Recientemente, en conferencia de prensa el gerente general a.i., del BNCR, Jaime Murillo Víquez, acompañado por el director de Seguridad e Investigación, David Villalobos Mora, y por la directora jurídica de la entidad, Marietta Herrera Cantillo, presentó la denuncia del faltante de dinero ante la Fiscalía.
Cabe destacar que ante la falta “control exhaustivo” el BNCR fue víctima de un faltante en efectivo de aproximadamente ¢3.293,8 millones de colones ($6,1 millones de dólares) de sus bóvedas y se sospecha de cinco funcionarios, aunque podrían ser más personas las involucradas.
En este contexto, este hurto perpetrado por empleados de confianza debe penalizarse de manera diferente a un robo “normal” debido a que este banco es estatal (de todos), y consecuentemente debe conllevar el castigo máximo o castigo más severo que un robo convencional.
El asalto bancario es un delito grave en todos los países del mundo y por lo que se castiga severamente. Pero extraer fondos de manera ilegal y coordinada por colaboradores de confianza o de cuello blanco, debería de castigarse con largo período en prisión y hasta cadena perpetua.
Se habla de una red de funcionarios de la institución financiera estatal, que aprovechando la falta de “control exhaustivo”, fueron desviando recursos. Hurtando a lo largo de un corto tiempo o más, según sus propias estimaciones, un aproximado de $6.1 millones de dólares.
Hasta ahora se desconoce con certeza el modus operandi que permitía a estos funcionarios intervenir en las operaciones de retiros o depósitos, que afectaron el patrimonio bancario de forma significativa. Aunque hay rumores de que el dinero nunca salió de los carros remeseros.
Al momento no existe información veraz, que explique cómo fue posible que un grupo de “cinco funcionarios” logró mover este millonario monto sin que alguna instancia se percatara de la inusual situación.
Pese a que el banco afectado se ha rehusado a brindar declaraciones supuestamente para no afectar las investigaciones, el departamento de TI recomendó a las entidad financiera reforzar el control en los sistemas informáticos para evitar que ocurran hechos similares.
Este caso es preocupante porque es otro caso de corrupción de funcionarios, que nos demuestran que es posible hurtar en la institución financiera estatal que suscita este comentario, poniendo en peligro la estabilidad de éste y a toda su cartera de clientes, sino sobre todo porque el Banco Nacional es de propiedad pública, lo que significa que si hubo falta de “control exhaustivo”.
Finalmente, la evolución de la seguridad bancaria será lógicamente una condicionante fundamental para evitar robos de la magnitud reciente en donde la institución debe blindarse mediante una nueva normativa, y mejores prácticas de gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad a ser aplicadas en sus procesos internos como externos para sus filiales bancarias, sociedades de apoyo al giro bancario y emisores y operadores de tarjetas de pago.
