Para la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX), la modernización del sistema eléctrico no es una discusión exclusiva de ingenieros, generadores o instituciones públicas. Es una decisión sobre el futuro productivo de Costa Rica. Para una economía pequeña, abierta y profundamente integrada al comercio internacional, la electricidad es una infraestructura esencial: determina cuánto cuesta producir, almacenar, refrigerar, digitalizar, transportar y prestar servicios. También influye en la decisión de una empresa de ampliar operaciones, instalar una nueva planta, desarrollar un centro de datos o trasladar su inversión a otro país.
Costa Rica ha construido una ventaja internacional indiscutible sobre la base de su matriz renovable y de la continuidad histórica de su servicio eléctrico. Sin embargo, esa fortaleza ya no puede medirse únicamente por el porcentaje de generación limpia. Una matriz sostenible pierde parte de su valor económico cuando las tarifas presionan a la industria, cuando la expansión de la generación se retrasa o cuando la infraestructura de transmisión no acompaña el crecimiento de la demanda.
El expediente N.°23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, busca responder precisamente a ese desafío. Su objetivo es modernizar el sistema mediante criterios de eficiencia, sostenibilidad, confiabilidad, calidad y menor costo posible para los consumidores, aprovechando de forma más eficiente los recursos públicos y privados disponibles en el país.
Uno de los aportes más relevantes del proyecto es la creación del Mercado Eléctrico Nacional. Este permitiría organizar transacciones mediante contratos, subastas, mercados de oportunidad, servicios auxiliares y mecanismos de capacidad. Bien diseñadas y reguladas, estas herramientas pueden mejorar la asignación de recursos, transparentar los costos y facilitar que los proyectos más convenientes para el sistema se desarrollen en el momento adecuado. La competencia debe entenderse como un instrumento para obtener eficiencia, inversión y mejores condiciones para el usuario, preservando la seguridad del suministro y la prioridad de la demanda nacional.
También resulta fundamental la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, ECOSEN, concebido como el operador técnico que asumiría la planificación operativa, el despacho económico, la administración del mercado y la coordinación con el Mercado Eléctrico Regional. Separar claramente las funciones de rectoría, regulación, operación y participación empresarial fortalece la transparencia y reduce potenciales conflictos de interés. El Ministerio de Ambiente y Energía mantendría la dirección de la política pública; mientras que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos conservaría y ampliaría sus responsabilidades regulatorias y de fiscalización.
La reforma incorpora además figuras propias de los sistemas eléctricos modernos. Los comercializadores pueden facilitar la compra y venta de bloques de energía; los agregadores de demanda pueden reunir la flexibilidad de distintos consumidores, sistemas de almacenamiento o recursos distribuidos para ofrecerla al sistema; y los grandes consumidores podrían participar gradualmente en el mercado mayorista bajo condiciones técnicas previamente establecidas.
La disponibilidad de energía competitiva es también una condición para atraer inversión extranjera directa. Hoy las empresas evalúan simultáneamente la huella ambiental de la electricidad, su costo, la capacidad disponible, la estabilidad de la red y la rapidez con que pueden conectarse. Costa Rica tiene una ventaja reputacional por su generación renovable, pero debe convertirla en una ventaja operativa.
Una reforma de esta magnitud exige gradualidad, reglamentación rigurosa y una transición institucional cuidadosamente administrada. Debe protegerse la continuidad del servicio, evitarse la creación de costos innecesarios, asegurar una gobernanza técnica de ECOSEN y preservar la solidez del ICE, de las empresas municipales y de las cooperativas de electrificación. También será indispensable que las subastas, tarifas, cargos de capacidad y cánones se diseñen con transparencia y con una evaluación permanente de su impacto sobre los consumidores. Aprobar la ley no sustituye la buena ejecución; la obliga.
No obstante, reconocer esos retos no puede convertirse en una excusa para mantener el inmovilismo. El proyecto fue aprobado en primer debate en mayo de 2026 y permanece pendiente de completar su trámite legislativo. Cada retraso aumenta el riesgo de que Costa Rica reaccione tarde, mediante soluciones más costosas y menos ordenadas, frente a necesidades que ya pueden anticiparse.
Desde la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica, consideramos que la energía debe ser tratada como un componente central de la política de competitividad. No existe una estrategia seria de exportaciones, atracción de inversión, transformación digital o desarrollo logístico que pueda sostenerse sin electricidad confiable y competitiva. La modernización del sistema permitirá fortalecer la productividad, facilitar la incorporación de nuevas inversiones y preparar al país para actividades de mayor sofisticación tecnológica y valor agregado.
Por ello, hacemos un llamado respetuoso, pero urgente a las fracciones legislativas para construir los acuerdos requeridos y aprobar cuanto antes el expediente N.°23.414. Costa Rica no debe escoger entre sostenibilidad y competitividad: necesita ambas. La verdadera meta es transformar nuestra energía limpia en una plataforma de crecimiento, innovación y empleo. Postergar la decisión significa renunciar a tiempo valioso; aprobarla, con responsabilidad y visión de largo plazo, significa preparar al país para competir en la economía que ya está emergiendo.
