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El presidente no debe ignorar los derechos humanos de los puntarenenses

» Por Carmen Chan Mora - Diputada del Bloque Nueva República

El presidente de la República Carlos Alvarado Quesada fue interrogado luego de firmar el Pacto Global Migratorio de la ONU, donde expresó que: “Mientras yo sea presidente vamos a defender los derechos humanos porque eso es lo que le toca a un presidente de Costa Rica”. También se refiere a una sociedad costarricense “más igualitaria y menos discriminatoria”.

Indica el comunicado de prensa de Casa Presidencial que: “siempre la ha mantenido firme en su convicción de que el Gobierno de la República tiene que ser para todos.”

En Casa Presidencial no existen políticas públicas orientadas a brindar soluciones a los problemas de acceso a la educación superior y empleos que carecen los puntarenenses, los cuales están excluidos o discriminados de alguna forma en las políticas del Gobierno de la República.

La desigualdad territorial o geográfica de las regiones que integran un Estado ha sido el centro de discusión en los diferentes escenarios del debate internacional.

Tanto así, que en el Informe de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) adoptado el 25 de septiembre de 2015 por los líderes mundiales celebrado por las Naciones Unidas, destacaron dos aspectos medulares en el marco de este documento:

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El primero, es el que expresa la necesidad de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.” Mientras que el otro propone: “reducir la desigualdad en y entre los países.”

Pero el Pacífico Central según datos de la Encuesta Nacional de Hogares del 2017 (ENAHO), era la región en todo el país con mayor nivel de desempleo (un 14% para el I trimestre del 2018) y pobreza (cerca del 30%), y fue la única en donde aumentó la desigualdad producto de las nulas políticas para estas comunidades durante la Administración Solís Rivera. Es necesario resaltar que el ingreso total del hogar, el ingreso por trabajo y el ingreso por salario en el Pacífico Central es el menor de todas las regiones del país.

Le presenté al señor presidente Carlos Alvarado durante mi visita a Casa Presidencial, una propuesta que podría generar hasta 1.500 puestos de trabajo directos en Puntarenas, y todavía seguimos a la espera de una respuesta por parte del Gobierno de la República.

En cuanto al acceso a la educación superior, ¿cuáles medidas está impulsando su Administración para que el Pacífico Central reciba más del 1% que recibe actualmente del FEES?

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Según el Quinto y Sexto Informe del Estado de la Educación, nos indica que el Pacífico Central es la región que menos sedes de universidades públicas y privadas tiene. La Sede del Pacífico de la UCR, para el año 2013 dicha sede recibió el 0,81% mientras que en el 2015 recibió el 1% del total de su presupuesto, y no existen sedes de la UNA ni del TEC. Es discriminatoria la concentración incluso más del 90% de presupuestos de las universidades estatales en las sedes centrales en la GAM.

La Sala Constitucional en la sentencia número 11573-12 dijo: “[…] el derecho a la educación es un derecho fundamental para todo ser humano y el Estado debe de garantizar no solo su ingreso, sino que su permanencia también sea factible.” En este sentido, el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que: “Toda persona tiene derecho a la educación […]” y que “[…] el acceso a los estudios superiores será igual para todos […]”.

Para combatir esta desigualdad, como diputada de Puntarenas presenté el proyecto de ley: “Adición de un párrafo final al artículo 85 de la Constitución Política de la República de Costa Rica”, que se tramita bajo el expediente n° 20.852. El mismo tiene como objetivo lograr una distribución más equitativa y justa en la distribución del presupuesto hacia las sedes regionales fuera del GAM, con lo cual contribuimos y aportamos a mejorar las condiciones para generar nuevas fuentes de empleo y desarrollo para beneficiar esas comunidades.

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El acceso a la educación superior y el derecho a un empleo digno para los puntarenenses también son derechos humanos señor presidente, pero seguimos en espera de las propuestas concretas de Casa Presidencial, tanto para mejorar el acceso a la educación superior como para generar importantes fuentes de empleo que bajen los índices de pobreza en nuestra provincia.

Quisiera que defendiera a capa y espada estos derechos humanos de los puntarenenses, como lo hace con otros grupos de la población de su interés.

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