San José, 09 nov (elmundo.cr) – La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) exigió a la Universidad Nacional (UNA) garantizar la continuidad del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT), ante la advertencia de que Costa Rica podría perder, a partir del 1.º de enero de 2027, el servicio permanente de análisis de amenazas de tsunami en tiempo real.
La organización manifestó su preocupación por la reducción de personal prevista para el próximo año, que, según la información divulgada por la UNA, impediría mantener la vigilancia durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
“La protección de la vida humana no puede convertirse en una variable de ajuste presupuestario ni en un instrumento de confrontación institucional”, señaló la presidenta de la UNGL, María Gabriela Jiménez Corrales, en un pronunciamiento divulgado este lunes 9 de noviembre.
La entidad pidió a la Universidad Nacional demostrar que ha agotado las posibilidades de reorganización administrativa, optimización del gasto y reasignación interna de recursos antes de reducir la capacidad operativa del sistema.
Más de 700.000 habitantes en comunidades costeras
La UNGL advirtió sobre las posibles consecuencias de debilitar el monitoreo de tsunamis, al señalar que existen aproximadamente 315 comunidades costeras distribuidas en 18 cantones, de los cuales 15 se ubican en el Pacífico y tres en el Caribe.
De acuerdo con los datos incluidos en el pronunciamiento, alrededor de 700.000 personas viven permanentemente en esas zonas, mientras que la población expuesta podría alcanzar los dos millones durante la temporada alta turística.
La organización recordó que, desde abril de 2014, el SINAMOT ha analizado más de 900 eventos con potencial de generar tsunamis. Además, desarrolla estudios científicos, capacitaciones, simulacros y acompañamiento a las comunidades.
“No hablamos simplemente de mantener un programa universitario. Hablamos de proteger a familias, pescadores, trabajadores, comerciantes, niños y turistas”, expresó Jiménez.
UNGL solicita explicaciones a la UNA y acciones de otras instituciones
Entre las medidas planteadas, la Unión Nacional de Gobiernos Locales exigió a la Universidad Nacional presentar una explicación pública, técnica y presupuestaria sobre las decisiones que comprometerían la continuidad del SINAMOT.
También solicitó a la Rectoría demostrar que revisó y optimizó los gastos administrativos no esenciales antes de reducir la capacidad de un servicio que considera estratégico para la protección de la vida.
La organización hizo un llamado a las alcaldesas y los alcaldes de los 18 cantones costeros para impulsar una posición conjunta en defensa de sus comunidades.
Asimismo, pidió a las diputaciones ejercer sus competencias de control político, solicitar información sobre la situación presupuestaria del sistema y promover soluciones para garantizar su funcionamiento.
La UNGL también instó a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) a participar en una solución interinstitucional.
Además, advirtió que está dispuesta a valorar acciones jurídicas, incluida la eventual presentación de recursos de amparo, si se acredita una amenaza concreta a los derechos fundamentales de las poblaciones expuestas.
“La prevención no puede esperar a que ocurra una tragedia”, enfatizó la presidenta de la organización.
Finalmente, la UNGL reconoció que la discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas es legítima, pero sostuvo que no debe dejar desprotegidas a las comunidades costeras.
“Con la vida de nuestro pueblo no se juega, no se improvisa y no se negocia”, concluyó Jiménez.
