San José, 27 jul (elmundo.cr) – El Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR) advirtió que la propuesta de “tokenización” del oro no representa una solución viable para la problemática que enfrenta el país en la zona de Crucitas, al tratarse de un mecanismo financiero que ignora los desafíos ambientales, legales y de seguridad en el sitio.
La organización técnica subrayó que la tokenización —representación digital de activos mediante blockchain— no sustituye la necesidad imperativa de contar con una extracción legal, planificada y ambientalmente responsable.
Para Néstor Chamorro, presidente del CGCR, es fundamental aclarar que esta idea intenta confundir a la ciudadanía con supuestos que carecen de sostenibilidad.
“Esta no es una herramienta real para solucionar lo que ocurre. La tokenización tiene como principio fundamental siempre una extracción del mineral. Si hablamos de temas de reservas o producción futura, las empresas siempre van a solicitar un aseguramiento real del oro, que este esté protegido”, explicó Chamorro.
El experto enfatizó que, ante la presencia de coligalleros y los problemas sociales denunciados por el Ejecutivo, “es prácticamente imposible poder brindar un respaldo real de protección a un oro que sigue extrayéndose de manera ilegal”.
Actualmente, Crucitas enfrenta una crisis marcada por la minería ilegal, que ha derivado en graves impactos ambientales, contaminación, pérdida de control estatal y el fortalecimiento del crimen organizado, afectando directamente la seguridad de las comunidades aledañas.
Desde la perspectiva técnica del Colegio, cualquier esquema de comercialización de minerales requiere, como condición previa, garantizar la trazabilidad del origen, la legalidad de la extracción y un sistema robusto de fiscalización estatal.
“Las personas o empresas que inviertan en esos supuestos activos digitales se van a sentir estafadas, porque el oro continuará extrayéndose de manera ilegal y ahí el país tendrá que enfrentar problemas mayores”, advirtió el presidente del CGCR.
Finalmente, el gremio concluyó que, si bien la discusión sobre herramientas tecnológicas es válida, estas no pueden presentarse como una alternativa que sustituya la planificación, la regulación y la toma de decisiones fundamentadas en evidencia técnica, calificando la iniciativa que se discute en la Asamblea Legislativa como una propuesta “mal fundamentada”.
