Los conceptos de responsabilidad social y sostenibilidad suelen utilizarse como sinónimos, pero en realidad responden a enfoques distintos. La responsabilidad social surge como una forma de reconocer que las organizaciones, especialmente las empresas, tienen deberes frente a la sociedad que van más allá de la generación de ganancias. La sostenibilidad, por su parte, procura equilibrar dimensiones económicas, sociales y ambientales para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Desde esta perspectiva, la responsabilidad social se encuentra más vinculada a la ética, a los impactos sociales de la actividad económica y a la relación de las organizaciones con sus grupos de interés. La sostenibilidad, en cambio, incorpora una visión más amplia que incluye el crecimiento económico, la protección ambiental y la gestión eficiente de los recursos. Aunque ambos conceptos se complementan, no son equivalentes y poseen implicaciones diferentes en la formulación de políticas públicas.
El cambio del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social al Consejo Nacional de Sostenibilidad plantea interrogantes importantes sobre la orientación de la política pública costarricense. Este tipo de transformación institucional no constituye únicamente una modificación de nombre, sino que refleja una determinada visión del desarrollo y de las prioridades estatales. Las palabras utilizadas por las instituciones públicas suelen revelar cambios de enfoque y de estrategia.
Cuando el eje central es la responsabilidad social, el debate gira en torno a las obligaciones éticas de las organizaciones, la reducción de desigualdades, la promoción de condiciones laborales dignas, la inclusión social y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria. En este modelo, la empresa es llamada a responder por los efectos que genera sobre las personas y sobre la sociedad en su conjunto.
En contraste, cuando el concepto rector pasa a ser la sostenibilidad, la atención se desplaza hacia la permanencia de los procesos económicos en el largo plazo, la innovación, la competitividad, la eficiencia ambiental y la creación de valor sostenible. El lenguaje de la sostenibilidad suele ser más compatible con las tendencias globales promovidas por organismos internacionales y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
No obstante, existe el riesgo de que la dimensión social pierda protagonismo cuando la sostenibilidad es interpretada de manera predominantemente empresarial o ambiental. Algunas organizaciones pueden concentrarse en indicadores de eficiencia energética, reducción de emisiones o gestión ambiental, mientras aspectos como la desigualdad, la precarización laboral o la exclusión social reciben menor atención. En estos casos, la sostenibilidad podría convertirse en una noción más técnica que política.
La responsabilidad social, especialmente desde perspectivas críticas, enfatiza que las desigualdades sociales no son simples accidentes del mercado, sino consecuencias estructurales de determinados modelos de desarrollo. Desde esta visión, la acción pública debe orientarse a corregir desequilibrios sociales mediante mecanismos de redistribución, protección social y garantía de derechos humanos. La sostenibilidad, por sí sola, no necesariamente incorpora esta preocupación transformadora.
Por ello, la sustitución de un consejo dedicado a la responsabilidad social por otro enfocado en la sostenibilidad puede interpretarse como una transición desde una lógica centrada en las obligaciones sociales hacia una lógica orientada a la gestión integral del desarrollo. Esto no significa que la cuestión social desaparezca, pero sí que pasa a compartir protagonismo con otros objetivos, particularmente los económicos y ambientales.
Desde una perspectiva positiva, el nuevo enfoque podría favorecer una visión más integral de los desafíos contemporáneos. Problemas como el cambio climático, la transición energética y la protección de los ecosistemas exigen políticas que trasciendan la responsabilidad social tradicional. La sostenibilidad permite articular estas preocupaciones dentro de una misma estrategia nacional y promover una gobernanza más amplia.
Sin embargo, el éxito de esta transformación dependerá de que la sostenibilidad no se convierta en un concepto vacío o meramente discursivo. La sostenibilidad auténtica debe incluir la justicia social como uno de sus pilares fundamentales. No puede existir desarrollo sostenible en contextos caracterizados por pobreza persistente, desigualdad creciente o vulneración de derechos humanos.
Costa Rica enfrenta el desafío de demostrar que el nuevo Consejo Nacional de Sostenibilidad no representa un abandono de la responsabilidad social, sino una ampliación de sus alcances. Para ello será necesario que las políticas impulsadas por este órgano mantengan una atención prioritaria a las personas, a las comunidades y a la protección efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En definitiva, el debate no debería plantearse como una elección entre responsabilidad social o sostenibilidad. La verdadera cuestión consiste en determinar qué tipo de sostenibilidad se pretende construir. Si la sostenibilidad incorpora la justicia social, la equidad y los derechos humanos, entonces puede constituir una evolución positiva. Pero si se limita a criterios de competitividad y eficiencia, existe el riesgo de relegar precisamente aquello que la responsabilidad social buscaba colocar en el centro: la dignidad humana y el bienestar colectivo.
