En 2025, 13,5 millones de niños en el mundo no recibieron una sola dosis de una vacuna, casi 700.000 más que antes de la pandemia. La cifra, reportada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, no representa únicamente un retroceso en las coberturas de inmunización. También evidencia un problema más profundo: la pérdida de confianza en las vacunas y en las instituciones que las promueven.
Costa Rica tampoco está al margen de este fenómeno. Un análisis de más de 5.300 menciones relacionadas con las vacunas en redes sociales costarricenses, realizado por el Departamento de Análisis de Coes Comunicación del Siglo XXI entre enero y agosto de 2026, permite identificar cómo se construye esa desconfianza en el debate público digital.
El principal hallazgo resulta significativo: el rechazo a las vacunas no se articula únicamente alrededor de argumentos científicos, sino también de una creciente desconfianza hacia las instituciones.
Entre las conversaciones analizadas aparecen acusaciones de corrupción, cuestionamientos sobre la compra de vacunas, supuestas adquisiciones innecesarias e incluso señalamientos de imposición de la vacunación. A partir de estas sospechas surgen otras narrativas características del discurso antivacunas: la llamada “plandemia”, el temor al ARN mensajero, las afirmaciones sobre el grafeno, la desconfianza hacia la OMS y las empresas farmacéuticas, así como referencias a Bill Gates, Anthony Fauci y una supuesta relación entre las vacunas y el autismo.
Estas narrativas no necesariamente funcionan de manera independiente. Más bien, pueden reforzarse entre sí dentro de un mismo marco de desconfianza. Los testimonios personales sobre supuestos efectos adversos y las apelaciones emocionales como la metáfora de las “ovejas llevadas al matadero” encuentran en ese contexto un terreno particularmente fértil.
El problema surge cuando la desconfianza cambia de objeto: cuando el cuestionamiento a una institución termina convirtiéndose en cuestionamiento a la vacuna y, posteriormente, al conjunto de la inmunización.
En la conversación digital analizada, las dudas no se limitan a las vacunas contra la COVID-19. También aparecen cuestionamientos a vacunas rutinarias y pediátricas, incluidas las relacionadas con el sarampión, la influenza y el esquema de vacunación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esto debería preocupar.
La vacunación constituye una de las principales herramientas para prevenir enfermedades que pueden reaparecer cuando disminuyen las coberturas. La OMS y UNICEF han advertido sobre el aumento de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, entre ellas el sarampión, la meningitis, la fiebre amarilla y la difteria. El sarampión es especialmente ilustrativo: su control depende de mantener coberturas suficientemente altas para impedir que el virus vuelva a circular de manera sostenida.
Costa Rica tiene, por supuesto, razones para exigir transparencia. Las instituciones públicas deben explicar qué compran, cuánto pagan, en qué condiciones y qué controles aplican. Cuestionar una contratación pública no equivale a rechazar la evidencia científica.
El desafío consiste precisamente en evitar que ambas discusiones se mezclen.
Una controversia sobre un contrato debe resolverse mediante transparencia, auditoría y rendición de cuentas. La seguridad y eficacia de una vacuna deben evaluarse mediante evidencia científica. Son debates diferentes, aunque puedan ocurrir simultáneamente.
Cuando se confunden, una sospecha administrativa puede terminar convirtiéndose en una sospecha sanitaria. Y ahí es donde el problema deja de ser exclusivamente comunicativo o político y adquiere una dimensión de salud pública.
La respuesta, por tanto, no debería consistir en silenciar las críticas ni en calificar automáticamente como desinformación cualquier cuestionamiento a las vacunas. Si las instituciones quieren recuperar la confianza, deben atender tanto la evidencia científica como las razones que alimentan la desconfianza institucional.
Comunicar qué hace una vacuna es importante. Explicar por qué se compra, cuánto cuesta y bajo qué controles también lo es.
Porque el problema no es solamente que circulen falsedades sobre las vacunas. El problema es que esas falsedades encuentran un terreno fértil cuando existe una desconfianza previa.
Una vacuna puede proteger a una persona frente a una enfermedad. Pero ninguna vacuna puede proteger a una sociedad frente a la pérdida de confianza.
Y si esa confianza continúa debilitándose, la factura no la pagarán las redes sociales ni las instituciones. La pagarán, sobre todo, quienes menos responsabilidad tienen en esta controversia: los niños y las niñas.
