¿Qué tiene de comunista preguntar por qué se restringió el ingreso a una plaza pública?
¿Qué tiene de comunista discrepar de un proyecto de ley o pedir explicaciones al Gobierno? En Costa Rica, esas preguntas deberían formar parte normal de la conversación democrática. Sin embargo, el uso de la etiqueta “comunista” para descalificar a quienes cuestionan al oficialismo merece una discusión seria.
Costa Rica suele asociarse con una tradición de moderación política y diálogo, aunque nuestra historia nunca haya estado libre de conflictos ni de profundas diferencias. Precisamente por eso resulta preocupante que las discrepancias se presenten como una amenaza ideológica o una conspiración contra el Gobierno. (El País ha descrito el país como una sociedad de tradición moderada que hoy se abre a una mayor confrontación).
En mayo, Laura Fernández llamó “comunistas” a diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) por oponerse a su proyecto de reforma eléctrica. (La Nación informó sobre esas declaraciones). En setiembre, después de que se le preguntara por la burla de Rodrigo Chaves a un ciudadano en Cartago, la presidenta volvió a referirse a las críticas como “murmuraciones del bloque comunista opositor”. También explicó el comportamiento del ministro con la frase “es Rodrigo Chaves siendo Rodrigo Chaves”. (Delfino cubrió el intercambio).
Días después, durante su visita oficial a Colombia, Fernández describió al PLN y al FA como una “vergonzosa alianza comunista opositora” a su Gobierno. Lo dijo en Barranquilla, en una conferencia conjunta con el presidente colombiano. (Monumental reportó la declaración).
La repetición importa. El término deja de describir una postura política concreta y empieza a funcionar como una etiqueta para desacreditar a quienes se oponen, critican o piden explicaciones. Además, poner bajo una sola etiqueta a agrupaciones distintas simplifica el debate y evita responder a los argumentos específicos de cada una.
El episodio de Cartago muestra cómo esto puede alcanzar también a una persona que hace una pregunta ciudadana: ¿por qué se pedía identificación para ingresar a la Plaza Mayor? La conversación se desplazó hacia la conducta del ciudadano y la reacción del ministro. La pregunta sobre los controles quedó atrás. Cuando se cuestionó la respuesta de Chaves, las críticas fueron asociadas con un “bloque comunista”.
Es indignante que parezca bastar con decir “comunistas” para evitar dar cuentas. ¿De verdad vamos a seguir aceptando que una etiqueta sustituya una explicación? ¿Vamos a permitir que nos traten como si no pudiéramos distinguir una respuesta de fondo de una descalificación?
No hace falta estar en contra del Gobierno para preguntar por el sentido de una declaración, los criterios de un operativo o la conducta de una persona ministra. Quienes apoyan al Gobierno pueden pedir explicaciones sin renunciar a ese apoyo. Quienes lo critican pueden hacerlo sin que se les atribuya una ideología para invalidar sus argumentos.
Es comprensible que tanta confrontación desgaste. Pero acostumbrarnos a las burlas y a las etiquetas reduce nuestras expectativas de rendición de cuentas. Las autoridades deben responder con información y razones. La ciudadanía tiene derecho a insistir cuando esas respuestas no llegan.
Cuando hacer preguntas nos convierte en comunistas, el debate público deja de tratar sobre lo que se preguntó y empieza a tratar sobre quién se atrevió a preguntar. No aceptemos respuestas baratas donde corresponden explicaciones verdaderas.
