La información que están dando nuestros rectores en cuanto al presupuesto para universidades está tergiversado, lo cierto es que el gasto de capital presupuestado para las universidades ha rondado los 160 mil millones y el Ministerio de Hacienda únicamente está condicionando en principio 70 mil millones (ahora 35 mil millones con la moción aprobada hoy), clasificados como “transferencia de capital”, para que deban ser utilizados en un destino específico, que son infraestructura y equipamiento de la universidad, que es el monto de lo que realmente ha rondado anteriormente la ejecución del gasto de capital.
Dichos 160 mil millones corresponden únicamente a lo que presupuestariamente se considera como “Bienes Duraderos”, la cual es una partida tipificada como Gasto de Capital. Por Bienes Duraderos, debemos entender la adquisición de bienes duraderos nuevos o ya existentes, como son los bienes de capital fijo, muebles e inmuebles. Así mismo, incluye los procesos de construcción, así como la adición y mejoramiento de bienes de capital, diferenciándose de aquellos procesos que tienen como propósito el mantenimiento normal de dichos bienes, menor o habitual. Por otra parte, de igual forma incluye también los costos por obras complementarias y otros trabajos asociados con las construcciones, adiciones y mejoras que agregan vida útil al bien tales como: demolición, señalización, demarcación, movimientos de tierras y otras obras. Aunado a todo lo anterior, incluye los costos asociados a la adquisición de la propiedad de la tierra, edificios y otros bienes de capital fijo y activos intangibles.
Es decir, es una partida que busca generar valor y fomento de la adquisición de capital, elemento que está por demás decir, hace falta potencializar en nuestro sistema educativo y en donde el sistema de educación superior no es la excepción. Pero, ¿cómo podemos hablar de justicia social y de bienestar general cuando el país hace un enorme esfuerzo en dotar de recursos a las universidades y estos los mantienen ociosos, o lo que es lo mismo, los mantienen subejecutados?
Pareciera increíble que en los últimos 3 años la ejecución presupuestaria en materia de bienes duraderos ronde el 35% en las universidades públicas de país, esto es lo mismo que decir que de cada 100 colones que las universidades tienen en sus arcas para generar valor y desarrollo, solo logran ejecutar 35 colones. Lo anterior no es solo la viva condena de la ineficiencia burocrática, la cual debemos de pagar todos los costarricenses soportando las falencias y condenados por un aparato burocrático a la zozobra de la indefensión estatal. ¿Esto es justicia social? Claro que no, pero no vemos en ningún lado movilizaciones o bloqueos motivados por la ineficiencia estatal.
La subejecución significa dos cosas, para los más optimistas una reducción del gasto presupuestado y entonces una mejora en las finanzas públicas, siempre y cuando los ingresos presupuestados no sean redireccionados. Pero por otra parte, significa que efectivamente hay una multitud de proyectos que se quedan sin presupuesto a consecuencia de la sobreestimación de otros que no serán ejecutados. Para los que el gasto es malo per se la subejecución es favorable pero para los que no, la subejecución es la pérdida de oportunidades del Estado de brindar más o mejores servicios. No obstante, en cuanto al gasto de capital, la subejecución por inaptitud o incapacidad de planificación o ejecución es intolerable, más aun cuando hablamos del principal movilizador social como lo es la educación.
El Ministerio de Hacienda está en lo correcto, ya que es lo que han demostrado ser capaces de ejecutar, han tenido más y quedan como superávit por lo que es falso que vayan a perjudicar el funcionamiento correcto de las universidades, la realidad es que con ese monto han funcionado anteriormente.
Entonces qué es lo que realmente está pasando, las universidades han tenido una baja ejecución presupuestaria, la ejecución ronda el 35%, no han venido gastando ni la mitad del presupuesto que reciben, sin embargo, vemos como los nuevos edificios construidos en la Universidad de Costa Rica, han sido con endeudamiento externo de préstamos del Banco Mundial, ¿tiene sentido que la universidad no ejecute sus recursos y esté construyendo su infraestructura con préstamos?
Los datos de la Contraloría General de la República son muy claros en demostrar que el uso de los recursos no está siendo eficiente y lleva razón el Ministerio de Hacienda en condicionar esto con el fin de obtener un mejor manejo y uso de los recursos. Adjuntamos imagen con los presupuestos ejecutados por año.
Además los mismos Rectores firmaron un convenio en el que aceptaban está transferencia a gastos de capital, en el Capítulo l, Quinta. Adjuntamos el convenio completo en el siguiente link https://bit.ly/2ppg3xK en la imagen con esta parte en específico.
Como estudiantes de estas universidades estamos de acuerdo en que las universidades deban gastar ese dinero en equipamiento e infraestructura y que no afecta en nada el funcionamiento de las universidades, sino más bien evita el despilfarro y que se siga gastando todo como gasto corriente.
Esto es impredecible para respetar la regla fiscal, pero hay otra buena noticia para los estudiantes en este convenio en cuanto al uso del FEES, para el 2020 el presupuesto para becas debe aumentar un 4% y también se debe destinar más recursos para sedes regionales, no se permite crear nuevas plazas y habrá un ajuste salarial del 1,5% a partir de enero y una previsión de un 1,5% a partir de julio.
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