La Constitución política ha sido el marco normativo por el que se han suscitado diferentes disputas de poder y problemas en el ámbito político. Su importancia obliga a tenerla como el máximo instrumento jurídico de nuestro país, del cual se deriva y depende el cuerpo normativo y todas las demás normas de un país, que deben estar en concordancia con sus preceptos.
Es una declaración de la voluntad popular, la cual se entiende como soberana y que recoge dos pilares fundamentales de una sociedad políticamente organizada. Primero: una declaración de derechos entendidos como fundamentales que esa sociedad reconoce como legítimos a quienes en ella conviven y segundo: una declaración de la forma de organización política que el país ha escogido para regirse.
En este sentido, a nivel global, la carta magna contiene siempre una columna vertebral de derechos constitucionales y libertades fundamentales, a cuyo respeto se obliga el Estado para con todos los habitantes de su territorio y otra igualmente relevante con la estructura del poder legítimo, que se organiza y distribuye, en primer lugar, para delimitar sus actuaciones e impedir que éstas lesionen los derechos mencionados y en segundo lugar, para regular las funciones vitales de los órganos estatales.
En Costa Rica algunos ciudadanos han levantado la voz y se han dado a la tarea de elaborar un borrador con mucho espacio para quienes desean contribuir con este trabajo.
Esto se debe en primera instancia a que al sistema político costarricense le han brotado tumores malignos muy dañinos y carece de defensas frente a sus propias perversiones y al momento no tiene cura para deshacerse de ellos.
Cabe mencionar que la corrupción siempre ha existido, siempre hemos tenido corruptos, sinvergüenzas e ineptos. El problema es que el sistema ha perdido su capacidad para aislar y desechar aquello que le resulta disfuncional.
En otras palabras, se debe reformar el sistema político para que podamos solucionar la crisis de gobernabilidad y representación que afecta la política. También es necesario cambiar de manera fundamental nuestro modelo socioeconómico a uno incluyente y participativo.
Costa Rica necesita reconstruir las bases para un Estado social de derecho fuerte, capaz de enfrentar los tiempos modernos y venideros para esta y las futuras generaciones, que forman parte de la sociedad.
La Constitución actual no da cuenta de la realidad social, cultural, valórica, territorial y política de la Costa Rica actual, y negarse a un cambio constitucional es un intento infructuoso por perseverar en un texto excluyente que constituye un pilar de división en nuestra sociedad.
Finalmente, la propuesta de una nueva constitución debe reforzar derechos y garantías ya contempladas y actualizar las normas que se han aprobado hace mucho tiempo, porque hoy resultan anacrónicas y hasta injustas contra personas o grupos.
