Las recientes declaraciones del ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, según las cuales la Iglesia Católica debería limitarse a “promover la fe y predicar la palabra de Dios”, dejando la política comercial exclusivamente en manos del Gobierno, merecen una reflexión más profunda que la simple coyuntura del debate sobre el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Más allá de la controversia política inmediata, sus palabras revelan una concepción reduccionista tanto del papel histórico de la Iglesia en la vida pública como del contenido mismo de la doctrina católica.
La afirmación de que la Iglesia debe circunscribirse al ámbito estrictamente espiritual parte de una premisa que no encuentra sustento ni en la tradición doctrinal católica ni en los documentos oficiales del Magisterio. Por el contrario, la Iglesia ha sostenido de manera constante que la fe cristiana posee una dimensión no solo personal, sino también social, cultural, económica y política. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2105, establece expresamente que la misión evangelizadora de la Iglesia incluye trabajar para que “el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad” puedan ser informadas por el espíritu cristiano. La referencia no es accidental ni meramente simbólica: la doctrina católica reconoce explícitamente que las leyes, las instituciones y las estructuras sociales poseen una dimensión moral sobre la cual la Iglesia no solo puede pronunciarse, sino respecto de la cual tiene una responsabilidad pastoral.
Esta obligación aparece formulada de manera todavía más clara en la constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, cuando afirma que la Iglesia “puede y debe emitir un juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas”. La expresión “puede y debe” no deja espacio para interpretaciones que pretendan relegar a la Iglesia a un silencio institucional frente a decisiones públicas con consecuencias sociales profundas. Por el contrario, configura una verdadera responsabilidad moral.
Desde esa perspectiva, cuando el arzobispo de San José manifestó preocupación por los posibles efectos del CPTPP sobre la agricultura nacional, la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad de pequeños productores o el impacto social de determinadas decisiones comerciales, no estaba invadiendo competencias técnicas del Ministerio de Comercio Exterior ni pretendiendo sustituir al Estado en la conducción de la política pública. Estaba ejerciendo, precisamente, la función que la propia Iglesia universal le encomienda: iluminar con criterios éticos aquellas decisiones humanas que afectan el bien común, la dignidad de las personas y la justicia social.
Reducir la predicación cristiana a una esfera exclusivamente privada o litúrgica desconoce, además, la propia historia del pensamiento social católico, desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII hasta los desarrollos contemporáneos de la doctrina social de la Iglesia. Durante más de un siglo, el Magisterio ha intervenido en debates relacionados con el trabajo, la propiedad, la pobreza, el comercio internacional, la deuda externa, la protección de comunidades vulnerables, el medio ambiente y la globalización económica. Pretender ahora que la Iglesia debe abstenerse de pronunciarse sobre tratados comerciales cuando estos pueden impactar sectores sociales sensibles no solo contradice esa tradición; supone ignorarla por completo.
En el caso costarricense, la postura resulta todavía más problemática si se considera que la propia Constitución Política, en su artículo 75, reconoce a la religión católica como religión del Estado. Sin entrar siquiera en el debate contemporáneo sobre confesionalidad o laicidad, es evidente que el modelo constitucional costarricense no ha concebido históricamente a la Iglesia como una institución confinada exclusivamente al templo o a la esfera privada. Su presencia en la discusión moral de asuntos públicos forma parte del desarrollo institucional y cultural del país.
Nadie sostiene que la Iglesia deba negociar tratados internacionales, fijar aranceles, diseñar estrategias de inserción comercial o sustituir a los órganos técnicos del Estado. Esa no es su misión. Pero sí le corresponde, conforme a su propia doctrina, preguntarse si determinadas políticas económicas protegen a los más vulnerables, fortalecen el bien común, respetan la subsidiariedad, promueven la justicia social y preservan la dignidad humana. Y cuando considera que esos principios pueden verse comprometidos, no solo tiene el derecho de hablar: tiene el deber de hacerlo.
Por eso, el problema no radica en que la Iglesia “se meta en política”. El verdadero problema surge cuando desde el poder político se pretende redefinir unilateralmente cuál debe ser el alcance moral de una institución cuya propia identidad doctrinal, histórica y jurídica le impone exactamente lo contrario.