Desde Bnai Brith Costa Rica, organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, la lucha contra toda forma de discriminación y discursos de odio, creemos indispensable aportar claridad en un tema que se ha distorsionado en el debate reciente: la naturaleza de Hamás.
Hamás no puede entenderse solo como un actor político o social. Es una organización con una estructura dual: combina activismo político y asistencia social con un brazo armado que utiliza de forma sistemática la violencia contra civiles como herramienta: en resumen, terrorismo. Por esta razón, ha sido clasificada como organización terrorista por múltiples jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, entre ellos Costa Rica. Esta calificación no es ideológica; responde a criterios claros del derecho internacional.
La existencia de un ala política no elimina ni justifica el uso del terrorismo. A lo largo de la historia, muchas organizaciones han combinado ambas dimensiones. Lo que define su naturaleza son sus métodos, no su narrativa.
Los hechos son contundentes. Desde su fundación en 1987, y más recientemente en los ataques del 7 de octubre de 2023, Hamás ejecuta acciones dirigidas deliberadamente contra población civil. Esto no es resistencia política convencional; es terrorismo.
Los objetivos de Hamás están claramente definidos en su carta fundacional, desde donde parten todas las acciones que ejecuta, enmarcadas en la aniquilación de un pueblo (el judío) y la eliminación de su estado (Israel), despreciando cualquier tipo de negociación que lleve a solucionar conflictos. El elemento central es la intención específica de destruir a un grupo protegido, causal, según la definición de la convención de Ginebra de 1948 sobre el Holocausto, de Genocidio.
Reconocer esta realidad no niega la complejidad del conflicto israelí-palestino, ni el sufrimiento del pueblo palestino, quienes son en primera y última instancia, la víctima de sus propios “hermanos” de Hamas. Defender los derechos humanos exige coherencia: no se pueden relativizar actos de violencia contra civiles inocentes dependiendo de quién los cometa.
También es importante cuidar el lenguaje. Describir a Hamás únicamente como “partido político” no es una simplificación inocente; es una distorsión que confunde a la opinión pública y debilita el análisis serio.
Asimismo, no puede ignorarse que Hamás forma parte de una red regional con vínculos estrechos con actores como Irán, principal instigador del terrorismo, quien llama abiertamente a la destrucción de otro país miembro de la ONU (Israel); Hizbolá en el Líbano y los Hutíes en Yemen (organizaciones terroristas financiadas y apoyadas por Irán); lo que refuerza su carácter como organización armada dentro de un conflicto más amplio.
A esto se suma el control de Hamás sobre Gaza desde 2007 (territorio del cual Israel se retiró completamente en 2005 como parte de los acuerdos de Oslo con los palestinos), marcado por restricciones a libertades internas y represión de la disidencia, elementos incompatibles con un actor político convencional. Hamás se ha dedicado desde entonces a levantar y consolidar una infraestructura militar, lanzando más de 20.000 misiles a población israelí con el fin de cumplir sus objetivos. Ha recibido ingentes cantidades de ayuda internacional y dinero para construir y desarrollar un estado; pero lo ha invertido en potenciar la guerra y no la paz; lo cual llegó a su clímax el 7 de octubre de 2023 cuando hordas terroristas y civiles invadieron territorio israelí asesinando, mutilando y violando a más de 1.200 personas inocentes. Destrucción, no construcción en beneficio de su población.
En este contexto, preocupa ver cómo, en algunos espacios, la identidad —incluida la identidad judía— se utiliza como argumento de validación política. El judaísmo no es una herramienta para legitimar posturas ni una credencial para cerrar debates.
Cuando la identidad se instrumentaliza para sostener narrativas parciales o para relativizar hechos verificables, se desvía la discusión de lo esencial: el análisis basado en evidencia y principios.
Es comprensible que el conflicto palestino-israelí genere empatía. Pero el análisis serio no puede basarse únicamente en emociones. Requiere distinguir entre hechos, narrativa y propaganda.
Consideramos necesario hacer una reflexión clara y responsable sobre el uso del judaísmo en el debate público, en especial para personas como Mia Fink, quien instrumentaliza el uso de su supuesto judaísmo para provecho político y cuando mejor le convenga. El judaísmo no es una herramienta política ni un recurso retórico que pueda invocarse selectivamente para validar agendas ideológicas o activistas. Es una tradición milenaria, con valores éticos profundos, que promueve la dignidad humana, la responsabilidad colectiva y el respeto por la verdad.
Por ello, afirmar, como la hace la Srta. Fink, que Hamás no es una organización terrorista, no se sostiene frente a la evidencia histórica, jurídica y operativa. Señalarlo no es tomar partido ideológico, sino defender un principio básico: la verdad importa.
Invocamos y hacemos un llamado a quienes ocupan cargos de elección popular a que ponderen muy bien la elección de sus asesores, a lo cual pretende dedicarse Mía Fink en la nueva Asamblea constituida hace unos días atrás. La idoneidad para ocupar un puesto de responsabilidad y confianza debe estar precedida por el debido respaldo de las capacidades y experiencia comprobadas para ejercer un puesto que requiere equilibrio y objetividad, a pesar de su ideología política.
El debate público debe elevarse, no degradarse. Y eso exige responsabilidad, rigor y respeto por los hechos.