El diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas implica un equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, buscando el objetivo de generar el mayor beneficio para la mayoría de las personas. En Costa Rica, la Evaluación Costo-Beneficio (ECB) está enmarcada principalmente en los artículos 1 y 12 de la Ley No. 8220 y su uso es cada vez más frecuente para la toma de decisiones en las instituciones gubernamentales. Con esta metodología se busca medir el impacto económico y administrativo que tiene toda regulación que aumente o disminuya los trámites o procedimientos administrativos para los ciudadanos, organizaciones y empresas, con el propósito de asegurar que estos procesos sean eficientes y logren el objetivo para el cual se formulen, sin establecer requisitos innecesarios.
Sin embargo, en el contexto costarricense no hay un marco específico que abarque todas las políticas públicas y que obligue a todos los órganos gestores de una política pública a aplicar una metodología rigurosa de evaluación. Es en este ámbito que en nuestro trabajo en el área de asuntos de gobierno y relaciones gubernamentales en CLC Comunicación afiliada de Llorente y Cuenca (LLYC) debemos propiciar conversaciones con los representantes de gobierno y sus equipos de trabajo para analizar el alcance, aportar información y datos y evaluar la conveniencia o no de una política pública. Usualmente, parte de nuestras discusiones son en torno a si la política pública trae mayores costos que beneficios. Aunque la ECB es una herramienta analítica muy valiosa en general, tiene algunas limitaciones específicas.
Limitación del alcance La ECB es útil para medir los impactos económicos, pero no abarca completamente el estudio de las necesidades de la sociedad. Específicamente, su metodología tiende a descuidar los intereses de los grupos más vulnerables, pues su foco principal radica en cuantificar los resultados en términos monetarios. Esto deja de lado aspectos cualitativos como el acceso a las oportunidades, la seguridad de la propiedad y la provisión de necesidades básicas en un enfoque de derechos humanos. Entonces, si bien evalúa el bienestar general mediante mediciones agregadas, su enfoque no permite visibilizar la relevancia de atender las necesidades individuales. Esto es especialmente importante en un país diverso y complejo como Costa Rica, donde las políticas públicas deben buscar un equilibrio entre lo general y lo particular.
Transparencia y gobernanza Uno de los argumentos a favor de la ECB es su contribución a la transparencia y la rendición de cuentas. Estos elementos no son fines en sí mismos, son medios para alcanzar decisiones más justas e inclusivas. Mantener la ECB como herramienta de aporte y consulta, más que como criterio definitivo, asegura una mezcla equilibrada de eficiencia y equidad si se combina con metodologías participativas que permiten el análisis de factores cualitativos y de experiencias de vida. Estos sistemas deben ser complementarios al análisis costo beneficio y no sustitutos, pues en un sistema democrático no se debe “sobre representar” a un grupo en perjuicio de la mayoría o generar políticas que deterioren la estabilidad macroeconómica cuyos efectos son sentidos por todos y por lo general más por los grupos más vulnerables de la sociedad.
No hay “Silver Bullet” Al final del día, no existe una única herramienta que resuelva todas las complejidades de la toma de decisiones en políticas públicas. Sin un análisis de ECB se pueden aplicar políticas públicas que carguen innecesariamente a la ciudadanía de requerimientos y costes, sin que estén claros los beneficios totales. Puede haber buenas intenciones, pero sin una revisión adecuada el coste de la regulación puede ser mayor al beneficio obtenido para la sociedad y afectar a la ciudadanía e inclusive al mismo grupo humano que se buscaba beneficiar.
Adicionalmente, no aplicar un análisis costo-beneficio puede favorecer la corrupción y beneficios para grupos de interés o de presión “buscadores de rentas” (rent-seekers). Entonces, esta metodología que genera información valiosa para la toma de decisiones podría ser útil en situaciones donde dos políticas tienen consecuencias similares y los tomadores de decisiones están divididos. En estos casos, puede usarse como una evaluación preliminar y posiblemente como factor decisivo en casos de consecuencias comparables.
Algunos métodos complementarios son el “Análisis de decisión multi-criterio” el cual ayuda a filtrar opciones de políticas, es participativo y usado ampliamente debido a su amplitud y flexibilidad; sin embargo, se ha criticado por carecer de transparencia. El “Análisis de costo-efectividad”, el cual evalúa opciones de bajo costo para lograr un objetivo definido y es útil para valorar beneficios en un contexto de alta complejidad. Igualmente, el análisis de “System Dynamics” el cual es una simulación para entender sistemas dinámicos complejos, en la que se experimentan decisiones antes de implementarlas y es relevante para analizar temas de sostenibilidad.
Otros métodos son el “Análisis de escenarios”, el cual utiliza procesos creativos y de engagement con personas expertas, pero que, en ciertos casos, puede ser opaco y dependiente de las personas seleccionadas. El “Análisis de opciones reales” cuantifica el riesgo de inversión y es una alternativa al ECB; el “Análisis de Cartera” que busca la asignación óptima para alcanzar objetivos, pero puede ser sesgado en cuanto a la asignación; la “Toma de decisiones robusta” el cual es un marco para decisiones a largo plazo con incertidumbre que obliga a explicitar preferencias y considera tanto información cualitativa como cuantitativa; el “Análisis de riesgo-oportunidad” que es una herramienta nueva que contempla riesgos y oportunidades de políticas; y las “Perspectivas conductuales”, el cual estudia el comportamiento humano para tomar decisiones que puede ser útil para acciones a largo plazo como el cambio climático.
En general, todas estas herramientas ofrecen distintos enfoques, sesgos y beneficios para el análisis y toma de decisiones en políticas públicas, especialmente en contextos de cambio y transformación. La ECB puede ser inadecuada para evaluar cambios transformadores, ya que su objetivo se centra en la eficiencia estática más que en la efectividad dinámica. Por ejemplo, si se considera la transición hacia una economía más sostenible, el análisis puramente económico podría no ser suficiente para evaluar todas las dimensiones y beneficios.
En conclusión, una de las claves en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas reside en un enfoque multi-método, en donde la ECB se utilice en paralelo a otras herramientas analíticas. Al hacerlo, se puede lograr un equilibrio entre la eficiencia económica y la justicia social, en particular en un entorno diverso y dinámico como el que vivimos.
