Las democracias raras veces caen de un solo acto. Su deterioro suele comenzar cuando, frente a una crisis, se normaliza flexibilizar la Constitución para resolver un problema inmediato.
Lo que hoy parece una excepción puede convertirse mañana en el precedente que erosiona los límites del poder. Por eso, en momentos de tensión institucional, debemos aferrarnos al texto y al espíritu de la Constitución.
La reciente carta pública del exfiscal general Francisco Dall’Anese ha reabierto un debate trascendental: porque no se trata solo de vacancias o nombramientos de magistrados suplentes por parte de la Asamblea Legislativa, se trata de respetar el diseño constitucional que reparte competencias entre poderes.
La preocupación por el funcionamiento de la Sala es totalmente legítima porque afecta el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Nadie desea que el Tribunal Constitucional vea afectada su capacidad de impartir justicia. Es cierto que la Asamblea ha incumplido su deber constitucional al negarse a nombrar oportunamente y esa omisión debe ser reprochada con claridad.
Sin embargo, la legitimidad del problema no convierte en constitucional cualquier solución. Nuestro ordenamiento jurídico estableció un procedimiento claro y deliberado.
Corresponde a la Corte Suprema de Justicia elaborar y remitir una nómina de candidatos, pero es la Asamblea Legislativa la que tiene la competencia exclusiva para nombrar a los magistrados suplentes.
Esa distribución de funciones no responde al azar ni es un trámite administrativo. Es una garantía esencial del principio de separación de poderes y del sistema de pesos y contrapesos que sostiene nuestra democracia.
Reconocer ese diseño no significa ignorar la responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Su omisión constituye un incumplimiento de un deber constitucional que afecta el adecuado funcionamiento de la justicia constitucional y deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.
Esa omisión merece un firme reproche político, institucional y ciudadano. Sin embargo, precisamente porque vivimos en un Estado de Derecho, un incumplimiento constitucional no puede corregirse mediante otro.
Las potestades públicas no nacen de la conveniencia ni de la urgencia, nacen exclusivamente de la Constitución. Aceptar que la inacción de uno autoriza a otro a sustituirlo es, en el fondo, alterar uno de los pilares del constitucionalismo democrático.
Como señaló Kelsen, la legitimidad del poder depende de que cada órgano actúe dentro de sus competencias. Konrad Hesse en “La fuerza normativa de la Constitución” nos advierte que la verdadera fuerza de la Constitución se pone a prueba en los momentos más difíciles.
Cruzar esa línea sería un error de enormes proporciones. Hoy podría justificarse como excepción.
Mañana el mismo argumento podría servir para que cualquier poder asuma funciones que no le fueron otorgadas. Ese precedente no fortalecería nuestras instituciones; las debilitaría. La historia constitucional demuestra que los grandes quiebres institucionales rara vez comienzan con actos abiertamente arbitrarios.
Empiezan cuando las excepciones desplazan lentamente a las reglas. Costa Rica no necesita soluciones que comprometan el equilibrio entre poderes.
Necesita que cada institución cumpla con el deber que la Constitución le impone. Que la Asamblea Legislativa nombre a los magistrados suplentes. Que la Corte Suprema de Justicia ejerza únicamente las competencias que el orden constitucional le reconoce.
Ese es el único camino compatible con la vigencia del Estado de Derecho. En ese contexto, la señora presidenta de la República tiene una responsabilidad política que trasciende la coyuntura. Como jefa de Estado y principal líder del oficialismo, está llamada a ejercer un liderazgo que fortalezca y nunca debilite el orden constitucional.
Le corresponde promover, mediante el diálogo con su fracción legislativa, el cumplimiento del deber constitucional que permanece pendiente: el nombramiento de los magistrados suplentes por parte de la Asamblea Legislativa.
Hoy, la mayor responsabilidad no es encontrar un atajo, sino impedir que una solución aparentemente práctica termine debilitando los cimientos del Estado de Derecho. Impedir que la urgencia sustituya a la Constitución.
