El anterior periódico londinense “The Economist”, hoy con formato de revista semanal especializada en temas de política económica internacional en contextos de globalización, cuenta con la llamada “Economist Intelligence Unit” (EIU), que como centro independiente de negocios del Grupo “The Economist”, ofrece análisis de países, mercados, sectores y elabora dos índices: de calidad de vida y democracia; por la finalidad de este artículo se mencionarán algunas generalidades de este último.
El Índice de Democracia o “Democracy Index” en inglés, es la clasificación que realiza y publica desde el 2006 dicha Unidad de Inteligencia, a partir de encuestas a expertos en 167 países, de los que 165 son miembros de las Naciones Unidas (ONU), y los resultados se basan en 60 indicadores agrupados en 5 categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura política; en atención a esas cualidades los países reciben una puntuación de 0 a 10 que se promedia para definir su calificación y posición en el “ranking”.
De acuerdo a ese puntaje de mayor a menor, la democracia como régimen en cada país se considera plena, imperfecta, híbrida y autoritaria. Así, el Índice de Democracia del año 2023 recientemente publicado, encontró que de América Latina solo Uruguay y Costa Rica son democracias plenas de los 24 países que alcanzaron esa misma calificación a nivel mundial. En el año 2022 nuestro país ocupó el puesto 17 del índice global con una puntuación de 8.29, que curiosamente repite para el año 2023.
La descarga de ese reporte se ofrece completando una forma en el sitio eiu.com, y puede ahondarse, entre otros, en el sitio celag.org, al tiempo que una infografía también se encuentra disponible en esos enlaces. Ahora, pese al reconocimiento de ese Índice y al esfuerzo anual por construirlo, no ha estado exento de algunas críticas por su metodología y moderada representatividad estadística, asociada a los criterios de selección de los expertos por país y la forma de filtrar sus intereses y subjetividades (orientación ideológica al asignar puntajes y escalas), por no tratarse de un proceso consultivo más amplio y variado.
En el artículo “Indicadores de la calidad democrática o de la democracia mainstream”, escrito en 2018 por las sociólogas Camila V. y Bárbara Ester para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), señalaron que “…la EIU no ofrece mayores detalles sobre los expertos: solo se sabe que son 130 especialistas y economistas. Tampoco la Unidad revela detalles metodológicos imprescindibles para conocer el modo en que se elaboran los rankings. Paradojas de un índice que, entre otras cuestiones, mide transparencia…”.
Similares limitaciones han atribuido dichas analistas al Índice “Freedom House”, que basado también en consultas a expertos sobre 10 elementos de derechos políticos y 15 de libertades civiles, para ellas excluye las dimensiones de gobernabilidad, representación y participación ciudadana, y sobre la preparación de los instrumentos de medición, estiman que “…es fácil encontrar sesgos ideológicos al recorrer el cuestionario, lo que se hace presente en la elaboración de categorías e indicadores”.
Con independencia del mérito de esas críticas, lo cierto es que el debate actual sobre democracia ya no se centra solo en el régimen como forma de vida y gobierno orientada por principios y reglas sobre el acceso al poder, su ejercicio y límites, pues también importa -y mucho- la compleja cuestión de la calidad democrática, que se ha admitido alude a aspectos sustantivos relacionados al desarrollo social y económico acompañado del humano, como expresión del rendimiento del Estado y sus instituciones, para satisfacer mediante políticas públicas las necesidades de la gente.
A la multidimensionalidad de la clasificación de las democracias según dichos índices, han de agregarse y evaluarse indicadores propios de su calidad, relacionados con esa capacidad del aparato estatal de entregar a la comunidad que elige a los gobiernos, los bienes y servicios que promuevan su bienestar, es decir, su crecimiento con inclusión y distribución porque se respetan los derechos y promueven oportunidades para el desarrollo de las personas.
Siguen siendo importantes el apoyo, confianza y satisfacción con la democracia conforme también lo evidencia la Corporación Latinobarómetro desde aspectos de la cultura política (disponible en: www.latinobarometro.org), sin embargo nociones como el acceso a: empleo, vivienda digna, educación, seguridad, medicina y alimentos, agua, electricidad, tecnología, obra pública para la movilidad y el comercio, y la buena e íntegra administración pública, son fundamentales en la discusión democrática.
Esos retos que todos los días desafían y prueban la capacidad del Estado para superarlos porque nacen de demandas ciudadanas legítimas, son medibles incluso según su grado de satisfacción, y ofrecerían junto a los hallazgos de aquellos índices, información más robusta sobre el estado de la democracia y su resiliencia.
