Costa Rica, caracterizada por su rica biodiversidad y espectaculares costas que nos brindan una ostentosa vida marina, se encuentra hoy en día atravesando grandes retos para poder resguardar sus ecosistemas marinos y cumplir con su compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible: Vida Marina.
En el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible, propiamente en el objetivo antes mencionado, se pretende conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. No obstante, ante esta gran meta por cumplir, la propuesta de querer rehabilitar la pesca de arrastre coloca al país en una posición bastante compleja que amenaza su propósito.
La pesca de arrastre, al consistir en tirar redes masivas que son impulsadas por embarcaciones en los fondos marinos para capturar a las especies, solo contribuye a la destrucción de los ecosistemas marinos y los numerosos organismos que en ella habitan por la captura incidental de especies. Por lo anterior, fue que en el año 2013 la Sala Cuarta tomó la decisión de prohibirle al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESA) otorgar algún permiso, autorización, licencias nuevas o renovar los vencidos, ni tampoco reactivar los permisos inactivos para la pesca dicha actividad en pro de la protección de los fondos marinos; Sin embargo, para el año 2019 se presentó el proyecto ley llamado “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica” bajo el expediente N.º 21.478, en el cual se pretendía brindarle la opción a INCOPESA de realizar estudios científicos y técnicos en un plazo máximo de un año que permitan determinar que la pesca de arrastre es sostenible con el medio ambiente y por cuanto extender las licencias que permitirían la reactivación de la pesca de arrastre.
Dicho proyecto de ley fue presentado en la Asamblea Legislativa según corresponde y, en un primer debate, se concluyó que por inconsistencias en donde se consideraba que se veían infringidos algunos cumplimientos de sentencias y de insuficiencias u omisión de estudios que velaran por la sostenibilidad y el impacto del suelo marino la mejor decisión era enviarlo a revisión de la Sala Constitucional. Una vez la Sala Constitucional hizo la revisión respectiva sobre el proyecto de ley, concluyó que en este no existía ninguna prueba de vicios en forma o fondo mediante una votación de 4 versus 3. Por consiguiente, dicho proyecto de ley fue presentado nuevamente en la asamblea legislativa y en este segundo debate llevado a cabo el 22 de octubre de 2020 fue aprobado con 28 votos a favor y 18 en contra.
Ante tal decisión, las universidades públicas y privadas, algunas fundaciones, municipalidades, centros de investigación, científicos y demás, se mostraron en contra de la decisión tomada por los diputados y empezaron a realizar diferentes movimientos y llamados a toda la población para manifestarse ante la decisión tomada, puesto que, dicha resolución solo presentaría un retroceso en la búsqueda de un país sostenible y que se preocupa por su medio ambiente. Después de dichas manifestaciones y de hacerle un llamado al señor presidente, Carlos Alvarado, para que este tomara la decisión de vetar dicha ley, el día 30 de octubre del 2020 él tomó la decisión de vetar totalmente el decreto de ley 9909 sobre la pesca de arrastre, lo anterior porque él consideraba que, en efecto, no existían suficientes estudios que asegurasen la sostenibilidad de la pesca del camarón con la técnica de arrastre.
Con dicho veto, la población costarricense tuvo un gran respiro y un periodo de tranquilidad; No obstante, INCOPESA por su parte ha seguido buscando la manera de presentar nuevos estudios que logren conseguir la reactivación de la pesca de arrastre desde una manera “sostenible”. Por lo tanto, para al primer semestre del 2023, INCOPESA presentó y se encuentra desarrollando un nuevo estudio llamado “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el océano Pacífico costarricense, 2023-2024″ en donde se supone este corrigió las falencias que se presentó en el estudio pasado. Sin embargo, hasta el momento este nuevo estudio ha mostrado contener grandes deficiencias en el área metodológica con respecto al muestreo que estos usaron para respaldas sus hallazgos.
Por lo anterior, la fundación MarViva presentó un recurso al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa rica en donde se solicitaba suspender por completo el estudio que pretende realizar INCOPESA. Ante la solicitud, el Tribunal Contencioso, el lunes 13 de noviembre dio con lugar la medida cautelar interpuesta por la fundación por lo que se ordenó la suspensión de los nuevos estudios sobre la pesca de arrastre que se están realizando en las áreas marinas costarricenses. Dicha decisión responde a falencias e irregularidades encontradas en este estudio que directamente ha infringido con las disposiciones normativas que se han emitido por parte de la Sala Constitucional.
Para finalizar, a lo largo de este artículo de opinión ha sido posible mostrar el gran desafío que atraviesa el país costarricense en la búsqueda de poder preservar los fondos marinos. Propiamente se ejemplificó como en el caso de la pesca de arrastre, INCOPESA, a pesar tener en su conocimiento el rechazo por esta práctica, sigue luchando por poder crear estudios que respalden su teoría de que la pesca de arrastre sí puede ser efectuada desde una manera sostenible para poder reactivar esta actividad económica. Sin embargo, Costa Rica, desde su compromiso con el desarrollo sostenible se ha mantenido en su postura de no aceptar que se reinicie dicha práctica porque se sabe que esto va en contra de los compromisos que se tiene con el objetivo de la vida marina.
