El Estado benefactor o gestor fue planteado como el proyecto de la Junta de Gobierno, plasmado en la Constitución Política de 1949. La propuesta que se impulsó tenía como eje central que el Gobierno asumiera el papel directo de la actividad económica nacional, y que gracias a algunos Decretos de la Junta de Gobierno había iniciado su proceso.
Una de las características fundamentales de ése proceso fue la nacionalización de la banca, que permitió a la administración controlar la concesión de créditos bancarios para el desarrollo de otras actividades y de impulsar la sustitución de importaciones, diversificando la estructura y facilitando a nuevos sectores su incorporación a la economía.
Este modelo fue el que también suscitó el bienestar y la movilidad social, mediante el impulso de la cultura, la educación, vivienda, infraestructura, turismo y la salud, entre algunas de las áreas más destacadas.
En este contexto destacó la reforma a la Constitución Política en su artículo 73 (Ley No. 2737), que reconoce el derecho fundamental a la salud, presentada en el año de 1961 e impulsada por el Ministro Franklin Solorzano, de la cartera ministerial de Trabajo y seguridad social, que fue acogida para su trámite por un grupo de nueve diputados.
En la exposición de motivos de la iniciativa comentada, podemos identificar la corriente ideológica que la impulsa –procura del bienestar social y el concepto de justicia social cristiana- que hoy encontramos plasmada en nuestra Constitución Política. Dentro del expediente de esta Ley de Reforma, en la nota de apoyo suscrita por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de fecha 31 de octubre de 1961, en lo que interesa, indica: “La Junta Directiva al formular el proyecto de Reforma al artículo 73 de la Constitución Política, tuvo en mente fundamentalmente obtener garantías constitucionales efectivas para darle solución adecuada y definitiva al problema de las cuotas que El Estado como tal y como patrono, debe cubrir en cumplimiento del artículo constitucional citado”.
Más adelante, con el paso del tiempo se pueden identificar otras transformaciones significativas al modelo propuesto en la Constitución de 1949, que son parte de la evolución del modelo del Estado, dentro de las cuales destacan el fortalecimiento a la parte institucional, de la política, la descentralización y el control jurisdiccional, que dio paso a la creación de la Sala Constitucional, con la modificación a los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política (Ley No. 7128), enmarcada en un movimiento destinado a controlar el poder político para garantizar la supremacía constitucional.
Lo anterior significó un importante paso en el fortalecimiento del Estado de Derecho, necesario para garantizar la supremacía constitucional, la seguridad jurídica, la legalidad, la paz social y los derechos humanos, atribuida a las corrientes controladoras del poder político, aunque hoy se reconoce que existe un agotamiento del modelo y se requiere un replanteamiento total, a pesar de las múltiples reformas realizadas durante las últimas décadas, y siendo la Constitución más reformada en la historia de la República.
En la actualidad un grupo de costarricenses promueve una iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente, que cuenta con un borrador de texto constitucional, elaborado y consultado en múltiples niveles académicos y políticos, con el objetivo de rediseñar el entramado institucional.
Nuestra historia constitucional necesita un proceso de transformación hacia un nuevo modelo de Estado, a fin de trazar una nueva ruta, que nos permita ofrecer a las futuras generaciones el derecho a la eficacia del poder político.
La política del Estado debe ser el resultado de los intereses concretos de la colectividad, por tanto debe responder a la ley de leyes: la Constitución Política, texto que debe ser reflejo de un proyecto social integrador y unificador de la sociedad, como medio para la superación de conflictos, la mala gestión, la negligencia, el abandono de la red vial, la falta de ejecución de los recursos financieros en manos de las instituciones, entre otros males que aquejan a nuestro país.
Tenemos evidencias palpables de una conjunción de fuerzas divergentes a las que conceptualizan al Estado en la Constitución Política de 1949, por lo que se requiere conquistar el equilibrio y la justicia social, en forma exitosa para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses, a fin de evitar el colapso institucional, que hoy día tenemos documentado gracias a la infinidad de diagnósticos, estudios y propuestas de especialistas. Lo cierto es que el país requiere una Asamblea Nacional Constituyente como punto de partida para su transformación.
