Como estudiante de la UNED en el curso de Gerencia Pública, he decidido reflexionar sobre un problema que afecta nuestra sociedad: la proliferación desregulada de las bicimotos en las vías públicas de Costa Rica. Este fenómeno, que en un principio parecía ofrecer una solución accesible y económica de transporte, ha desatado una serie de problemas que van desde la inequidad fiscal hasta el incremento de riesgos en la seguridad vial. Mi intención es evidenciar estos problemas y proponer soluciones desde la perspectiva de la gerencia pública.
La proliferación descontrolada y sus consecuencias
El auge de las bicimotos responde a una necesidad real de transporte económico, especialmente para sectores vulnerables. Sin embargo, la falta de regulación ha generado un vacío que impacta no solo en la seguridad de quienes usan estas bicicletas asistidas, sino también en el resto de los usuarios de la red vial. Actualmente, los conductores de bicimotos no requieren licencia de conducir, marchamo, ni revisión técnica vehicular, lo cual crea una evidente falta de responsabilidad ante posibles accidentes y deteriora la convivencia vial.
Además, esta situación genera una distorsión en términos de equidad fiscal. Los conductores de automóviles y motocicletas están obligados a pagar impuestos, cumplir con regulaciones estrictas y someterse a controles, mientras que los usuarios de bicimotos, que comparten las mismas vías y en ocasiones alcanzan velocidades similares a las motocicletas, no contribuyen de manera justa a la financiación del mantenimiento de la infraestructura vial ni a la seguridad del sistema de transporte.
Soluciones: De la gestión reactiva a la proactiva
Desde la perspectiva de la gerencia pública, es imperativo adoptar un enfoque proactivo que aborde este problema con la urgencia que merece. Las soluciones pueden agruparse en dos áreas clave:
- Regulación y Fiscalización Integral: Es necesario que las bicimotos estén sujetas a las mismas regulaciones básicas que otros vehículos motorizados. Esto incluye la exigencia de licencias para los conductores, la imposición de marchamo, y la obligación de una revisión técnica periódica. Estas medidas no solo aumentarán la seguridad, sino que también garantizarán que todos los usuarios de las vías contribuyan de manera equitativa al mantenimiento de la infraestructura.
- Infraestructura y Seguridad Vial: La expansión de las bicimotos ha revelado una carencia crítica en la infraestructura vial No existen carriles exclusivos ni señalización adecuada para estos vehículos, lo que incrementa los riesgos de accidentes. El gobierno, en colaboración con el sector privado, debe invertir en la creación de ciclovías adecuadas y seguras que puedan ser usadas por bicicletas, bicimotos y otros medios de transporte no tradicionales. Un plan piloto en zonas urbanas con alta densidad de tráfico de bicimotos podría servir como modelo para una implementación más amplia en todo el país.
Un llamado a la gestión eficiente
El reto de regular las bicimotos en Costa Rica no es solo una cuestión de crear nuevas leyes. Es un llamado a la gestión pública para que responda a los cambios en el comportamiento social y las necesidades de transporte. La gerencia pública eficiente requiere anticipar problemas, gestionar recursos de manera justa y, sobre todo, asegurar que el bienestar colectivo prevalezca sobre los intereses individuales. Regular las bicimotos no solo es una necesidad en términos de seguridad, sino también una cuestión de justicia social y fiscal.
Como estudiantes de administración pública, estamos llamados a analizar críticamente estos desafíos y proponer soluciones que realmente generen valor público, Es imperativo que las autoridades tomen medidas urgentes para regular este fenómeno, estableciendo normas que aseguren la seguridad vial, la micro movilidad y la equidad fiscal. La coordinación entre instituciones como el Consejo de Seguridad Vial, el Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda, las municipalidades y las aduanas es crucial para implementar políticas efectivas. Solo así se podrá garantizar una convivencia segura y equilibrada entre todos los usuarios de la red vial, promoviendo un entorno más seguro y ordenado para todos.