Costa Rica ha construido una reputación internacional basada en la protección ambiental, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Sin embargo, esa imagen obliga al país a mantener una revisión constante de sus políticas públicas frente a los avances de la ciencia y las nuevas exigencias de la salud pública. En materia de plaguicidas, el debate ya no debería limitarse a la legalidad de los registros vigentes, sino a la capacidad institucional para reevaluar sustancias cuestionadas internacionalmente y promover alternativas que reduzcan los riesgos para las personas y el ambiente.
El Servicio Fitosanitario del Estado desempeña una función esencial como autoridad reguladora de los plaguicidas agrícolas. No obstante, la regulación moderna exige algo más que registrar productos y supervisar su comercialización. También requiere mecanismos permanentes, transparentes y técnicamente sólidos para revisar periódicamente aquellas sustancias que han sido restringidas o retiradas en otras jurisdicciones debido a nueva evidencia científica sobre sus posibles efectos sanitarios o ambientales. Esta tarea demanda un trabajo articulado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, así como una capacidad institucional que permita responder oportunamente a los nuevos conocimientos científicos.
Diversos países y organismos técnicos han intensificado durante los últimos años la revisión de plaguicidas considerados altamente peligrosos. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer han contribuido a generar evidencia científica sobre los riesgos asociados a determinadas sustancias. Como resultado, numerosos países han restringido o prohibido ciertos productos debido a preocupaciones relacionadas con toxicidad aguda, posibles efectos carcinogénicos, alteraciones endocrinas, afectaciones neurológicas o daños a los ecosistemas.
La necesidad de fortalecer estos procesos de regulación y fiscalización se vuelve aún más importante cuando se consideran los posibles efectos crónicos asociados a ciertos plaguicidas. A diferencia de las intoxicaciones agudas, que suelen ser visibles e inmediatas, algunas afectaciones neurológicas, endocrinas, inmunológicas, reproductivas u oncológicas pueden tardar años en manifestarse. Precisamente por ello, el principio precautorio exige una vigilancia constante, una actualización permanente del conocimiento científico y mecanismos eficaces para revisar periódicamente los registros existentes.
Sin embargo, la discusión no debería agotarse en la prohibición o restricción de determinados productos. Una política pública verdaderamente moderna también debe preguntarse qué alternativas se están promoviendo para que los productores puedan mantener su competitividad sin depender exclusivamente de sustancias de mayor peligrosidad. La protección de la salud pública, la sostenibilidad ambiental y la productividad agrícola no son objetivos incompatibles; por el contrario, deben avanzar de manera complementaria.
En este contexto, los bioplaguicidas y otras herramientas de manejo integrado de plagas representan una oportunidad estratégica para el país. Estos productos, desarrollados a partir de microorganismos, extractos biológicos o mecanismos naturales de control, están siendo impulsados en numerosos mercados internacionales como parte de una transición hacia modelos agrícolas de menor impacto ambiental. Aunque también requieren regulación y controles técnicos, suelen ofrecer perfiles de riesgo más favorables que muchos plaguicidas sintéticos tradicionales y pueden contribuir a reducir la dependencia de sustancias consideradas de mayor preocupación.
Costa Rica cuenta hoy con la Política Pública para los Plaguicidas de Uso Agrícola 2024-2034, un instrumento que reconoce la necesidad de fortalecer la gestión integral de estas sustancias, mejorar la coordinación institucional, promover la investigación y fomentar alternativas más sostenibles. La adopción de esta política constituye un avance relevante, ya que refleja un reconocimiento estatal de los desafíos asociados al uso de plaguicidas y establece una hoja de ruta para enfrentarlos durante la próxima década.
No obstante, la pregunta que debe plantearse el país no es únicamente si existe una política pública en materia de plaguicidas, sino si las acciones desarrolladas hasta ahora son suficientes para alcanzar las metas que esa misma política propone. La reevaluación de sustancias cuestionadas internacionalmente, el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria y ambiental, la generación de evidencia científica nacional y el impulso efectivo a alternativas más seguras son desafíos que continúan vigentes y cuya atención no puede postergarse.
Por ello, el verdadero desafío para las autoridades regulatorias consiste en avanzar simultáneamente en dos direcciones. Por un lado, fortalecer la revisión periódica de sustancias sobre las cuales surgen nuevas evidencias científicas. Por otro, crear condiciones que faciliten la investigación, el registro y la adopción de tecnologías agrícolas más seguras y sostenibles. Ambas tareas son complementarias y forman parte de una misma responsabilidad pública orientada a proteger la salud, el ambiente y la competitividad del sector agrícola.
Costa Rica tiene la oportunidad de consolidar un modelo agrícola que combine productividad, innovación y protección de la salud pública. El éxito no se medirá por la existencia de una hoja de ruta, sino por la capacidad del país para traducirla en decisiones efectivas que permitan anticipar riesgos, promover alternativas y responder a los desafíos ambientales y sanitarios del siglo XXI.
