Aristófanes, apenas salió, escribió Los caballeros y lo destrozó otra vez, más fuerte, más sucio, más certero. La comedia le ganó al juicio. Siempre le gana, con el tiempo.
Ahora la parte oscura, que es la que importa.
Roma no se quedó ahí. Cuando la República murió y llegó el Imperio, apareció una figura jurídica preciosa, elegante, técnica: la lex maiestatis. La ofensa a la majestad. Y bajo Tiberio esa ley, que nació para castigar la traición armada, se estiró como chicle hasta cubrir las palabras. Cremucio Cordo fue procesado por escribir que Bruto y Casio habían sido los últimos romanos. Por escribir eso. Se dejó morir de hambre antes que esperar la sentencia.
De ahí venimos. Esa es la partida de nacimiento del delito de ofender al funcionario. No nació para proteger al ciudadano. Nació para proteger al César.
La pera de Philipon
Salte conmigo dieciocho siglos.
Francia, 1789. El pueblo que hizo la Revolución la hizo, entre otras cosas, a punta de panfletos, canciones obscenas y caricaturas salvajes contra la corte. Los libelles que circulaban contra María Antonieta eran de una vulgaridad que hoy nos haría cerrar los ojos. Y de ese barullo de imprentas clandestinas y grosería popular salió el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre: la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre.
Uno de los más preciosos. Así lo escribieron. No uno más de la lista.
Y ahora la parte que siempre se olvida. En 1831, el caricaturista Charles Philipon fue llevado a juicio por dibujar al rey Luis Felipe como una pera. Frente al tribunal, en plena audiencia, Philipon tomó un papel y dibujó cuatro bocetos: el rostro del rey convirtiéndose, trazo a trazo, en una pera. Y les preguntó a los jueces: ¿en cuál de estos dibujos empieza el delito? Si condenan la pera, van a tener que condenar cualquier cosa que se le parezca.
Lo condenaron igual. Y a Honoré Daumier, poco después, le dieron seis meses de cárcel por una caricatura.
Y hoy nadie recuerda el nombre de esos jueces. Pero la pera está en todos los libros de arte del mundo.
Lo que dice el derecho, no lo que dice mi opinión
Aquí me quito el sombrero de columnista y me pongo el de abogado, que es el que me pagaron por estudiar.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos —firmada, dicho sea de paso, aquí, en San José, y por eso llamada Pacto de San José— establece en su artículo 13 la libertad de pensamiento y expresión, y prohíbe expresamente la censura previa y los medios indirectos de restricción.
La Corte Interamericana ha construido sobre esa norma una doctrina que en este país se cita mucho y se aplica poco: el funcionario público tiene un umbral de protección reducido. No porque valga menos como persona, sino porque se expuso voluntariamente al escrutinio de la sociedad. Quien pide el voto, quien cobra del erario, quien legisla sobre la vida de los demás, acepta que le griten. Acepta que le hagan chistes crueles. Acepta que lo caricaturicen de pera.
Ese criterio no lo inventé yo. Está en Herrera Ulloa contra Costa Rica, donde este país fue condenado internacionalmente por usar el derecho penal contra un periodista. Está en Kimel contra Argentina, donde la Corte ordenó a un Estado reformar su Código Penal por vaguedad en los tipos que castigan la palabra. Está en la Opinión Consultiva 5/85, que la propia Costa Rica solicitó.
Costa Rica ha sido pionera en pedir estos criterios afuera y notablemente perezosa en aplicarlos adentro.
Y hay un principio más, elemental, de primer año: el derecho penal es última ratio. La última razón. No la primera, no la más cómoda, no la más ruidosa. Cuando el Estado usa la cárcel para resolver un conflicto de palabras entre un diputado y una manifestante, no está haciendo justicia: está mandando un mensaje. Y el mensaje llega. Ese es exactamente el problema.
Los juristas le llaman efecto amedrentador. Yo lo llamo por su nombre tico: miedo a hablar.
La pregunta incómoda
Ahora viene la parte que me va a costar amigos.
¿Alguien cree, honestamente, con la mano en el pecho, que este proceso habría caminado con la misma velocidad, la misma persistencia y el mismo empeño si los papeles estuvieran invertidos? ¿Si la del megáfono hubiera sido una activista del Frente Amplio y el ofendido un diputado del oficialismo?
No hablo de conspiraciones. No necesito conspiraciones. La parcialidad rara vez se firma en un documento: se manifiesta en las prioridades. En qué expediente camina y cuál duerme. En cuánto tarda la Fiscalía en apelar una absolutoria contra una mujer de pueblo, y cuánto tarda en moverse contra los poderosos de siempre.
Y hay un dato procesal que a los ciudadanos les cuesta digerir, y con razón: esta mujer ya había sido absuelta. En marzo de 2025, un tribunal penal dijo que no había delito. Y el Estado, que perdió, pidió otra oportunidad. Y se la dieron. Y en la segunda vuelta, con el mismo hecho y las mismas palabras, ahora sí hubo condena.
Yo entiendo la técnica. Sé lo que dice la ley sobre la anulación de sentencias y el reenvío. No estoy diciendo que sea ilegal. Estoy diciendo algo peor: que es legal, y que aun así deja un sabor amargo. Porque el Estado tiene abogados pagados, presupuesto y tiempo infinito. Ella tiene dos hijos y ocho años de desgaste encima.
Cuando el Estado juega de local, con dos oportunidades y árbitro propio, la palabra “juicio” empieza a sonar rara.
Lo que de verdad está en juego
Termino con lo único que me importa de todo esto, y no es Yendry Quirós.
El Poder Judicial es la última cosa seria que le queda a esta República. Es la institución que nos separa de ser Nicaragua, de ser Venezuela, de ser cualquiera de esos lugares donde el juez atiende el teléfono antes de dictar. Y esa institución no se destruye de un solo golpe. Se destruye así: expedientito por expedientito, condena chiquita por condena chiquita, mes de cárcel por mes de cárcel, hasta que un día el ciudadano promedio ya no cree que ahí adentro haya justicia, sino administración de simpatías.
A los que hoy celebran esta condena porque le tocó a alguien del bando contrario, les dejo una advertencia que no es moral, sino aritmética: el poder rota. Siempre rota. Y la herramienta que usted afila hoy contra su adversario va a estar ahí, brillante y bien engrasada, esperándolo a usted cuando pierda las elecciones.
Roma lo aprendió tarde. Francia lo aprendió a punta de guillotina.
Nosotros todavía estamos a tiempo. Pero cada vez menos.
Que le saquen el sirope a las ideas malas, señores. A las malas ideas, y en el debate público, que es donde se les saca. No a la gente, y no en un tribunal.
