La robustez de la democracia que como país hemos construido a lo largo de las últimas décadas, se ha desgastado y se encuentra en crisis, principalmente por el entrabamiento de la maquinaria estatal. Esto por la incapacidad para enfrentar problemas, tales como la pobreza, la delincuencia, la salud pública, la educación, la deficiencia en infraestructura o inversión pública, la deficiente rendición de cuentas y la imposibilidad de exigir responsabilidad a los miembros de los supremos poderes ante los abusos del poder materializados en actos de corrupción, la pérdida de confianza en el sistema político, la inadecuada distribución de la riqueza, las largas listas de espera de los servicios de salud y de justicia, la falta de creación de nuevas oportunidades de empleo, entre otros aspectos que nos aquejan como nación.
Esta situación ha producido un descontento ciudadano generalizado, las muestras de ello se evidencian en las cifras del abstencionismo, según indican los informes y estadísticas realizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, así como en las manifestaciones, huelgas, caminatas, tortuguismo, vigilias, recolección de firmas para llevar proyectos de ley a referéndum, entre otras realizadas por grupos de la sociedad como ambientalistas, sindicalistas, transportistas, indígenas y estudiantes; que no ven satisfechos sus intereses y no encuentran una respuesta oportuna por parte de quienes asumieron el poder.
Es una realidad, la situación de nuestro país es crítica; desde hace ya bastante tiempo como pueblo conocemos de nuestros males y de los cambios necesarios en el sistema político, pero nada sucede. Muestra de lo dicho es que desde los años 90 se inició el análisis e investigación de la estructura del Estado, siendo su primer resultado el informe COREC I, de la Comisión para la Reforma del Estado Costarricense, del que surgieron propuestas para una adecuada redistribución del poder en instancias locales y regionales, un mayor control ciudadano de la gestión pública y una mayor eficiencia en la función estatal, con el fin de crear condiciones óptimas para el desarrollo económico.
Otro análisis de la situación del país produjo el informe llamado La Transformación del Estado Costarricense 1990-1994, realizado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. También la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado en el año 2008 rindió un informe con propuestas de acciones de reforma del Estado. A pesar de todos los hallazgos y propuestas efectuadas, la situación nacional no varió, resultando común escuchar que somos víctimas de la ingobernabilidad.
Fue así como en el año 2012, la exmandataria Laura Chinchilla Miranda también conformó una comisión con un ilustre grupo de ciudadanos –llamada Comisión de Notables- para que presentaran una propuesta que buscara avanzar hacia mayores niveles de funcionalidad y calidad de nuestra democracia.
El informe rendido en el año 2013 por el grupo de notables, partió de la visión de que el país se encuentra en una crisis de gobernabilidad democrática, la cual estaría relacionada con el diseño de la institucionalidad política. Con ese panorama, llevaron a cabo una serie de propuestas que constituían reformas necesarias para lograr una mejoría en el funcionamiento del Estado y en democracia, con el fin de que se pueda responder de forma adecuada y oportuna a las necesidades del pueblo.
Estos informes muestran una preocupación presente en el debate político de los últimos 25 años, en cuanto a que el diseño y funcionamiento del Estado en Costa Rica debe ser revisado y reflejan la proliferación de diagnósticos sobre lo que le pasa al Estado y las propuestas sobre cómo “arreglarlo”.
En ese sentido, en los últimos meses se escucha sobre la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente con el propósito de dotar a Costa Rica de una nueva Constitución Política, que responda a las necesidades, principios y valores de los tiempos actuales. También, que permita efectuar los ajustes respecto a la estructura de nuestro Estado, así como actualizar y modernizar democráticamente la arquitectura jurídico-política del mismo. Todo esto para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de todas las personas que vivimos bajo su orientación, resguardo y protección, para así romper con la situación de crisis social y de gobernabilidad en la que nos encontramos.
Esta idea ha sido debatida y cuestionada al considerar que no es necesario realizar un cambio total de nuestra Constitución Política como solución a los problemas que enfrentamos como país, pues las leyes por sí solas no resuelven nada y si existe una necesidad de efectuar cambios en el texto constitucional, estos se pueden ejecutar mediante reformas parciales a la Carta Magna.
También, hay quienes creen que como nación no estamos preparados para el cambio, que no somos una población madura para afrontar un proceso de Asamblea Constituyente, el cual más bien podría generar inestabilidad e inseguridad al constituirse en un poder paralelo a los ya establecidos.
Ante el panorama actual, coincido en que efectivamente una nueva Constitución Política no resolvería los males que azotan al país, pero en cuanto a los otros argumentos en contra de propiciar ajustes constitucionales mediante una constituyente, los mismos resultan falaces y corresponden a una política del miedo a lo supuestamente desconocido.
En lo que creo es que como ciudadanos debemos unirnos, hacernos sentir y escuchar nuestra voz como un pueblo soberano; que asumamos nuestra cuota de responsabilidad y propiciemos cambios.
Debemos evolucionar como nación, pues como dijo Thomas Jefferson: “El presente pertenece a los vivos no a los muertos”; es tiempo de ejercitar ese derecho de vivir en el presente mirando hacia el futuro y de que cada uno decida si se quiere seguir con un país sin oportunidades de mejora y que no avanza o si queremos ser arquitectos y constructores de un nuevo Estado conforme a las necesidades actuales.
