El fortalecimiento del control interno en las instituciones públicas requiere mucho más que normas y procedimientos. Demanda órganos de asesoría con capacidad técnica para analizar información, valorar riesgos, interpretar resultados y aportar criterios que contribuyan a una mejor toma de decisiones. En ese contexto, la integración de los Comités de Auditoría merece una reflexión sobre las competencias profesionales que deben estar presentes en estos espacios.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica ha planteado ante la Contraloría General de la República la conveniencia de que en la integración de estos comités participe al menos un Contador Público Autorizado. Esta propuesta, sustentada en un análisis de las Normas de Control Interno para el Sector Público y del marco regulatorio de la Contaduría Pública, responde a una consideración técnica: existe una relación directa entre las competencias de nuestra profesión y una parte significativa de las responsabilidades asignadas a estos órganos.
Es importante aclarar que esta iniciativa no pretende establecer una exclusividad profesional ni limitar la participación de otras disciplinas. Los Comités de Auditoría deben conservar su carácter multidisciplinario, porque la diversidad de conocimientos y experiencias enriquece su labor. Sin embargo, esa diversidad no debe dejar de lado la necesidad de contar con profesionales que posean formación especializada en auditoría, información financiera, control interno y gestión de riesgos.
La Contraloría General de la República, en respuesta a nuestro planteamiento mediante el oficio DFOE-IAF-0190 del 29 de octubre de 2026, señaló que los Comités de Auditoría cumplen una función asesora y estratégica, no ejecutan auditorías ni sustituyen las competencias de las Auditorías Internas. A partir de ese criterio, considera que la normativa vigente, basada en la idoneidad técnica, la independencia y la complementariedad de capacidades, resulta suficiente sin necesidad de establecer la participación obligatoria de una profesión determinada.
Coincidimos en que los Comités de Auditoría no deben asumir las funciones propias de las Auditorías Internas. No obstante, ese nunca fue el argumento central de nuestra propuesta. La discusión no gira en torno a quién ejecuta una auditoría, sino a cuáles conocimientos se requieren para comprender, interpretar y valorar adecuadamente sus resultados.
Un comité que debe examinar informes de auditoría, analizar la razonabilidad de la información financiera, valorar riesgos institucionales, dar seguimiento a recomendaciones de los órganos de fiscalización y asesorar al jerarca necesita contar con competencias especializadas en esas materias. Su función asesora no reduce la importancia del conocimiento técnico; por el contrario, lo hace indispensable para que sus recomendaciones tengan fundamento y aporten valor a la gestión institucional.
Para sustentar esta posición, el Colegio realizó un análisis comparativo entre las funciones asignadas a los Comités de Auditoría y las competencias profesionales reconocidas al Contador Público Autorizado en el artículo 2 del Reglamento a la Ley N.°1038. El resultado evidencia una correspondencia objetiva entre la formación de estos profesionales y responsabilidades relacionadas con auditoría, control interno, gestión integral de riesgos, análisis de información financiera y seguimiento de recomendaciones.
Por esta razón, consideramos que la respuesta de la Contraloría General de la República no aborda de manera específica esa correspondencia funcional, que constituye precisamente el fundamento técnico de nuestra propuesta. La idoneidad profesional no debería valorarse únicamente desde una perspectiva general, sino también en función de las responsabilidades concretas que debe atender cada órgano.
Desde el Colegio creemos que fortalecer la integración de los Comités de Auditoría es una oportunidad para mejorar la gobernanza pública, promover decisiones mejor fundamentadas y contribuir a una gestión institucional más transparente y eficiente. Garantizar la participación de al menos un Contador Público Autorizado no significa restar importancia a otras profesiones, sino reconocer el aporte específico que la Contaduría Pública puede ofrecer en estos espacios.
Mantenemos nuestra posición técnica con pleno respeto por las competencias constitucionales y legales de la Contraloría General de la República. Estamos convencidos de que el intercambio de criterios especializados y el análisis de propuestas de mejora normativa son fundamentales para fortalecer el sistema de control interno del sector público.
La calidad de las decisiones públicas también depende de la calidad técnica de quienes asesoran a sus jerarcas. Por eso, la idoneidad profesional debe ocupar un lugar central cuando se define quiénes integran los órganos responsables de contribuir al control, la transparencia y la buena gobernanza institucional.
