Hoy la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) realiza una serie de publicaciones pagadas en diferentes medios de comunicación para infundir temor entre la población y confundir a los tarjetahabientes, con relación al proyecto de ley No. 20.861 que propuse hace más de un año, el cual busca poner un tope a las tasas de interés. A todas luces la campaña que realiza el sector financiero del país es fuerte y se destaca en el lobby dentro de la Asamblea Legislativa.
Negamos que el expediente 20.861 sea una propuesta en contra de las tarjetas de crédito, por lo que viene a regular todo tipo de crédito y, lo más importante, define qué es usura. Actualmente, sin un tope el Poder Judicial no tienen instrumentos para aplicar el artículo 243 del Código Penal, por lo tanto, no pueden condenar a nadie, aun cuando ya existe el delito y se estén cobrado intereses de hasta un 167% anual sobre un crédito.
Dicha publicación demuestra la avaricia, temores y desesperación de quienes se aprovechan de la necesidad del pueblo.
Aquí es importante aclarar que LA LEY NO ES RETROACTIVA. Esto quiere decir que quienes tienen hoy un contrato por cualquier tipo de crédito, deberán mantener las condiciones. Además, la pregunta no debe ser como la plantea la ABC: “¿Qué pasa si le cierran la tarjeta de crédito?” La pregunta que debemos hacernos es ¿cuántas personas pobres cuentan con tarjeta de crédito o margen de crédito?
El argumento de la exclusión financiera es absolutamente FALSO. Y quienes mantienen esa posición, en el fondo desean mantener un mercado cautivo con el propósito de seguir explotándolo, al tiempo que aumentan su riqueza con injusticia.
Hoy cientos de costarricenses están excluidos financieramente luego de adquirir préstamos de fácil tramitación, pero con intereses altos, a los que no pueden hacerles frente y quedan con su récord de crédito manchado y, por lo tanto, excluidos de la banca formal, con procesos judiciales abiertos, que pesan aún más sobre su crítica condición financiera y en un ambiente de esclavitud. Son lanzados a la informalidad, donde se les cobra intereses aún más altos y donde la garantía se traduce en amenazas de violencia a su persona y a su familia. Sin embargo, la ley no puede defenderlos de quienes se aprovechan de su necesidad, pues no existe un tope a los intereses que determine qué es usura, por lo que se ven desamparados por el Estado.
Al contrario de lo manifestado por la ABC, este proyecto de ley viene a generar mayor competencia en el mercado crediticio y abre la opción para nuevos mercados de negocio.
Debemos aprender de la experiencia vivida por Paraguay, donde se pasó de una tasa del 50% al 15% gracias a la intervención del Banco Central paraguayo, donde las cooperativas aprovecharon ese cambio para abarcar un mayor mercado, con mejores condiciones crediticias y tasas de interés favorables para una mayoría de las personas de menores ingresos.
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