A través de las décadas, Costa Rica se ha enorgullecido por no contar con un ejército, pero también por invertir más del 6% del PIB en educación. Pese a esto, hoy vemos con tristeza como la brecha tecnológica golpea, cual ataque militar, a miles de estudiantes en todo el territorio costarricense.
De acuerdo con el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica: “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Si lo anterior lo aplicamos a las diferencias que existen entre los habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM) y de las zonas rurales, es notorio que sí existe una indiscriminada diferencia de alcance tecnológico y digital que afecta, cuantiosamente, a nuestra niñez y adolescencia estudiantil.
El Ministerio de Educación Pública suspendió las lecciones presenciales como consecuencia de la pandemia, y de inmediato inició con la modalidad de lecciones virtuales, por medio de la plataforma TEAMS, lo que parece bien, siempre y cuando todos los estudiantes cuenten, cuando menos, con una computadora y conexión a Internet de buena calidad. Lo cierto del caso es que no todos los estudiantes del país cuentan con la conectividad necesaria, lo cual evidencia una falta al principio de igualdad.
A la fecha, más de 324 mil estudiante no cuentan con la posibilidad de conectarse a clases virtuales, situación que evidencia el incumplimiento del artículo 58 inciso a) del Código de Niñez y Adolescencia que establece la obligatoriedad de diseñar una política de Estado en dicho sentido: “Políticas nacionales. En el diseño de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá: a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para las personas menores de edad. b) Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y tecnológico, la expresión artística y cultural y los valores éticos y morales. (…)”.
Se podría pensar que el MEP ha realizado un gran esfuerzo para que los alumnos reciban sus lecciones en casa, pero no es así. En realidad, el esfuerzo es de los padres de familia que sí pueden pagar el Internet y comprar las computadoras, algunos, después de hacer grandes sacrificios y no podemos olvidar que el 25% de la población no tiene trabajo dentro de la cual muchos desempleados son padres y madres de familia que también tienen hijos en edad escolar, algo que complica aún más su realidad.
El constituyente estableció el acceso universa de los ciudadanos a la educación, mandato dispuesto en el artículo 78 de la carta fundamental. No se puede iniciar el año lectivo 2021 en las mismas condiciones y, más aún, con el incremento de la desigualdad educativa, en demérito de los derechos de nuestra niñez, adolescencia y juventud.
Hoy más que nunca necesitamos erradicar esta desigualdad digital y esto solo se logra fortaleciendo el acceso al internet en todo el territorio nacional y garantizándole a esta generación, y a las futuras, el derecho a contar con una conectiva de alta velocidad.
Como sociedad que invierte grandes sumas de dinero en materia educativa, debemos proponernos garantizar una educación en condiciones de igualdad, que no represente gastos extraordinarios a las familias costarricenses y que tampoco incremente la brecha que existe respecto del acceso a la educación, de manera que nuestra población estudiantil, formada en centros educativos públicos, no sea víctima de un regazo en su formación.
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