“…la política no puede ser vista como una lucha de poder, sino como una búsqueda colectiva de soluciones para los problemas que enfrentamos como sociedad”. (Carl Sagan. Astrónomo)
Hace un mes el 68% de las personas empadronadas decidieron no votar en las elecciones municipales que estaban convocadas, y esta notable ausencia de las urnas viene sucediendo desde el año 2002, cuando por primera vez se eligieron alcaldías. Es decir, en 22 años el pueblo elector sigue sin reconocer la importancia de los gobiernos locales que, al ser cruciales para la democracia electoral, la representación y el sistema de partidos, ha sido objeto de recientes notas y opiniones publicadas por El Mundo CR.
Para la Comisión Especial de Reformas Electorales el asunto tampoco ha pasado desapercibido, y por eso acaba de dictaminar favorablemente el proyecto para unificar las elecciones municipales con las nacionales. Esta decisión que reviviría los ciclos electorales cada 4 años, se ha dicho que alinearía en el tiempo la política pública del gobierno central con la local, reduciría el desgaste y costo partidista de alistarse para “competir” cada 2 años, reforzaría la lealtad partidaria al disminuir la percepción ciudadana de “estar siempre en elecciones” y “tener que salir a votar sin saber por quién”, y posiblemente capitalizaría la mayor participación de la gente en los comicios presidenciales y diputadiles; faltaría la asignación de financiamiento a la parte municipal.
También, si esa acción se convierte en ley es posible que facilite la realización intermedia de un referéndum, como sano ejercicio de democracia directa que no se practica desde el 2007, y que como tal activa excepcionalmente el músculo del soberano para que decida sobre asuntos estratégicos, que han permanecido legislativa y políticamente postergados o bloqueados.
Ahora, junto a ese espíritu de revisión de lo electoral y municipal, parece haberse “colado” el ímpetu de iniciar la búsqueda de aliados para los comicios nacionales de 2026, pese a que lo prioritario -desde hace rato- sea la construcción de una agenda de proyectos mínimos pero sustantivos en lo social, político y económico, fundada en la conformación de una coalición legislativa signada por la bandera de Costa Rica.
Dicho eso, las alianzas electorales y coaliciones políticas merecen una breve exposición para diferenciarlas. Sobre las primeras, conocidas también como coaliciones partidarias, consisten en la unión formalmente pactada de varios partidos debidamente inscritos, que presentan un programa de gobierno y candidaturas comunes en el nivel nacional o local según estén autorizados a participar, para aumentar su probabilidad de triunfo en la competencia electoral, sin que posteriormente origine una deseable concertación gubernamental y parlamentaria.
En nuestro país por esa vía resultaron electos presidentes de la República, don José Joaquín Trejos F. (1966) y don Rodrigo Carazo O. (1978), quienes en ese orden fueron candidatos de las entonces coaliciones Unificación Nacional y Unidad. En el plano municipal tampoco han abundado esas alianzas, y son pocas las autoridades comunes electas en los gobiernos locales.
El Código Electoral regula tales coaliciones de los artículos 83 al 85, y destaca que sus condiciones deben de ser aprobadas por las asambleas superiores, y el pacto escrito y protocolizado ha de presentarse sin otras adhesiones especiales a la Dirección de Registro Electoral del TSE para su anotación. Asimismo, se tutela la preservación de la identidad de los partidos aliados, aunque deba acordarse un nombre, divisa y lema oficiales, así como reglas de distribución de las contribuciones estatal, privadas y de la terminación del pacto.
El 1 de febrero de 2026 tendrán lugar las elecciones para elegir presidente, vicepresidencias y diputaciones, y el 1 de octubre de 2025 serían convocadas por el TSE, de ahí que por ahora la prioridad es continuar aquí con las coaliciones políticas, que son propias de sistemas multipartidistas con gobiernos divididos, o sin mayoría en una fragmentada Asamblea Legislativa, que determina la necesidad de buscar pactos de gobernabilidad acordes al interés general y ajenos al mezquino cálculo electoral.
Las coaliciones políticas y particularmente las parlamentarias, expresan el valor democrático de la colaboración en contextos de pluralidad, diversidad e incluso polarización, ya que estimulan el diálogo que refuerza la erosionada legitimidad, y facilita la negociación y logro de acuerdos en materias sensibles para la sociedad en su conjunto, más allá de posturas ideológicas que “castran” la política pública, e impiden el avance de un país que votó por representación de calidad, porque además la merece.
En democracia el poder es dividido, limitado y compartido sin que se excluya la coordinación y colaboración política allí donde se requiera, y así ha de entenderse para desterrar la estéril lógica de la “guerra de todos contra todo y todos”, y en su lugar trabajar por la fluidez del proceso político, basado en una agenda robusta por lo esencial de sus proyectos y la fiel conexión con las necesidades de la gente, que sigue viendo lejanas las oportunidades de desarrollo y bienestar a las que constitucionalmente tiene derecho.
Como ha sostenido Robles Egea en su artículo Coaliciones Políticas y Sistema Democrático, el “… uso del diálogo, y el olvido de los medios violentos, para resolver los conflictos y desacuerdos que afloran en los períodos electorales y la actividad parlamentaria constituye la única vía que conduce a compartir el poder”. Y, al final agregaría que, “… las tendencias conciliadoras y los hábitos de coparticipación en la toma de decisiones creados por las coaliciones políticas pueden llegar a resocializar a las élites y al liderazgo de los partidos y del gobierno en la ética del compromiso y la responsabilidad”. (Resaltados propios).
Este próximo 1 de mayo, que la elección del “nuevo” Directorio Legislativo esté precedida de un sincero y necesario acuerdo llamado “Por Costa Rica”, fundado en una agenda potable y libre de graves fracturas, que avanzará gracias al impulso de una coalición política estable, competentemente liderada por jefaturas de fracción y una presidencia sólida e íntegra. ¿Será…?
