Realidad 1: reciente, breve y parcialmente potente
La conforman algunos hechos que, bien modulados, han permeado el debate público tradicional y la conversación digital. Se trata de la planificada narrativa sobre un inminente cierre técnico del Poder Judicial -como si eso fuera sencillo en una República- debido a un recorte presupuestario y al congelamiento condicionado de otros recursos financieros propuesto por Hacienda, aunque sujeto a aprobación legislativa.
Ese corto relato presupuestal es consecuencia de otros anteriormente construidos: hay un ataque a la democracia, a la división de poderes y al Estado de derecho; particularmente, se ha dicho que se aspira al control del Poder Judicial.
Su fuerza argumentativa ha llamado la atención de algunos ciudadanos gracias a la amplificación lograda a través de tradicionales medios de comunicación, y a la alianza con el bloque parlamentario opositor, ahora ampliado con sectores sociales que tienen capacidad movilizadora según lo testifica el plantón de agosto.
Se ha intentado que esos relatos prevalezcan en la opinión de la ciudadanía; sin embargo, arrastran consigo un pecado capital que ya es público y que da lugar a la cruda realidad 2: la crisis del sistema judicial. Aquí abundan los datos, la información y los diagnósticos que la explican.
Realidad 2: es de hace unos 20 años y altamente dañina para la democracia y las personas. En efecto, esta situación proviene de un motor institucional atrofiado que ha sido reiteradamente diagnosticado en el último decenio por el Informe Estado de la Justicia y también por el Programa Estado de la Nación. Corresponde a debilidades operativas, de gestión y gobernanza de la propia cúpula judicial.
Al interno, las fallas crónicas son evidentes:
- Mora; existe una incapacidad estructural de resolver con prontitud los
- Gobernanza deficiente; la concentración de tareas administrativas desplaza y debilita la función jurisdiccional.
- Fragilidad en la carrera judicial; se siguen criterios ajenos a la idoneidad, el mérito y la transparencia afectando la calidad de la justicia que se dicta.
- Inadecuada rendición de cuentas; falta de sistematización y una robusta evaluación sobre el impacto de las políticas judiciales.
A lo externo, las variables también están claras:
- Aumento de la conflictividad social y la litigiosidad; el crecimiento exponencial del crimen organizado satura el sistema de justicia penal.
- Portillos procesales; una inadecuada gestión de agendas y audiencias, sumadas al abuso de recursos jurídicos, ralentizan y entorpece la resolución de los procesos.
- Asignación de leyes sin presupuesto; y sin recursos extra para
El Informe Estado de la Justicia ha constatado que la realidad 2 creció y se consolidó en épocas de bonanza financiera, cuando no había regla fiscal ni fuertes políticas de contención del gasto. Esta vejez disfuncional -a lo interno- que arrastra el Poder Judicial es atribuible a su gobierno, por omisión y resistencia al cambio. Por ende, es sorprendente que la institución no haya colapsado antes por el enorme peso de su ingobernabilidad.
Si bien el entorno externo cuenta, no ha sido visible un valiente y comprometido liderazgo para articular correctamente, con las distintas administraciones del Ejecutivo y Legislativo, aquellas mejoras procesales y sustantivas, produciendo reformas legales para contener la delincuencia, sancionarla efectivamente y a tiempo.
El antiguo motor judicial con sus fallas internas se quedó ahora sin suficiente combustible financiero, justo cuando la carretera delincuencial se puso más empinada; porque una estructura ineficiente deja de resistir con solvencia en época de vacas flacas.
Es más, los propios informes del estado de la justicia han sugerido que, aunque se le diera al Poder Judicial más presupuesto del que le corresponde, aquellas fallas seguirían existiendo; porque el problema de fondo no ha sido de dinero, sino de diseño institucional y poco deseo real para corregirlo.
Es decir, nunca alcanzarían los recursos para doblegar la voluntad política y la resistencia al cambio que han imperado, ya que el gobierno judicial parece muy conforme con mantener ese diseño; así lo confirma la vigencia de todas las causas internas del elenco de debilidades señaladas.
La realidad 2 o crisis del sistema judicial es profundamente injusta con el pueblo costarricense, porque cuando el país pudo proveerle por muchos años recursos para acometer los cambios y mejoras recomendadas por el Informe Estado de la Justicia, se prefirió la comodidad de las gavetas, se exilió la autocrítica y blindó la crítica, protegiéndose de paso el statu quo frente a cualquier intento de reforma que pudiera afectarlo.
Hoy, que la quietud financiera ha sido desplazada por una fuerte restricción fiscal y ya con el agua cerca del cuello, qué oportuna resulta la narrativa de la realidad 1 (recorte y bloqueo presupuestario). Y, además, volver la mirada hacia los costarricenses, pero no para disculparse por la ineficiencia, ineficacia y los pecados capitales de omisión, sino para llamarlos a plantones cívicos y a que griten consignas contra una supuesta deriva autoritaria y sus presuntos autores.
Para nada es justo que el mismo ciudadano que ha sido víctima de la histórica mora judicial, ahora sea tomado como rehén en una disputa presupuestaria, obviándose olímpicamente que llegó la hora de comenzar la refundación moral, administrativa y operativa del sistema judicial que demanda Costa Rica, y así evitar que la erosión acabe con el pilar democrático de una justicia pronta y cumplida.
Quedarse solo con la realidad 1 y culpar al recorte presupuestario, envolviéndolo en un ataque al Judicial, es el pararrayos perfecto para evadir el examen y juicio ciudadano. También es un calculado escudo para proteger la continuidad de magistraturas cuyo nombramiento próximamente expira, y en esto será crucial la aliada bancada opositora en el Legislativo.
Mientras tanto, el país seguirá viendo pasar el tiempo y más reelecciones automáticas de magistraturas; de esas que integraron un gobierno judicial que no hizo mucho por arreglar la realidad 2 y mejorar con ello la vida del pueblo. Los juegos están sobre la mesa de la Patria, los actores y sus roles al descubierto y un competidor se ha adelantado para asegurarse que todo siga prácticamente igual en sede judicial.