Impedir que la excepción se convierta en regla, e impedir que Costa Rica siente el precedente de que un poder de la República asuma competencias que la Constitución reservó a otro. Ese costo institucional sería demasiado alto para salir de una crisis coyuntural.
Señora presidenta, la prudencia también es una forma de gobernar. El país espera de usted un liderazgo firme pero sano y prudente, necesario para conducir a su fracción hacia el cumplimiento de su deber constitucional y evitar que Costa Rica cruce una línea que nunca debió acercarse a cruzar.
La historia no suele juzgar a los gobernantes únicamente por las decisiones que toman, sino también por las líneas que tuvieron la sabiduría de no cruzar.
Gobernar no consiste únicamente en resolver las urgencias del presente. Consiste, sobre todo, en preservar las instituciones que garantizarán la libertad y la paz social. Porque la Constitución no puede convertirse en el primer obstáculo que se sacrifica cuando aparece una crisis.
Debe seguir siendo el límite infranqueable del poder. Si hoy cedemos a la tentación del atajo, mañana habremos debilitado la autoridad de la propia Constitución.
Costa Rica merece soluciones constitucionales, no precedentes que erosionen el Estado de Derecho. No debemos permitir que la frustración por la inacción derive en fórmulas que alteren el delicado equilibrio institucional que ha distinguido a Costa Rica por décadas. Gobernar no consiste únicamente en resolver problemas del presente.
Consiste también en prever los riesgos del futuro y comprender que la democracia se preserva precisamente cuando el poder se limita a sí mismo.
Hoy el desafío no es nombrar magistrados suplentes; es demostrar que, aun en medio de tensiones políticas, Costa Rica sigue siendo una República donde nadie, ni por urgencia ni por conveniencia, puede ejercer competencias que la Constitución no le ha conferido.
Porque cuando empezamos a cruzar esas líneas, lo que está en juego ya no es un procedimiento de nombramiento, sino la fortaleza misma de nuestro Estado de Derecho.
Presidenta, la prudencia no es debilidad, es la más alta expresión de respeto por la República. Hoy el desafío no es nombrar a suplentes, es demostrar que Costa Rica sigue siendo una República donde el poder reconoce sus propios límites. Si aceptamos que un órgano ejerza competencias que la Constitución reservó a otro, habremos cruzado una frontera de la que será muy difícil regresar.
Las democracias no caen de un solo golpe; se pierden cuando olvidamos que la Constitución obliga a todos, incluso cuando resulta incómoda.
Evitar ese momento es, hoy su deber y compromiso con la República y con la prudencia que exige este tiempo. Quienes hoy ejercen el poder tienen el deber histórico de demostrar que, en Costa Rica, la Constitución sigue estando por encima de cualquier coyuntura política.
Estamos a tiempo de evitar que una crisis institucional se transforme en una crisis constitucional. La prudencia exige que cada poder permanezca dentro de los límites que la Constitución le impone.
Por ello, es indispensable que usted señora presidenta ejerza su autoridad política y su liderazgo para dialogar con su fracción y propiciar el cumplimiento del deber constitucional que hoy permanece pendiente y evitar que se vulneren límites que la Constitución ha trazado con claridad. Su deber es custodiar el orden constitucional, el orden que juró guardar y defender.
Hoy ese juramento exige algo más que palabras: exige impedir que se cruce una línea que la Constitución nunca autorizó cruzar.
Hoy Costa Rica no necesita interpretaciones que amplíen competencias ni soluciones que comprometan el equilibrio entre los poderes del Estado. Necesita liderazgo para exigir que cada institución cumpla con el deber que la Constitución le asignó. Hable con su fracción y exija el cumplimiento del deber constitucional que permanece pendiente para que nombren los magistrados suplentes.
Ese es el camino que la Constitución señala. Las crisis y los gobiernos cambian. Que la historia recuerde este momento como aquel en el que prevaleció la prudencia sobre la improvisación y la Constitución sobre una coyuntura. La mejor herencia histórica que se puede dejar a los costarricenses es saber quién defendió la Constitución cuando fue puesta a prueba.
