El 19 de junio del presente año fue presentado a la corriente legislativa el proyecto de “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, con la firma de cuarenta y un diputados, y el primer día del mes siguiente el plenario aprobó, con sólo dos votos en contra, aplicarle un procedimiento abreviado a la iniciativa.
El proyecto impulsa una reforma legal que permitiría al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) otorgar licencias para la captura del camarón, condicionadas, entre otras cosas, al uso de nuevas técnicas y dirigido a determinadas especies de este valioso recurso pesquero, todo de acuerdo con los resultados de una investigación realizada por esa entidad en los meses finales del año anterior.
Los legisladores proponentes afirman que de esta manera se cumple con lo señalado por la sentencia de la Sala Constitucional del 7 de agosto del 2013, la cual aunque ordenó al Incopesca no otorgar nuevas licencias, ni renovar las vigentes para ese tipo de pesca, a la vez señaló que “en el futuro se puedan reinstaurar” mediante una reforma legal y condicionado a que, con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, “se demuestre una reducción significativa de la captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático”.
El estudio del Incopesca, efectuado en la boca del Golfo de Nicoya sobre la pesca de las especies denominadas “Pinky” y “Fidel”, asegura que mediante la utilización de una nueva red -diseñada localmente y acondicionada con dispositivos excluidores de peces y tortugas- se captura, por cada tonelada, el 75% de camarón, logrando reducir un 66% la pesca incidental o fauna de acompañamiento (FACA) que se descarta.
Los funcionarios del Incopesca estiman que un barco camaronero dejaría de capturar casi 7.000 toneladas métricas de FACA al año en la pesca de camarón Pinky y aproximadamente 15.000 toneladas en la de Fidel.
El trabajo realizado por el área de investigación pesquera del Incopesca ha sido cuestionado por sectores ambientalistas y de la academia, los que alegan que carece de rigor científico, así como por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y la Procuraduría General de la República, por considerar que la investigación es insuficiente de acuerdo con lo solicitado por los señores magistrados.
Aunque comparto la alegada conveniencia de otros estudios, creo que la investigación realizada estuvo dirigida a demostrar que con nuevas técnicas o dispositivos es posible lograr una reducción significativa de la captura incidental o FACA, que es lo que exigió la Sala IV en su fallo del 2013 y que reiteró en agosto del 2018 al otorgar al Incopesca un plazo de seis meses para realizar el estudio.
Además, con el uso de esta nueva red se demuestra que la captura de especies objetivo de los pescadores artesanales fue de menos del 1%, lo cual es compatible con el criterio de un “desarrollo sostenible democrático”, tan caro a los jueces constitucionales.
No menos importante es el dato de que la captura de especies vulnerables como las rayas y los tiburones fue también de menos del 1%, logrando causar un daño significativamente menor al medioambiente.
Es importante señalar que el estudio cumple con los parámetros utilizados por organismos expertos en materia pesquera como La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA).
Con la información recabada, el otorgamiento de nuevas licencias se deberá condicionar al uso de la red estudiada (denominada AA Costa Rica), exclusivamente para la pesca de camarón Pinky y Fidel, reservando así el camarón blanco que se pesca a menor profundidad para los pescadores artesanales, y con lances de no más de dos horas. Estas exigencias o cambios lograrán mitigar el impacto ambiental y minimizar el daño para la pesca artesanal de pequeña escala.
Lamentablemente, el debate sobre este tema ha sido vehemente y áspero y ha tenido como protagonistas al sector ambientalista y pesquero con posiciones irreconciliables.
Comprendo lo difícil que es armonizar las perspectivas de los ambientalistas y los pescadores, sobre todo cuando los primeros, en no pocas ocasiones, radicalizan sus posiciones y priorizan la conservación sobre el uso sostenible, o cuando los segundos anteponen su expectativa de explotación al desarrollo sustentable.
Ojalá que algún día las diferencias entre ellos se pudiesen superar por medio del diálogo y la comprensión y que en vez de antagonismo y disputas prive la colaboración para beneficio del sector pesquero.
Igualmente, las instancias universitarias dedicadas a la investigación científica en materia pesquera deberían colaborar más con el Incopesca, para suplir o complementar las carencias de esa institución.
Por otra parte, es incompresible la obstinada actitud del gobierno en contra del proyecto, así como la timorata posición del ministro de Agricultura y Ganadería, quien en su calidad de rector sectorial debería ser más proactivo a favor de la actividad pesquera.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr.
