San José, 11 jul (elmundo.cr) – En conferencia de prensa, este sábado, el ministro de Seguridad, Michael Soto, solicitó a las municipalidades regular la venta de licor en sus cantones.
Esta propuesta incurre en un grave error, ante lo que se puede o no ejecutar por parte de los Concejos Municipales dentro del marco legal existente.
La Ley Nº 9047 “Ley para la regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico” publicada el 8 de agosto de 2012 mediante el alcance nº 109 en el Diario Oficial La Gaceta Nº 152, establece:
ARTÍCULO 26.- Cada municipalidad tendrá la facultad de regular la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, *los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales*, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción.
Las municipalidades no pueden aplicar la llama “Ley seca” en otros momentos fuera de los ya establecidos, pues se exponen a sanciones legales de parte de los comercios que se sientan afectados.
“Como Gobiernos Locales nos regimos por el principio de legalidad, este quiere decir que como parte del Estado, podemos hacer únicamente aquello que la ley nos autorice, si hacemos algo en contra de lo establecido en el marco legal cometemos prevaricato lo que implica cárcel, perdida de credenciales y responsabilidad civil, en la Ley 9047 no se autoriza a las alcaldías ni a los Concejos Municipales a aplicar “Ley seca” en una situación como la que vivimos”, comentó Verny Valerio, alcalde de San Rafael.
Las municipalidades están comprometidas con la supervisión de espacios públicos en varios sentidos: para que se cumplan las restricciones de los mismos, que permanecen cerrados y además, fiscalizando que no se consuma licor en vía pública.
“No puede ser que este viernes estuvimos casi por tres horas, reunidos con el Gobierno hablando sobre las restricciones que aplicarán en las próximas dos semanas en el marco de la pandemia y hoy el Ministro nos sale con esta información, la cual confunde a la ciudadanía y expone a las Municipalidades, las cuales han trabajado duro y continúan atendiendo múltiples temas en el marco de la emergencia por COVID-19. Es importante que el Gobierno Central considere una coordinación más oportuna antes de anunciar públicamente esta clase de solicitudes que se salen de toda posibilidad legal”, indicó Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL.
