La educación pública primaria y secundaria deberían ser prioridad por fin para este nuevo año de gobierno. Los recursos ilimitados y ociosos se encuentran en las arcas del FEES, producto del artículo constitucional mal interpretado relativo a destinar recursos a toda la educación pública hasta alcanzar el 8% del PIB. La educación pública universitaria debería también tener entre sus prioridades producir muchos de los recursos que pide cada año.
El Código de Trabajo, la única ley en materia laboral de Costa Rica, que se aplica sólo al sector privado, debería de aplicarse también al sector público. O sea, sin otro aguinaldo mal llamado salario escolar, sin pensiones de lujo, sin vacaciones ilimitadas, sin cesantías de 12 y menos, de 20 años, en fin, sin todos los privilegios de las convenciones colectivas, producto de la tergiversación en la mala interpretación y sin sanciones, del artículo 62 de la Constitución.
Otra Constitución Política, es innecesaria para Costa Rica. La Sala IV debería tener como prioridad, la actualización día a día de todo lo relativo a la Constitución y las leyes. Su correcta redacción y su única interpretación, en beneficio de todos los costarricenses. Ya habían modificado un artículo para permitir la innecesaria reelección presidencial, así que sí se puede corregir todo lo demás que sea necesario.
Todas las auditorías internas y todas las instituciones encargadas del control del gasto público, deberían tener más autoridad y más responsabilidad, que no sea sólo hacer recomendaciones que nadie hace caso, de lo contrario nunca van a alcanzar ni más impuestos ni más préstamos internacionales para pagar tantos y tantos privilegios y tantas y tantas fugas de los recursos públicos, en privilegios salariales, casos cochinilla, casos diamante, pensiones de lujo, FEES sin control, repúblicas independientes, en fin, etc., etc.
No es difícil. Si se puede mejorar para todos los costarricenses. Ojalá este nuevo año de gobierno por lo menos lo intente.
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